[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “No hay impunidad, quedó muy claro, como yo no prometí que iba ha dar el informe de la situación en que se recibieron las finanzas públicas, la administración. Y creo que fue muy objetivo y muy contundente [el Secretario de Finanzas], y creo que quedó claro ese compromiso cumplido, bueno, está en proceso como ahí mismo se señala muchas observaciones, procedimientos administrativos y todo lo que se ahí surja y las nuevas auditorías que están haciéndose por parte de las instancias federales pues nosotros vamos a dar toda la facilitación para que se aplique la Ley” (el priista Quirino Ordaz Coppel, actual Gobernador de Sinaloa, al hablar sobre “Malova”, en entrevista con Noroeste tras encabezar el evento de entrega de escrituras en Agüita Caliente, Concordia, el 22 de febrero de 2017).
EL HECHO: Desde el año pasado, cuando aún era candidato a la gubernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel prometió que no toleraría ni la corrupción ni la impunidad. Este año, en diversas ocasiones, lo ha sostenido: no hay impunidad en el caso de la cuenta pública de la administración de su antecesor, el ex Gobernador y ex priista Mario López Valdez (“Malova”). No hay un pacto de impunidad entre su gobierno y el de Malova (2011 a 2016). Sin embargo, López Valdez es investigado por una sarta de irregularidades cometidas durante su gestión, que dejaron una deuda reconocida de 13 mil 130 millones de pesos (con pasivos sin fuente de pago), según refiere el Informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibe el Gobierno del Estado (2017), presentado por Carlos Ortega Carricarte, actual secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. A pesar de las irregularidades, al día de hoy, la Auditoría Superior del Estado (ASE) no cuenta con un proceso de investigación en contra de Malova. Y de acuerdo con la propia auditora del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, sólo se mantiene bajo observación a las secretarías y sus responsables -sobre todo la Secretaría de Administración y Finanzas, los Servicios de Salud y la Dirección de Financiamiento y Protección Social del estado-.
Para #DichosyHechos, no queda claro qué es lo que está haciendo la administración de Quirino Ordaz Coppel para que “se aplique la Ley” y se resuelvan las irregularidades que dejó la administración de Mario López Valdez. A continuación los hechos.
· Mucho ruido y pocas nueces: Hasta la fecha, la ASE ha presentado 93 denuncias ante la Fiscalía General del estado, mismas que corresponden a los años de ejercicio comprendidos entre 2013 y 2016. Hace un mes, en el marco de la conferencia de Patricia Galeana sobre la inclusión de las mujeres en la política en México, la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, comentó que sí hay elementos para presentar denuncias en contra de Malova por irregularidades en la cuenta pública. Sin embargo, dijo, “estoy realizando ahorita la investigación del segundo semestre del 2016 y de acuerdo a los resultados que se tengan estén seguros de que la ley se va a aplicar, sea el funcionario que sea”.
· Investigan pero no procesan: Desde agosto del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó en lo penal a Malova por simular el reintegro de 135.6 millones de pesos. Eso quiere decir que el ex Gobernador fue denunciado por intentar disfrazar algunas irregularidades. Según la ASF, el mecanismo de simulación consistía en depositar el monto cuestionado en una cuanta de banco, para luego darle parte a la Auditoría. Una vez que la autoridad corroboraba el paradero del dinero (“desaparecido”), la administración de Malova retiraban los fondos. Entonces el dinero sí desaparecía. Asimismo, en marzo de 2016, la ASF reportó haber promovido ocho denuncias de hechos en contra del Gobierno de Sinaloa ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío, simulación y aplicación irregular de 646 millones 536 mil 52 pesos, entre 2008 y 2012, provenientes de fondos federales. Curioso, estas denuncias incluyen al antecesor de Malova, el ex Gobernador priista Jesús Padilla Aguilar (2005 a 2010), de quien Quirino Ordaz Coppel fuera secretario particular (2005), luego Subsecretario de Administración (2005 a 2009), y después titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa (2009 a 2010). Padilla ha sido señalado por el posible desvío de 201 millones 625 mil 006 pesos -dinero bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, los Servicios de Salud y la Dirección de Financiamiento y Protección Social del estado-. A pesar de las indagatorias de la PGR, hasta ahora, ningún funcionario de la administración de Malova ha sido acusado penalmente -ni siquiera por simulación de devoluciones-.
