Activistas y eurodiputados consideran que, como líder espiritual, el Papa Francisco no puede eludir el tema de la crisis de derechos humanos en México. Los entrevistados exigen que el Pontífice que debe exponer ante el Presidente de la República su preocupación por las víctimas de la violencia en el país.
Por Shaila Rosagel y Juan Luis García
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La visita del Papa Francisco a México no sólo debe ser diplomática, pues no sólo como Jefe de Estado y sino como líder espiritual de la Iglesia Católica está obligado a tocar el tema de los derechos humanos como parte de su agenda, exigieron activistas nacionales y eurodiputados de visita en el país.
El tema de los derechos humanos es ineludible para el Papa Francisco durante su reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, dijo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Como líder espiritual y Jefe de Estado, el tema de los derechos humanos forma parte de la agenda. Es un tema ineludible que debe ponerse en la mesa del Presidente para mostrar la preocupación que tiene con las víctimas. Él no puede ignorar estos temas”, opinó.
Abel Barrera expuso que la visita del Papa no debe ser solo diplomática, pues debe abordar principalmente a las víctimas.
“Debe tomar temas que vayan a fondo en la sociedad, que están requiriendo que se asuman y entiendan como una situación grave. No puede defraudar la confianza que han puesto en él”, dijo.
EL PAPA SABE DE DESAPARICIONES
Por su parte, el activista Daniel Gershenson planteó que la visita del Papa, que inicia mañana viernes, es el momento de asumir una postura más proactiva sobre la situación que se vive en México en materia de derechos humanos.
“A diferencia de Juan Pablo II y Benedicto XVl –sus antecesores–, es un hombre que le tocó vivir, en la Argentina de la dictadura, las desapariciones forzadas y los regímenes militares que arrojaban a los jóvenes de los aviones al mar. Este Papa es jesuita. Es obligación del Papa exigirle a Peña lo que no le exige una parte de la sociedad por miedo y también una parte de los medios por conveniencia o por indiferencia. Yo quisiera pensar que así como lo ha hecho en otras partes del mundo, dada la coyuntura y la crisis tan profunda del país, asumirá esa responsabilidad como figura espiritual”, dijo.
El activista en pro de los derechos humanos recordó que en México hay millones de víctimas acosadas por el crimen organizado.
En su informe de actividades presentado en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó 500 violaciones en el país durante 2014. El organismo emitió 93 medidas cautelares, el número más alto después de Colombia.
Por su parte, en octubre de 2015, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, destacó que el 98 por ciento de los casos de violación a derechos humanos en este país, sigue en la impunidad.
Al Hussein realizó una visita de tres días y reconoció que México logró avances en materia legislativa y de creación de protocolos, pero, refrendó que existe una crisis de derechos humanos.
“No quiero repetir las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos internacionales”, declaró.
Y afirmó que tratándose de un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras de muertos y desaparecidos durante la guerra contra las drogas, emprendida hace más de 9 años, son “impactantes”.
De acuerdo con Naciones Unidas, entre diciembre de 2006 y agosto de 2015 se contabilizaron en el país 151 mil 233 personas asesinadas, lo que representa 16 mil 803 por año, 46 por día y 1.9 asesinados por hora.
El número de desaparecidos durante el mismo periodo lo cifra en aproximadamente 26 mil, es decir, 2 mil 888 por año, 7.9 por día.
La responsabilidad de estas cifras se distribuye, según activistas, entre el crimen organizado, pero también entre autoridades y policías de todos los niveles, así como elementos del Ejército y La Marina a los que se les señala por haber participado en desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
La eurodiputada Giulia Moi, miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, consideró que el hecho de que el Gobierno no haya facilitado alguna reunión con las víctimas de la violencia es algo casi normal, porque el Papa atrae atención a problemas que los políticos siempre intentan esconder.
No obstante, afirmó que el Papa, de todas maneras, eligió las ciudades que él quiere visitar, que son todos lugares que tienen problemas de corrupción, de narcotráfico, de desaparecidos.
