10 años de guerra | Con el beneficio de la duda que suele arropar a un recién llegado al poder, Presidente Enrique Peña Nieto quiso distanciarse de Felipe Calderón Hinojosa, su antecesor, y de la guerra contra el narcotráfico; también de los los 122 mil homicidios registrados en los seis años en los que el panista gobernó el país. Pasaron cuatro semanas después de la toma de posesión de Peña Nieto para que un nuevo discurso se impusiera en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El mandatario anunció los nuevos ejes en los que se basaría la seguridad nacional. El choque frontal contra los cárteles –que había sido la impronta del calderonismo– desapareció del discurso, destacan especialistas. Pero a cuatro años de Gobierno son limitados los avances en la depuración de las autoridades coludidas, en el crecimiento de las instituciones que lidian con el crimen y el desmantelamiento de los aparatos financieros del narcotráfico… y la guerra sigue.
SEXTA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Las seis líneas de acción que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó como la “nueva política de Estado por la Seguridad y la Justicia” omitieron mencionar una persecución del narcotráfico. Era la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad y previamente el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong reconocía de forma escueta que el crimen organizado era un factor que generaba la inseguridad.
Peña aseguró que la Gendarmería nacional cuidaría de los municipios y zonas estratégicas como aeropuertos, puertos y fronteras; así como prometía una transición en la que el Ejército cuidaría a la ciudadanía hasta que las policías estatales estuvieran capacitadas.
“Cambió el discurso [con Peña], empezó a modificar el lenguaje y las formas: ya no presentaban a los detenidos, ya no usaban los alias de las bandas criminales. Fueron cambios más cosméticos. Es decir, detrás de ellos persistía una política de Estado”, dijo el analista en seguridad Alejandro Hope.
Las acciones pronto destaparon que el Presidente Peña alineaba sus acciones con las de su antecesor, caracterizadas por buscar el choque frontal con los grupos del crimen organizado.
Del 2007 a agosto del presente año se han registrado 3 mil 847 agresiones contra elementos castrenses, en las cuales han caído abatidos 237 soldados y, por contraparte, 2 mil 959 presuntos agresores.
“Ha habido muchas líneas de continuidad. El uso de fuerzas armadas para la seguridad pública, el descabezamiento de grupos criminales, la relación de seguridad con los Estados Unidos. Pero hubo también cambios, como una supuesta mejor coordinación interagencial, al menos al inicio; una mejor prevención [social de la violencia], pero eso ya se acabó”, dijo Hope.
Entre diciembre de 2006 y el final de 2015 fueron asesinadas 186 mil 297 personas en el país, de los cuales 122 mil 462 fueron registrados en los seis años que Felipe Calderón Hinojosa fue Presidente, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Hope prevé, considerando los datos oficiales del Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), quePeña cerrará su sexenio con 15 o 20 mil muertos más que Calderón.
De la misma manera que el panista envío a las fuerzas armadas a Michoacán en diciembre del 2006, Peña Nieto decidió librar su propia batalla en ese estado.
El 15 de enero del 2014, el Gobierno federal emitió el decreto para la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en ese estado, donde operaban en ese momento el Cártel de la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y los Caballeros Templarios.
“El Presidente no tenía por qué seguir los pasos de Calderón, ni por qué hacer un golpe de timón… Lo que sí tenía que hacer era reconocer la evidencia del desastre de la guerra. Particularmente, el costo humano”, dijo Ernesto López Portillo, director fundador del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde).
En el 2013, Michoacán reportó 902 averiguaciones previas por homicidio doloso, un aumento del 19.5 por ciento con relación al 2012, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
“[Contra el aumento de la violencia] la solución que implementó [Peña Nieto] fue recurrir a las mismas fuerzas de seguridad cuyo desempeño había sido cuestionado. Envió a miles de soldados sin asignarles una misión clara ni establecer plazos para su retirada”, opinó entoncesNik Steinberg, ex investigador de la organización Human Rights Watch (HRW) en el diario Financial Times.
La estrategia de intervención continúo de manera intermitente en los estados más afectados por la violencia.
Recién el 25 de noviembre el Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores anunció que la Policía Federal acompañaría esfuerzos de seguridad en Iguala y Chilapa para controlar la violencia. Estas fuerzas de manera más constante han participado en Acapulco con el mismo objetivo.
Del 2012 a octubre de este año se han registrado 9 mil 759 carpetas de investigación de homicidios doloso en Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP.
“Para reducir la oferta de drogas, se ha hecho frente al crimen organizado, con una mejor coordinación entre autoridades, el uso de sistemas de inteligencia y la desarticulación de sus estructuras operativas y financieras”, dijo Peña Nieto en su discurso ofrecido en abril durante la sesión Especial de la ONU sobre el problema Mundial de las Drogas (UNGASS).
Una retórica lejos de la realidad. Puesto que el Gobierno federal centro su atención en las fuerzas operativas del narcotráfico y descuidó otras áreas, como la persecución financiera de los recursos ilícitos y la depuración de las autoridades coludidas, dijeron expertos consultados.
“Ha habido ahí un gran pendiente el proceso de transformación institucional ha sido terriblemente lento por varias razones. Tanto en términos que aplican a la policía, la procuración de justicia y el sistema penitenciario”, dijo Hope.
