Nashieli Ramírez Hernández llega ahora al cargo con el respaldo de más de un centenar de ONG’s y, lo más importante, sin compromisos visibles con la partidocracia. Foto: Cuartoscuro

Hace rato que los partidos políticos mexicanos han pervertido su misión, particularmente en los diferentes órganos legislativos. Ahí se reparten de manera descarada parcelas de poder, no para servir sino para medrar. La negociación se ha convertido en su práctica cotidiana, no para llegar a acuerdos en la elaboración de mejores leyes, sino para repartirse los cargos, las canonjías, el dinero. El botín pues. Un buen ejemplo, vergonzoso, es la rebatiña que se vive estos días en la Cámara de Diputados por la asignación de una “despedida” de 864 mil pesos extras a cada legislador federal en 2018, adicionales a sus dietas, comisiones, moches y canonjías cotidianas.

Por eso es importante, diría histórico, lo ocurrido esta semana en la Asamblea Legislativa capitalina con la designación de la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A diferencia de lo que había ocurrido prácticamente desde la creación de la CDH local, esta vez la sociedad civil obligó a los legisladores a acatar un mandato ciudadano en lugar de adoptar de nuevo acuerdos oscuros entre las fracciones parlamentarias para el nombramiento.

Esa fuerza emergente, abierta y pública, se opuso a una reelección “planchada” de la doctora Perla Gómez Gallardo, considerada absolutamente inviable por su desastroso desempeño, y evitó que algún partido impusiera a su candidato a cambio de otros puestos y cochupos.

La presión social forzó por primera vez a la Asamblea al consenso, no sin jaloneos, para lograr una votación unánime a favor del mejor calificado de los de los aspirantes, que resultó ser la doctora Nashieli Ramírez Hernández, activista social especializada en la defensa de los derechos de la infancia, coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social S.C. y ex consejera de la propia CDH.

La nueva ombudsperson ha participado en más de 60 investigaciones y estudios de diversas temáticas sociales y de derechos humanos. Destacan la integración de los informes alternativos de México ante la Convención de los Derechos de los Niños, y su correspondiente presentación y consulta ante el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU. Ella obtuvo la mejor calificación entre los candidatos analizados y entrevistados por la ALCDMX y obtuvo 98 de 100 puntos posibles.

Al margen de esos méritos evidentes, lo más importante en su caso es el proceso que se dio para llevarla a la presidencia del organismo encargado de velar por los derechos humanos de la capitalinos y cuya misión y autonomía se habían desvirtuado de manera grave durante la gestión de su antecesora.

El nombramiento de Perla Gómez Gallardo en 2013, hay que reconocerlo, causó grandes expectativas, sobre todo entre los involucrados en los temas de la defensa de la Libertad de Expresión, el Derecho a la Información y el ejercicio profesional de los periodistas.

Ella tenía buenos antecedentes, pero precisamente la forma como fue electa por acuerdo entre los partidos políticos en la ALDF –y con el apoyo del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera— condicionó desde un principio su actuación. Fue incapaz de mantener su independencia y cedió a los intereses políticos en casos de flagrantes violaciones a los derechos que debiera defender.

En particular en agresiones contra los comunicadores y violaciones probadas a la Libertad de Expresión, la ex ombudsperson fue omisa y selectiva, como acusaron periodistas y organizaciones como Artículo 19. En reiteradas ocasiones antepuso son compromisos partidarios a la defensa cabal de los agraviados.

Ante su posible reelección, como parecía ser la intención otra vez de las diferentes fracciones parlamentarias, no menos de 75 Organizaciones No Gubernamentales se manifestaron en contra, porque en sus tres años de gestión “ha existido un trato selectivo de casos, se ha alejado de las víctimas, se incrementó el personal sin experiencia y se despidió a los empleados de administraciones pasadas, y ha forzado la conclusión de casos con afectación a los derechos de las víctimas al concluirlos, sin elementos suficientes sólo para mejorar cifras”.

En una carta entregada a la directiva de la ALDF, por otro lado, 13 consejeros y ex consejeros de la propia CDHCDMX consideraron que es “inviable” un segundo periodo de Perla Gómez Gallardo como presidenta y pidieron a la Asamblea Legislativa convocar a instituciones y personalidades para proponer a un candidato o candidata que ayude a “recuperar el piso mínimo de credibilidad” del organismo.

Entre los firmantes de esa misiva estuvieron José Antonio Caballero Juárez, José Luis Caballero Ochoa, Miguel Concha Malo, Santiago Corcuera Cabezut, Denise Dresser Guerra, María de los Ángeles González Gamio, Clara Jusidman Rapoport, Nashieli Ramírez Hernández y José Woldenberg Karakowsky.

Nashieli Ramírez Hernández llega ahora al cargo con el respaldo de más de un centenar de ONG’s y, lo más importante, sin compromisos visibles con la partidocracia. Sus antecedentes la avalan como la persona idónea y preparada para asumir la enorme responsabilidad de hacer efectiva la defensa de los Derechos Humanos frente a las diversas instancias de poder. Su reto es el rescate de la autonomía de la CDH capitalina, lamentablemente menguada en los últimos años, y la recuperación de su vocación original y del vigor que siempre debió tener. Que deje de solapar por fin los abusos de políticos y funcionarios de todos los niveles y todos los colores. Válgame.

@fopinchetti