Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo/Pulso).– La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí impuso al ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga una sanción económica por 7 mil 791.3 millones de pesos y una inhabilitación para ocupar cargos públicos en los próximos 20 años al considerar que el panista incurrió en el desvío de recursos públicos, concretamente, el crédito de mil 500 millones de pesos que tramitó al término de su gestión.
De los Santos Fraga, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), gobernó la entidad del 26 de septiembre de 2003 al 25 de septiembre de 2009.
La resolución anterior aparece en el expediente RESP-057/2011, y fue emitida el 25 de septiembre pasado. Los abogados defensores del ex mandatario estatal fueron notificados al día siguiente.
El litigio data desde finales de 2011 y se demoró debido a que en el transcurso de su desahogo, el ex Gobernador tramitó diversos incidentes, recursos y amparos impugnando el procedimiento y la presunta falta de competencia de la CGE para evitar la imposición de sanciones.
Pero la justicia federal falló en su contra en todas sus impugnaciones.
Al desaparecer los impedimentos legales para emitir un fallo, la CGE determinó imponer una multa económica por siete mil 791.3 millones de pesos, equivalentes a tres veces el monto del daño patrimonial que la dependencia calculó al estado, que fue de 2 mil 597.1 millones.
Esta suma se compone de los mil 500 millones de pesos del propio crédito, más mil 097.1 millones de pesos por concepto de intereses causados, según una proyección, entre agosto de 2013 y el término del crédito, que será en agosto de 2029.
El argumento legal de esta sanción son los artículos 75 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por otra parte, el plazo de la inhabilitación se definió con base en el Artículo 79 de la mencionada ley. Al ser el monto de la sanción económica mayor a 200 veces el monto del salario mínimo vigente en la entidad, el apartado permite una inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público hasta por 20 años.
La CGE consideró que el contador no desvirtuó las imputaciones que se le hicieron de que destinó el crédito a fines distintos al de la inversión pública, que autorizó el Congreso.
En su defensa, el contador señaló que el Estado no contaba con ingresos propios suficientes para cumplir con sus obligaciones, además de que hubo una baja en las participaciones federales de 2009.
La Contraloría dio por hecho que el ex mandatario aceptó, al señalar que el Congreso sabía, al aprobar el crédito, de la emergencia financiera de la entidad, que el destino del crédito fue para mantener en funcionamiento a la administración; es decir, gasto corriente, y no inversión productiva. Lo que, para la CGE, se tradujo en desvío de fondos.
El ex Gobernador tendría la oportunidad de impugnar el fallo ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA).
