Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– Hicieron falta 10 años para que las acusaciones documentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de corrupción contra Carlos Romero Deschamps quedaran desvanecidas. Y no sólo se trata del desvío de mil 100 millones de pesos a favor de la campaña presidencial priista de 2000 en el caso conocido como Pemexgate. El líder del sindicato petrolero protagonizó al menos media docena de desfalcos más que sumaron otra cantidad similar: unos 100 millones de dólares de entonces.

La PGR y los órganos contralores de la paraestatal y federal identificaron en el primer tramo de la presidencia de Vicente Fox la existencia de varios desfalcos que fueron operados por algunos de los mismos funcionarios públicos que practicaron la sangría de dinero público que benefició –con poco éxito– la postulación presidencial de Francisco Labastida Ochoa. Y, de igual forma, tuvieron como otro gran protagonista al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y hoy también senador, Carlos Romero Deschamps, así como al tesorero del mismo gremio, Ricardo Aldana, actualmente Diputado federal por el PRI.

Los detalles de las estafas están contenidos en la causa penal 45/2002 abierta por el Juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF contra Manuel Gómezperalta Damirón, ex director corporativo de Administración de Pemex, y sus consecuentes tocas penales, documentos de los que SinEmbargo posee copia.

Y, por supuesto, Romero Deschamps, hoy Senador de la República y uno de los pilares del PRI, jamás fue enjuiciado.

El legajo es una larga sucesión que detalla convenios entre la empresa y el sindicato, cheques girados por la primera y sus correspondientes recibos expedidos por el segundo, todos firmados por puño de Deschamps o Aldana. Las pruebas de la PGR incluyeron las versiones estenográficas de los discursos de Ernesto Zedillo y Romero Deschamps durante uno de los aniversarios de la expropiación petrolera e imágenes del monumental acarreo efectuado para llenar el zócalo capitalino de petroleros.

El expediente abierto contra Gómezperalta involucra en el mismo conjunto de delitos a Julio Pindter González, entonces subdirector corporativo de Relaciones Laborales de Petróleos Mexicanos y quien no sólo evitó cualquier sanción, sino que actualmente se desempeña como especialista técnico de Pemex Refinación.

“El inculpado Manuel Gómezperalta, conjuntamente con sus coindiciados, distrajo de su objeto diversas partidas de dinero del presupuesto de egresos del organismo descentralizado Petróleos Mexicanos (PEMEX), correspondiente al año 2000, por un monto total de 2 mil 220 millones de pesos”, se lee en el archivo.

Otros ex funcionarios involucrados son Rogelio Montemayor, director general; Carlos Fermín Juaristi Septién, también director corporativo de Administración, y Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas.

Como Romero Deschamps, su copartidario Rogelio Montemayor no tocó la prisión. Al igual que los líderes sindicales, ninguno de los ejecutivos se vio obligado a devolver nada. Uno de ellos, Domene Berlanga, sería inhabilitado y sentenciado a dos años de cárcel –punibles desde casa–por el desvío de recursos a favor de Alfredo del Mazo Maza para que el hoy director de Banobras y político mexiquense cercano al Presidente Enrique Peña Nieto cursara su maestría en Harvard.

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Luego de varias operaciones iniciadas por Gómezperalta Damirón se sumaron las ejecutadas por varios cómplices suyos, Rogelio Montemayor, entre ellos, “con unidad de propósito delictivo, para quebrantar de manera  económica a Petróleos Mexicanos”, sostiene la acusación.

El 8 de mayo de 2000, sindicato y empresa suscribieron el convenio administrativo sindical 9356 por 350 millones de pesos bajo los conceptos de “satisfacer las aportaciones diferidas de carácter social, tanto las incluidas en el contrato colectivo de trabajo como las que determinación exclusiva de la empresa se acreditaban en determinadas ocasiones; para cumplir los compromisos adquiridos durante las revisiones del mismo contrato para los bienios 1997-1999 y 1999-2001, y en la revisión salarial de 2008.

Los 350 millones de pesos se aplicaron de la siguiente manera:

a) 197 millones de pesos derivados del contrato colectivo de trabajo celebrado entre las partes.

b) 153 millones de pesos como apoyos “complementarios” que, algunas veces y “a juicio” de la administración, se habían otorgado por determinación exclusiva de la empresa.

Inmediatamente aparecieron los peros. El primero es que la revisión de los contratos de 1997-1999 y 1999-2001 estaba concluida tiempo atrás y a satisfacción, literalmente, del mismo sindicato: “El STPRM se da por satisfecho del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la petición de incremento en los salarios ordinarios, de la revisión de los desajustes de categoría y de las cláusulas de acuerdo con el proyecto que presentó y por tanto se desiste en este acto del referido pliego de peticiones y el emplazamiento de huelga”.

La partida de donde se tomaron los recursos estaba etiquetada para “Ayudas a instituciones sin fines de lucro”, tales como escuelas, hospitales, instituciones de beneficencia o museos. Y, evidentemente, el sindicato petrolero no es ninguna de estas cosas.

