La Fiscalía de Nuevo León no está conforme con la decisión del juez que determinó que el proceso penal abierto contra el ex Gobernador, Rodrigo Medina sea delito de ejercicio indebido de funciones y no por los de peculado y daño al erario público, por lo que impugnará la vinculación a proceso.
Ciudad de México 10 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de Nuevo León buscará impugnar la decisión del juez e insistirá en que el proceso penal en contra del ex Gobernador, Rodrigo Medina sea por los delitos de peculado y daño al erario público.
En un comunicado de prensa, el poder ejecutivo de Nuevo León informó que la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno Ciudadano impugnará la decisión del Juez de Control Jaime Garza Castañeda, porque vinculó al ex Gobernador sólo por el delito de ejercicio indebido de funciones y no por los de peculado y daño al erario público.
La Subprocuraduría ya trabaja recabar más pruebas con la intención de revertir la no vinculación emitida por el juez en turno, según indicó Subprocurador Ernesto Canales.
“Quiero precisar que en el caso de los otros dos delitos que pretendía imputar la Fiscalía, si bien no fueron aceptados para vinculación, quiero resaltar que no se trata de una decisión definitiva” consideró el subprocurador.
La importancia de que vinculen a proceso al ex mandatario por los delitos de peculado y daño al erario público es principalmente por la pena que tienen los delitos,
“A la Fiscalía con esta decisión del Juez se le abren dos oportunidades: una, impugnarla a través de la apelación, algún recurso de este tipo que lo estamos analizando para tratar de revertirla. “ abundó.
Conforme Código Penal del Estado, el delito de ejercicio indebido de funciones es patrimonial de tipo grave. “Esto significa que los 3 mil 600 millones de pesos están involucrados directamente con el ejercicio indebido”, recalcó. “No es un tema menor el ejercicio indebido de funciones, es un tema muy serio y si yo fuera Rodrigo Medina no me estaría riendo” ,
La Fiscalía buscará que se acredite el ejercicio indebido al acusar que otorgaron contratos y exenciones de impuestos en forma incorrecta y causando daño patrimonial.
