México, 10 Sep (Notimex).- Senadores y presidentes de colegios de abogados coincidieron en la necesidad de construir un marco legislativo para certificar y colegiar a los juristas, a fin de garantizar su profesionalización.

Al concluir las audiencias públicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, indicaron que se trata de proteger el fortalecimiento del Estado de derecho, el patrimonio, la libertad y seguridad jurídica de las personas.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, señaló que el objetivo principal de impulsar una reforma para la regulación de los servicios profesionales es la existencia y prevalencia del Estado de derecho.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, advirtió que existe una amplia demanda de la sociedad para acceder a las instituciones de educación superior, por lo que muchas “instituciones fraudulentas” engañan a sus alumnos.

Encinas Rodríguez explicó que ese tipo de escuelas no establecen contenidos y calidad en la curricula académica para garantizar el buen ejercicio de la profesión.

Planteó la necesidad de legislar en esta materia, a fin de establecer las medidas necesarias para que el acceso a las instituciones de educación superior sea bajo requisitos “leales”, y los egresados de licenciaturas o posgrados de derecho sean supervisados y que las autorizaciones garanticen la buena calidad del contenido educativo.

El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ricardo Ríos Ferrer, opinó que en México no se ha generado el acceso a servicios legales cualificados, por lo que se debe establecer una salvaguarda esencial para proteger la independencia de los colegios de abogados.

Todo ello, opinó, es indispensable para respaldar a sus agremiados en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos.

En la actualidad existen cada vez más individuos que, a pesar de que carecen de una cédula profesional para ejercer la abogacía, prestan sus servicios legales.

De ahí que planteó la necesidad de insertar la colegiación y certificación obligatorias que contribuyan al beneficio de todos los consumidores de esa actividad, al fortalecimiento del Estado de derecho y al desarrollo económico de México.

En tanto, el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Alfonso Pérez-Cuellar Martínez, aseguró que la colegiación obligatoria escribirá un nuevo y fundamental capítulo para la abogacía y la vigencia del Estado de derecho en México.

Puntualizó que “la calidad de los servicios profesionales del derecho tienen como principal destinatario a los ciudadanos”.

El reclamo para contar con mejores servicios legales no puede ser ignorado, la sociedad exige abogados ética y técnicamente regulados, y la colegiación es una medida decisiva para ello, a fin de brindar un pleno acceso a la justicia, puntualizó.

El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México, Juan Francisco Alcaraz García, expresó que la colegiación y la certificación deben aprobarse bajo los principios democráticos de autorregulación y autocontrol.

Abundó que los propios abogados deben ser quienes marquen los límites en su actuación profesional a partir de códigos de ética, que controlen y sancionen sus actividades a través de un marco normativo que permita su reconocimiento por el Estado mexicano.

Propuso la creación de una Ley General de Profesiones, Colegiación y Certificación que incluya requisitos estrictos a particulares que pretendan impartir educación profesional.

Alcaraz García indicó que dicha ley debe contar con reglas y estándares claros sobre quienes estarán facultados por el Estado para colegiar y certificar, “porque este tema es un punto fundamental que regula uno de los derechos esenciales”.

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Ricardo Cervantes Vargas, consideró que la reforma constitucional que se plantea logra el objetivo de beneficiar a la sociedad, al evitar que existan servicios profesionales deficientes.

Explicó que de esa manera se evita también que afecten el patrimonio, la libertad o la seguridad jurídica de las personas. El bien común siempre debe estar por encima del bien individual, estableció.

La certificación y colegiación de los profesionales del derecho no es “la cura mágica” al problema, pero sí una herramienta importante para revertir las deficiencias en esta rama, toda vez que el país vive un momento histórico para dotar al país de algunos mecanismos que permitan mejorar el acceso a una adecuada justicia para la sociedad.

De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Elías Huerta Psihas, afirmó que la reforma que pretende regular los servicios legales debe asegurar a la población el derecho a una tutela judicial efectiva.

Asimismo, se busca promover la prestación de servicios jurídicos con calidad profesional y elevado sentido ético, cumpliendo en todo momento, con la transparencia y rendición de cuentas.

Manifestó que la regulación no es un asunto aislado, pues ello integra tres vértices: el proceso educativo de la formación de los abogados, la regulación de la prestación de sus servicios y el acceso a una eficaz y efectiva impartición de justicia para la sociedad.