Expertos internacionales en transparencia coincidieron en que la participación de la sociedad civil y la educación ayudan a combatir la corrupción antes que los sistemas gubernamentales. Aseguraron que el hecho de que la clase Gobernante incurra en la práctica de ese cáncer motiva a que la parte de la sociedad que no no lo hace se pregunte “¿por qué no serlo?”.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- De acuerdo con las experiencias internacionales, el combate a la corrupción no inicia con la implementación de un sistema anticorrupción, sino con la participación de la clase que es excluida, justamente, del sistema corrupto.
Para investigadores en el tema, el problema de los países es que esa lucha recae sólo en la efectividad de las instituciones, los funcionarios y los sistemas de rendición de cuentas, cuando el problema está en el sistema político y electoral.
Durante el “Seminario Internacional Desigualdad y Corrupción. El Estado bajo captura”, investigadores internacionales coincidieron en que la corrupción tiene un efecto directo en el crecimiento económico de los países, sea cual sea su nivel de desarrollo, por lo que a más corrupción, mayor pobreza y exclusión, lo que crea todo un grupo poblacional que no participa en el combate a estas prácticas.
Para el investigador de la Red Jurídica de España, Ignacio Trillo, la lucha contra la corrupción es excluyente porque las soluciones vienen de arriba hacia abajo, es decir, de quienes ejercen la corrupción y de los que son
corruptores, lo que genera un efecto inmediato de desigualdad política.
“Las capas sociales más humildes reciben menos prestaciones. Los pobres no sólo tienen que pagar más, sino que los servicios que reciben son de menor calidad, en parte porque la corrupción frena a las empresas que brindan las prestaciones a esa clase […]. Entonces se deben tratar los efectos que produce la corrupción en ese grupo, el más vulnerable”, comentó.
José Antonio Alonso, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, apuntó que la corrupción es un mal arreglo institucional, en el que no es suficiente resolver casos, sino revisar el marco institucional que los propicia porque afecta las posibilidades de desarrollo de las personas.
“A mayor corrupción, menor desarrollo y una mala calidad institucional que crea una mala redistribución de la riqueza. La educación también influye; una sociedad más educada también es más exigente con sus instituciones y ahí están los índices que señalan que los países más igualitarios tienen menos niveles de corrupción”, dijo,
Agregó que se puede dar por hecho que la corrupción existe en todos lados, pero el problema está en los niveles donde ésta se desarrolla y la impunidad, porque llega un momento en que una parte de la sociedad es constantemente corrupta y los que no, se empiezan a preguntar, “¿por qué no serlo?”.
La investigadora Florencia Guerzovich, del Global Partnership foro Social Accountability, explicó que de acuerdo con la experiencia brasileña, la lucha contra la corrupción necesita de la coordinación de varios sectores y requiere de inteligencia colectiva.
Sobre la participación de la sociedad civil en los instrumentos de combate a la corrupción, habló que el éxito ha radicado en que la lucha la ha iniciado la ciudadanía y no un sistema de transparencia, ya que en ocasiones se cree que con tan solo monitorear las compras municipales ya se combate a la corrupción. En el caso de México, agregó, no ha sido así y se ha esperado a la instauración de un sistema anticorrupción.
“La lucha la llevan grupos pequeños de sociedad civil, junto a algunos académicos. Aportan la metodología, consiguen una buena cantidad de dinero e intentan aplicar su manual. Pero no logran nada, ya que no se acoplan al contexto y no avanzan. Luego ya no se puede cambiar la estrategia.
Por su parte, Paul Lagunes, investigador de la Universidad de Columbia, criticó que el Estado sólo otorga un papel participativo a los ciudadanos en época electoral, por lo que la equidad se debe evaluar en el periodo entre elecciones.
“La equidad de trato solo se promueve en días de elecciones. Un Estado corrupto es un estado sesgado, la captura del estado es típico en contextos desiguales, es decir, hay un pequeño grupo que puede decidir la política pública”, expuso.
LA PUERTA DE LOS DERECHOS HUMANOS
En el Seminario también estuvo presente Edgar Gutiérrez, investigador de la Universidad San Carlos de Guatemala y uno de los fundadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), famosa porque sus investigaciones llegaron a las más altas esferas y cayó un gobierno entero con el apoyo de las ciudadanía.
“Guatemala es conocida en el mundo porque no es un ejemplo de respeto a los derechos humanos. Vivimos 36 años de guerra civil”, dijo al iniciar su ponencia que se enfocó en el contexto en que la CICIG fue creada.
Luego de un periodo de 10 años en el que se luchó por mantener la paz, el desequilibrio llamó la atención de las élites y a la comunidad internacional. Vieron como el crimen se expandía y las fronteras se hacían porosas, lo que convirtió a Guatemala en una amenaza de violencia exponencial y de seguridad nacional de otros países.
“Las instituciones no sólo de seguridad, sino también de los negocios, estaban capturadas. Corríamos el riesgo de llegar a ser una estado fallido” comentó.
El Cicig en 2002 inició como una alarma de amenazas contra defensores y se elaboró un mecanismo independiente para dar respuestas a las amenazas.
El investigador concluyó que la lucha contra la corrupción, el mecanismo, entra por la puerta de derechos humanos.
“En 2003, si se hubiera entregado una propuesta contra la corrupción, no hubiera tenido éxito. El Cicig es único en el mundo. Se partió de los Derechos Humanos y se pensó como una comisión tripartita con fiscales e investigadores. Los planes de la Cicig eran como de una ONG, que dependía del financiamiento anual de los donantes. Empezamos a pedir personal calificado a otros países, prestados por un periodo. Así, se llegó cuando el Cancer ya hacía metástasis”, agregó.
Presidente, vicepresidenta y casi todo el gabinete. Eso concepto con luchas ciudadanas, incluido México -con expertos en lavado de dinero-.
Como experiencia para otros países, consideró que se llegó a pensar que la variable era una CICIG, pero duda de esa idea, “la CICIG se creó bajo ciertas circunstancias y funcionó, pero es importante elevar el debate internacional sobre cuáles son las mejores maneras de colaborar y fortalecer el combate a ciertos problemas. Estos sistemas no funcionan de la noche a la mañana. Se pensó que la CICIG era una semilla, pero es un modelo que difícilmente se debe reproducir”.
El investigador concluyó que la lucha contra la corrupción, el mecanismo, entra por la puerta de derechos humanos.
“En 2003, si se hubiera entregado una propuesta contra la corrupción, no hubiera tenido éxito. El Cicig es único en el mundo. Se partió de los Derechos Humanos y se pensó como una comisión tripartita con fiscales e investigadores. Los planes de la Cicig eran como de una ONG, que dependía del financiamiento anual de los donantes. Empezamos a pedir personal calificado a otros países, prestados por un periodo. Así, se llegó cuando el Cancer ya hacía metástasis”, agregó.
