La mayoría de los grupos radiofónicos nació y creció bajo la tutela de los gobiernos emanados del PRI, sobre todo desde los años cuarenta. Foto: Twitter @LeonardoCurzio

Hasta ahora parece existir un consenso general, incluso entre los directamente involucrados: la salida de Leonardo Curzio, así como de María Amparo Casar y Ricardo Raphael, de NRM Comunicaciones, no fue por un “recorte” o “ajuste” de personal en la empresa o que el espacio en el que participaban (“La tertulia”) no haya sido rentable, sino un acto de censura.

¿De dónde provino la orden o sugerencia? No se sabe y quizás nunca lo sepamos. Es más, cabe la hipótesis que ni siquiera se haya solicitado la cabeza de alguien en específico. En las reglas no escritas de la industria de la radiodifusión y el poder político no hace falta ser explícito. El empresario radiofónico suele tomar una decisión basado en su intuición y lo que se pone en juego si genera la molestia del funcionario público, del líder partidista o del mismo Presidente de la República por algo que se dijo o se diga cotidianamente en algún programa.

Edilberto Huesca habría actuado como lo hizo Guillermo Salas Peyró cuando decidió despedir al maestro Miguel Ángel Granados Chapa en 1993, también del NRM. La empresa, entonces en manos de la familia Salas y que tenía entre sus socios a un destacado priista, Luis M. Farías, explicó que el noticiario que conducía Granados Chapa tenía audiencias bajas. No obstante, la decisión de sacarlo del aire vino luego de la amenaza de revocar la concesión de la XEPH-AM, entonces X’Press Radio, por transmitir en inglés sin autorización de la Secretaría de Gobernación. El procedimiento de quitarle la frecuencia se originó, casualmente, después de que el periodista entrevistara al entonces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas. Así que no hizo falta decirle a Salas que Granados Chapa era una figura molesta en la radio. El radiodifusor entendió el mensaje y actuó.

La historia de la censura directa e indirecta en la radio está plagada de hechos similares en la era del partido único y aún durante los gobiernos panistas. La salida o despido de periodistas como José Gutiérrez Vivó, Pepe Cárdenas, Carlos Puig, Enrique Quintana, Ramsés Ancira, Rubén González Luengas, Francisco Huerta, Pedro Ferriz de Con y muchos más se concretó a partir de un episodio editorial que enfureció a algún político o funcionario, pero los radiodifusores han asumido en general los costos de su decisión bajo argumentos endebles, como el utilizado por Huesca.

En 2011, Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, despidió a la periodista Carmen Aristegui porque supuestamente violó el código de ética (no difundir rumores) al hacer comentarios sobre un probable alcoholismo del ex Presidente Calderón. Meses después de ese mismo año, el empresario reveló públicamente que detrás del despido de la periodista y la presión para que no la recontratara estuvieron involucrados diversos funcionarios públicos. A diferencia de la mayoría de sus colegas, Vargas no guardó silencio, aunque lo motivó la decisión del gobierno calderonista de no prorrogar sus concesiones en la banda 2.5 GHz. Sin este último elemento, quizás nos habríamos quedado con la versión que se trató de un diferendo ético entre empresa y periodista, y no por la presión gubernamental.

En 2015, Vargas volvió a expulsar a Carmen Aristegui de la radio. La misma periodista ha dicho que el origen fue el reportaje sobre la “casa blanca” del Presidente Peña Nieto. La empresa sostiene que no fue por presión del gobierno, sino por violaciones al contrato que tiene firmado con la periodista. La versión tampoco convence, pero la familia Vargas se ha sostenido en su posición por algún hecho que desconocemos. “Si un moderado pierde su trabajo por esto ¿qué va a pasar con los periodistas que investigan temas sensibles?”, se pregunta Leonardo Curzio en una entrevista a Homero Campa, publicada por revista Proceso de esta semana. Y tiene razón.

PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, TALÓN DE AQUILES

La mayoría de los radiodifusores en nuestro país actúa con lógica político-empresarial, aunque su credibilidad o los derechos de las audiencias se vayan al desagüe. La publicidad que les otorgan los gobiernos federal, estatal o municipal es en muchas ocasiones fundamental para la sobrevivencia de sus estaciones. Por eso, es de alguna manera sencillo para burócratas de las oficinas de comunicación social lograr que en noticiarios radiofónicos haya un tratamiento favorable o al menos “amable” hacia los altos funcionarios públicos o la dependencia de la que cuidan su imagen.

Para no ir más lejos, en el mismo noticiario de Curzio, en el resumen de las ocho de la mañana, no faltaba la nota informativa sobre Eruviel Ávila, entonces Gobernador del Estado de México. En muchas ocasiones no se justificaba periodísticamente la presencia del político mexiquense, pero era una pieza que debía transmitirse, con apoyo de audio. Su gobierno era buen cliente de NRM Comunicaciones, como lo es el gobierno federal. Otras coberturas de ese y otros grupos radiofónicos tampoco podrían explicarse sin ese factor comercial.

Con la publicidad gubernamental se puede premiar o castigar. También se pueden pedir cabezas y convertir de igual manera a los empresarios radiofónicos en víctimas. Por eso, como ayer lo escribieron Curzio y Ricardo Raphael, es imprescindible regular los recursos públicos que se destinan a la difusión de los quehaceres del gobierno, con el fin de impedir que las asignaciones se hagan bajo criterios discrecionales, que inciden en las líneas editoriales de los medios de comunicación o repercuten en el despido de periodistas o analistas críticos.

Peña Nieto, también se ha recordado estos días, prometió regular dicha publicidad. No lo ha hecho y seguramente no lo hará en lo que resta de su administración porque sabe que es uno de los instrumentos eficaces para mantener a raya a una buena cantidad de medios de comunicación. Tampoco lo hará porque la reforma constitucional en telecomunicaciones le quitó al gobierno federal otro brazo muy eficaz para controlar a la radio y la televisión: el otorgamiento, prórroga o revocación de frecuencias. Esta atribución quedó en manos del órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero sin el sesgo político que caracterizó durante décadas la entrega y refrendo de concesiones.

RADIODIFUSORES PRIISTAS

A expensas de regresar al tema, debe agregarse otro factor: la mayoría de los grupos radiofónicos nació y creció bajo la tutela de los gobiernos emanados del PRI, sobre todo desde los años cuarenta. Su consolidación se debe en mucho al espaldarazo, al apoyo de funcionarios públicos… priistas. Como lo ha documentado el maestro Fernando Mejía Barquera en sus investigaciones sobre la industria de la radio y la televisión, hay radiodifusores que han entrado a la política, generalmente arropados por el PRI, y políticos del mismo partido que han ingresado a los medios electrónicos. Esta relación no sólo ha sido política y empresarial, sino que se ha extendido a lo familiar (matrimonios, compadrazgos, etc.). La censura de periodistas o comentaristas críticos del PRI o de sus aliados también se ha hecho por convicción política y quizás hasta por agradecimiento hacia un sistema presidencialista o un partido que les ha dado tanto. De ahí que la entrada de nuevos jugadores en la radio comercial, alejados de esos intereses, es impostergable para la anhelada democracia, así como para la pluralidad, la diversidad y el respeto de los derechos de las audiencias en la radiodifusión.

 

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