Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Diputados federales denunciaron que la industria refresquera ha intensificado las presiones en su contra para evitar que se apruebe el impuesto a las bebidas azucaradas. La presión es verbal, discreta pero sistemática, de acuerdo con varios de ellos. Los despachos de cabilderos, de acuerdo con las denuncias, operan dentro de la Cámara de Diputados.

Los métodos usados para presionar son muchos, de acuerdo con los mismos legisladores. Las agencias de “cabilderos” contratadas por la industria los llaman día y noche; les hacen ofrecimientos en especie e incluso han llegado a mentir, difundiendo información falsa.

Uno de los diputados que ha alzado la voz sobre este tema es el perredista Fernando Zárate, precisamente el proponente de una iniciativa para establecer en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se grace no sólo con uno, sino dos pesos cada litro de refresco.

“Sí conozco a varios diputados a los que han presionado. Se han reunido con ellos, los han presionado o, en el menor de los casos, [han querido] convencerlos con este tipo de sofismas de que ‘se va a ir la inversión de México’, que ‘ya no comprarán azúcares nacionales’ y que ‘se acabará el empleo’”, denunció el Diputado Zárate.

El legislador perredista mencionó que entre los despachos que han ejercido presión se encuentran Políticas Públicas SC, Grupo de Estrategia Política, Safi Consultores y Con México. Una de ellas es la más activa, dijo; se ha registrado para hacerse presente entre los legisladores federales.

“Hay una consultoría que se apellida Safi que me manda mensajes a través de distintos diputados. Hoy me lo mandó a través del Diputado (Agustín) Barrios Gómez. No han querido venir directamente a tratar el tema”, apuntó el perredista Fernando Zárate.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, sugirió que existían fuertes presiones para los legisladores, no sólo por parte de los cabilderos de la industria refresquera, sino de otros sectores productivos.

“Le puedo asegurar que están en una intensidad impresionante los cabilderos, invitando a los diputados a que modifiquen la Ley de Ingresos en distintas materias, están desde los cabilderos de bebidas y alimentos hasta los cabilderos de colegios particulares, los grandes empresarios ofreciendo de todo, desde las próximas peleas de box en ring side, hasta el próximo partido de futbol americano en primeras filas o carreras de automóviles, o apoyos económicos para sus carreras políticas. Eso siempre sucede”, reconoció el líder parlamentario de izquierda.

Otros diputados señalaron que han recibido llamadas telefónicas de los representantes de la iniciativa privada, correos electrónicos o de manera directa para ofrecer servicios a fin de que los legisladores se sientan comprometidos.

Esta situación no es considerada por muchos como ilegal, sino como “parte del juego político y parlamentario”.

“Por eso es que nosotros insistimos en regular el cabildeo. Actualmente está un dictamen que se le dio publicidad para discutirse y aprobarse, que se aprobó de forma unánime en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y tiene que ver con la presencia de cabilderos, los cuales en México no tienen límites. Se confabulan con diputados sin escrúpulos a los que se deja siempre al borde de las decisiones y a quienes se les somete en sus decisiones”, aseguró Monreal.

INFORMACIÓN FALSA

Otra forma de presión, se presentó el pasado martes 8 de octubre, cuando una agencia que representa a la industria refresquera, presuntamente filtró a medios de comunicación un dictamen supuestamente avalado por la Comisión de Economía de San Lázaro, mediante el cual rechazaba el impuesto a las bebidas azucaradas.

El mismo día que el priista Manlio Fabio Beltrones anunció una serie de cambios a la propuesta de Reforma Hacendaria, que incluían dejar de lado el IVA a colegiaturas y vivienda, se circuló a distintas redacciones la versión de que la Comisión de Economía había votado en sentido negativo el dictamen para incluir el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos.

Lógicamente la situación causó revuelo entre los reporteros que cubren diariamente las actividades de la Cámara de Diputados, hasta que la propia Comisión desmintió la versión apócrifa.

El columnista Enrique Galván Ochoa, del periódico La Jornada, describió así el hecho:

“Ramón Castellot, de la agencia de relaciones públicas Grupo Ventura, hizo llegar a esta sección un comunicado en el que dice que la Comisión de Economía ya había rechazado el impuesto. Una falacia. La comisión tuvo una reunión, pero no abordó el tema porque no es de su competencia, sino de la Comisión de Hacienda”.

LA QUIEBRA

El pasado 2 de octubre, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, Secretario General de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC) se presentó a una audiencia pública, organizada por la Comisión de Hacienda, donde advirtió a los legisladores que aprobar el impuesto al refresco llevaría a la quiebra a decenas de miles de tienditas.

Calificó la reforma al IPES para gravar con un peso por cada litro de refresco como un impuesto “duro para el pueblo” que golpeará directamente el bolsillo de tres de cuatro mexicanos.

Destacó que el impuesto al refresco significaría una caída de hasta 40 por ciento en las ventas directas en un millón de misceláneas, así como pérdidas económicas al 70 por ciento de cuatro millones de pequeños comercios.

Por su parte, en el mismo encuentro Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió “no satanizar” a la industria refresquera y alertó que el incremento de precios implica el riesgo de que los consumidores sustituyan el refresco por otras bebidas más dañinas.

LA POLÉMICA

En conferencia de prensa el 8 de octubre, el Diputado priista Manlio Fabio Beltrones recalcó que la Reforma hacendaria es dictaminada por los legisladores, al interior de San Lázaro, y que en la elaboración del dictamen no participa ni la Secretaría de Hacienda ni el sector empresarial.

Por el contrario, el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, advirtió que hay empresarios que presionan al gobierno federal y al Congreso porque se niegan a pagar los impuestos que les corresponden y a perder las multimillonarias ganancias que les significan los regímenes especiales.

Alonso Raya recordó que entre estos empresarios se encuentran propietarios o accionistas de los más de 400 corporativos que de 2000 a 2011, dejaron de pagar al fisco un billón 641 mil 400 millones de pesos por concepto de  devoluciones de impuestos y subsidios, de acuerdo con datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Añadió que la demanda principal de los empresarios que se aumenten los impuestos al consumo, porque con este concepto ellos no pagan nada, lo derivan de lo que paga el consumidor.

Desde otra arista, Javier Treviño, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó que los encuentros con distintos sectores productivos, representen presiones externas para los integrantes de la Comisión de Hacienda.

“Hemos estado conversando con todos los representantes de la industria, además tuvimos el proceso de audiencias. Es un proceso de información, en el cual cada quien hace sus propuestas y la hace de la manera que mejor le convenga  a sus intereses, nosotros, sobre todo en este proceso ordenado de audiencias, lo que hemos hecho es recibir a todos los grupos, a las organizaciones, escuchar a todo mundo”, indicó el legislador priista, Secretario de la Comisión de Economía.

El Diputado perredista Fernando Zárate -quien denunció en primera instancia la presión externa-, consideró que las empresas están en su derecho de contratar a cabilderos para defender sus intereses, sin embargo, reprochó que las empresas prioricen sus propios intereses antes que el bien común.

“Ellos se manejan en el ámbito de libertad del ciudadano, todo lo que no está prohibido está permitido y esto implica entrevistas, pláticas, información a los diputados. Yo creo que ese es un amplio tema que debemos de revisar, sobre todo para que cualquier encuentro esté documentado, principalmente ante la opinión pública”, recalcó.

Por lo pronto, sigue “congelado” el dictamen para regular la práctica del cabildeo, al interior del palacio legislativo de San Lázaro.