· Impunidad en Sinaloa: Quirino Ordaz Coppel ha dicho que en Sinaloa no habrá “cacería de brujas”, y pese al cúmulo de irregularidades legadas por la administración de Mario López Valdez (Malova), el actual gobierno descarta investigar al ex mandatario o a sus ex funcionarios, bajo el alegato de que el gobierno de Coppel se apegará a los procesos que realizan la ASE y la ASF -que a diferencia del gobierno local, sólo pueden concentrarse en indagar casos específicos y no en analizar la totalidad de los recursos públicos-, como anunciara Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas local. Sinaloa no cuenta con una Fiscalía Anticorrupción, pero de acuerdo con el Artículo 8 del reglamento interno de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), el Ejecutivo, a través de la STRC, está facultado para ordenar investigaciones; iniciar, tramitar y resolver procedimientos de sanción; y denunciar penalmente las irregularidades detectadas. Además, este tipo de facultades le son otorgadas a través de la Constitución Política de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa. Más allá de los procesos que lleven las auditorías local y federal, la administración de Coppel ya podría haber iniciado su propia investigación y presentar sus propias denuncias. No parece que eso vaya a suceder.
· El paso de la corrupción: “Sí había corrupción, no lo podemos negar”, dijo este año Juan Pablo Yamuna, ex titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas durante la administración de Malova, en entrevista con Noroeste. De acuerdo con José Guadalupe Medina Romero, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, los desvíos de recursos públicos a nivel nacional, por lo general, conllevan la persecución de delitos como lo son el ejercicio indebido del servicio público y el peculado. En ese sentido, bastaría con que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y la PGR investigaran las cuentas bancarias y los bienes patrimoniales (inmobiliarios) de los ex funcionarios de Mario López Valdez para destapar posibles casos de corrupción. Así los casos de Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud de Sinaloa, investigado por uso indebido de recursos (el sector salud quedó con un pasivo de 1 mil 528 millones de pesos); Francisco Castillo Herns, otrora subsecretario de ganadería, señalado por enriquecimiento inexplicable; Juan Nicasio Guerra Ochoa, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, señalado por el posible daño a las arcas federales y estatales por un monto de 80 millones 845 mil 155 pesos, a través del Fondo para el Fomento Agropecuario de Sinaloa; José Luis López Montiel, otrora titular de la Unidad de Inversiones; José Luis Sevilla Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Alberto Gerardo Medrano Contreras, director de Gestión y Administración Urbana; Alfredo Reyes Garzón, director de Programación y Coordinación; Alvaro Millán Peraza, jefe del Departamento de Normatividad Urbana; Ariel López Angulo, jefe del Departamento de Normatividad de Obra; Armando Trujillo Sicairos, jefe del Departamento Concursos y Contratos, todos investigados por la presunta adjudicación ilegal de la obra pública de Sinaloa. O Gerardo Vargas Landeros, ex secretario General de Gobierno de Malova, señalado junto con Víctor Manuel Lugo García, comisariado del Ejido Ahome Independencia, por privar de sus tierras a los ejidatarios del municipio de Ahome.
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¿Verdad o mentira? MENTIRA. En Sinaloa persiste la impunidad. Los datos recabados sugieren que la administración de Quirino Ordaz Coppel está demorando la investigación, al no ejercer sus facultades y dejar la carga a la ASE y a la ASF. Aunque #DichosyHechos no pueda negar que se vaya a “aplicar la Ley”, lo cierto es que desde el año pasado, las autoridades tienen pistas para perseguir a los ex funcionarios señalados por irregularidades. Sin embargo, al día de hoy, ninguno ha caído.