“Él representa a todas las personas que sufren en el mundo y no es justo que el Papa, si es que lo hace, se reúna sólo con los padres de los 43, porque ellos tuvieron la suerte de tener la atención de los medios, de la tele, de la prensa, hay otras familias que sufrieron la misma cosa, y el Papa va a encontrar gente en general que sufre esos problemas”, expresó.
LA LISTA DE PENDIENTES
Durante 2014 se registraron dos casos emblemáticos que pusieron en la mira internacional las violaciones a los derechos humanos en México.
El primero fue la ejecución extrajudicial de 22 civiles por parte de elementos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio. El hecho fue calificado por Human Right Watch (HRW) como la primera masacre del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Casi tres meses después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunciara que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes, nuevas evidencias provenientes de medios extranjeros revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad.
La revista Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, citó la publicación estadounidense en su edición de México.
El 26 de septiembre de 2014 se registró la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de elementos policiacos de Iguala, quienes presuntamente los habrían entregado a una banda del crimen organizado.
Después de una serie de quejas y reclamos de parte de los familiares de desaparecidos por la inacción de las autoridades locales, la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso y basó su investigación en la llamada “verdad histórica” del ex Procurador Murillo Karam, que consiste la presunta incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula.
La versión de la PGR ya ha sido desmentida por científicos, forenses y expertos en fuegos.
El 3 de octubre de 2014, la CIDH recomendó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”, así como proteger a estudiantes que en ese momento se encontraban heridos y hospitalizados.
Ante la polémica que despertó la “verdad histórica”, el Gobierno se vio obligado a aceptar la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que este año presentará sus conclusiones sobre el tema.
“Ellos [los padres de los 43] nos expresaron que querían ver al Papa. Que estaban intentando verlo dentro de su agenda privada, porque dentro de su agenda oficial era muy difícil, porque estaba controlada por el Gobierno”, planteó la eurodiputada Estefanía Torres Martínez.
A 17 meses de distancia, considera que el Estado no ha sido capaz de responder “a eso deja bastante que desear”.
“Nos contaron que no se sienten para nada respaldados por el Estado, que todo lo contrario. Que los grupos independientes han demostrado que la ‘verdad histórica’ es falsa y que no se sostiene, y que el Estado no sólo miente sino que sabe más de lo que dice saber, y que nunca se han sentido respaldados, en ningún caso, ni a la hora de hacer los pagos médicos de quienes quedaron hospitalizados, y esto sobre todo, demuestra que el Estado puede estar detrás de esta historia”, aseguró.
LA AGENDA SE HACE MÁS LARGA
HRW denunció en octubre de 2015 la existencia de evidencias de dos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Federal mexicana en el estado de Michoacán.
Según informó la ONG en un comunicado, los dos episodios, en los que hubo medio centenar de muertos, se registraron en Apatzingán el 6 de enero y en Tanhuato el 22 de mayo, ambos en 2015.
La nota señala que en el caso de Apatzingán fueron ocho los civiles que murieron después de que policías federales dispersaran a grupos de autodefensa ciudadana.
Uno de los heridos en ese incidente le dijo a HRW que los policías dispararon a civiles desarmados y dos de ellos recibieron balazos en la cabeza “mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos”.
En Tanhuato, 42 civiles y un policía fallecieron cuando fuerzas federales “realizaron una redada en un rancho que supuestamente estaba ocupado por una banda criminal” no identificada por HRW.
De acuerdo con tres testigos de los hechos de Tanhuato entrevistados por un investigador de la organización, después de los disparos iniciales varios policías mataron “a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial”.
HRW recuerda que en ambos casos el Gobierno ha negado el “uso ilegítimo de la fuerza letal” y ha mostrado a las víctimas como agresores de las fuerzas de seguridad.
A estos casos se suma el de Ostula, también en Michoacán, donde miembros del Ejército Mexicano dispararon a la comunidad y dejaron como saldo un niño muerto y 11 civiles heridos, según acusaron comuneros.
Guerrero es uno de los estados que se suma a la lista de crisis de derechos humanos e inseguridad en México, tan sólo durante el primero mes del año, según un recuento, fueron asesinadas 147 personas, 4.7 por día.
México ha sido catalogado en los últimos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y también para los defensores y defensoras de derechos humanos.