CENTRALIZACIÓN DE LA POLICÍA
Una de las primeras decisiones de seguridad nacional de Peña Nieto fue la absorción de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por parte de la Segob, en enero del 2013.
La decisión puso a 38 mil 500 agentes a disposición de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto.
De acuerdo con Lilian Chapa Koloffon, especialista en seguridad, el cambio fue meramente administrativo, y la forma en la que operaban los elementos de las fuerzas de seguridad no cambió.
Éstos junto con las fuerzas armadas continuaron la estrategia de combate contra el narcotráfico de calderón que consistía, entre otras cosas, en el descabezamiento los grupos criminales, y los enfrentamientos armados, en los que también se hacía uso del Ejército.
“Fue una guerra frontal contra la parte belicosa del crimen organizado, la parte armada. Pensando que la caída de estos sujetos permitiría ir ganando terreno. Pero no fue así. Esto lo que provocó fue más bien una diseminación de los grupos y la necesidad de crecer en territorios”, dijo Tomás Guevara Martínez, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
¿Tenía Peña que continuar con esta confrontación? De acuerdo con Guevara, el Presidente buscó en un inicio una estrategia que le permitiera alcanzar un pacto con los grupos del crimen organizado. Sin embargo, la atomización que generó el descabezamiento de los grandes cárteles imposibilitó encontrar cabezas visibles con las cuales negociar.
La adopción de funciones también abarcó presupuestos.
En el 2013, la Segob tenía 23 mil 637 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la SSP 41 mil 217 millones.
Un año después, en 2014, el presupuesto de la Segob ascendió a 75 mil millones de pesos, que Osorio Chong administró.
Sin embargo, ni siquiera este rubro ha escapado de los recortes derivados de las tribulaciones económicas que atraviesa el país.
En el 2017 el presupuesto aprobado de la Segob fue de 58 mil 159 millones de pesos. Esto es igual a una disminución del 22.7 por ciento con relación al montó con el que contaba en el 2014.
“Lo preocupante es que el gasto en seguridad sube o baja y esto no se ve en un impacto directo, o no sabemos el impacto exacto de cada peso en términos de incidencia delictiva”, dijo Chapa.
MANDO ÚNICO
La propuesta del Mando Único se remonta al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La estrategia de centralizar la coordinación de las policías municipales en un mando estatal se hizo en un inicio mediante convenios entre el estado y la federación.
Sin embargo, ante la necesidad de homologar este esquema en todo el país Calderón envío una iniciativa de ley en el 2010. La propuesta fue desechada por el PRI.
Como parte del decálogo en materia de seguridad llamado “Medidas por la Paz, la Unidad y la Justicia”, Peña Nieto envió el 2 de diciembre del 2014 tres iniciativas al Congreso de la Unión para reformar la Constitución.
Entre ellas la de la creación de la nueva Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; redefinir las competencias de cada autoridad en el combate al delito; y revivir la propuesta de Mando Único.
Pero a la fecha, y a pesar del apoyo expreso de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresado en enero de este año, la iniciativa no ha sido aprobada en el Congreso de la Unión.
“Resulta que uno puede hacer muchas cosas con la policía y que hay muchos factores de riesgo involucrados que no tienen que ver con lo que hace la policía y que provocan delitos”, dio López Portillo.
Esto podría explicar lo sucedido en Morelos. El 3 de enero el Gobernador Graco Ramírez Abreu decretó el Mando Único en los 33 municipios de su estado.
En los 10 primeros meses del año Morelos suma 497 carpetas de investigación por homicidio doloso; dos más que las registradas en los 12 meses del 2015.
“Para decirlo de manera muy sencilla. Si no se entiende el delito de la violencia como un fenómeno multifactorial, entonces, el Mando único puede ser una absoluta pérdida de recursos”, dijo López, quien más allá de criticar el modelo, demeritó a quienes hacen política vendiendo que solucionará la ola de delitos.
LA POLÍTICA DE DROGAS
ADEMÁS
Dadas estas circunstancias del costo humano, López Portillo sostuvo que el Presidente estaba obligado a buscar nuevos modelos de regulación de drogas suaves. Y experimentar en espacios reducidos.
“Es decir, el Presidente estaba obligado a explorar alternativas de política pública. Porque éstas cuando no funcionan o tienen costos altísimos tienen que ser revisadas”, dijo el director del Insyde.
En 2015, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) embargó 29.7 millones de dólares a productores de mariguana.
Mientras que la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés) de ese país reportó en el 2014 que había 22 millones de usuarios.
Sin embargo, el Presidente no hizo un movimiento al respecto sino hasta en su cuarto año de Gobierno durante la cumbre en naciones Unidas. Y el Senado de la República recibió su propuesta de aumentar el gramaje de portación de mariguana el 21 de abril de 5 a 28 gramos.
Desde entonces la propuesta de ley duerme el sueño de los justos, después de haber sido relegada por la misma bancada del Partido Revolucionario Institucional. Lo que ha llevado a los críticos a decir que fue una iniciativa sin voluntad política.
“Mi hipótesis es que ningún Presidente de México ha podido tomar decisiones en materia de drogas, sin estar sujeto a una presión férrea de Estados Unidos. Habría que entender que el Presidente Peña Nieto muy probablemente cedió a las presiones internacionales”, dijo López Portillo.