Los desfalcos siempre exigen desplantes de creatividad. Funcionarios y sindicalistas inventaron, sobre la marcha, las reglas que dieran al menos la apariencia que la salida de recursos no era una mera fuga de los mismos mediante los apoyos “complementarios”. Como en La ley de Herodes (Luis Estrada, 1999), se legislaba con la máquina registradora.

Los conceptos de gastos relacionados con los renglones “Ayudas de carácter social, cultural y fomento deportivo del Comité Ejecutivo General del STPRM y de las secciones sindicales que lo integran”, “Ayuda complementaria al STPRM en apoyo a los gastos originados por la concentración del Primero de Mayo del 2000 de trabajadores petroleros de las diversas regiones”, “Contribuciones extraordinarias por rehabilitación de vehículos al servicio del comité ejecutivo general y de cada una de las 36 secciones del STPRM”, simplemente no existen en el contrato colectivo de trabajo.

Los ejemplos sobran.

Para el título XX, denominado “Bibliotecas, escuelas, lugares de recreo, fomento de bandas de música y deportes”  no se establece la posibilidad de que Petróleos Mexicanos pudiera dar dinero en efectivo. Y lo hizo al grado de entregar un cheque por 50 millones de pesos.

Más gastos fantasma: “Ayuda de carácter social a distintos sectores de bajos recursos de las localidades petroleras”, “Apoyo al sindicato para gastos de previsión a favor de los empleados de la organización sindical tanto en el ejecutivo general como en cada una de las 36 secciones del sindicato”, con bolsa de 50 millones de pesos listos para lo que se ofreciera. “Apoyo a renovación y complementación del equipo de cómputo y telecomunicaciones del comité ejecutivo general y de cada una de las 36 secciones”, título que recibió una aportación de ocho millones de pesos.

Hasta para la renovación del parque vehicular de la dirigencia se autorizaron 25 millones de pesos. O 20 millones de pesos más para la organización de un contingente de petroleros en el desfile del Día del Trabajo.

Otro gasto referente al mantenimiento de las instalaciones deportivas del sindicato derivó en la entrega de más plata. Según los convenios entre la empresa pública y su sindicato, estas obras de remozamiento no debían otorgarse en dinero, sino en especie. Pero no existe en ningún lado indicio de que se realizaran obras en ese sentido. Tampoco aparecieron facturas de que el gremio de Deschamps hubiese hecho trabajos de ese tipo. Pero sí que sus arcas recibieron 47 millones de pesos.

Otros millones más se escurrieron bajo las peticiones, siempre satisfechas, de Romero Deschamps, de entrega de recursos para la mejora de las 96 supuestas bibliotecas que posee la unión petrolera o de una central de abastos que maneja. Sus cooperativas recibieron, sin que a nadie conste específicamente para qué, 35 millones de pesos.

En concreto: ni un centavo había que dar por esta causa, pero se entregaron 350 millones de pesos. “Tales circunstancias revelan, sin duda alguna, que el convenio administrativo sindical 9356 fue el medio para distraer 350 millones de pesos de su finalidad y ser entregados al STPRM”.

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Otro convenio sindical quedó identificado con la clave 9399 el cual, se sabría tras la derrota priista del 2000, permitió la triangulación de recursos a la carrera presidencial de Labastida.

Se trató de una suma de 640 millones de pesos que, sin requisitos de por medio y sin estar resuelta la solvencia de la paraestatal, como la ley y el sentido común indican, le prestó PEMEX a su sindicato.

Los representantes laborales necesitaban el recurso, supuestamente, para enfrentar demandas legales de tipo civil, penal, fiscal y mercantil que supuestamente enfrentaban.

El sindicato devolvería la cantidad en 20 mensualidades. En el contrato colectivo de trabajo se contempla la posibilidad de que el organismo descentralizado otorgue préstamos al sindicato, siempre y cuando se dé cabal cumplimiento a una serie de requisitos sin los cuales, el Director General y cualquier otro servidor público de Petróleos Mexicanos están impedidos para otorgar el crédito.

“Los servidores públicos no realizaron un análisis de las condiciones que motivaron la solicitud de préstamo, sino por el contrario, este se otorgó de forma prematura y con demasiada liberalidad”, acusó la autoridad.

Una razón para ir despacio era el mismo monto del préstamo pedido. ¿Por qué requerían 640 millones de pesos para gastos de defensa en un sólo año, cuando durante los tres años anteriores no superaron los 5 millones de pesos?

Otra condición planteaba un aspecto tan básico como la suficiencia presupuestal de la empresa pública para prestar dinero y esto no era así. Algo más: según el contrato laboral, los créditos deben cubrirse mediante descuento de cuotas sindicales, lo que garantizaría el retorno del recurso. Pero no fue así, sino al contrario: las propias cuotas eran insuficientes para cubrir el pago. En 2000, el STPRM recibió por ese concepto 267 millones de pesos. Simplemente, el sindicato no tendría capacidad de pagar y esto lo sabían los funcionarios públicos responsables de otorgar el crédito porque estos mismos eran los administradores de las cuotas.

En vez de volver a Pemex, el dinero se transfirió a cuentas con acceso a empleados del Partido Revolucionario Institucional pasando físicamente por las manos de Aldana. Y de ahí a la campaña de Labastida.

El PRI fue condenado al pago de mil 100 millones de pesos, la mayor multa de la historia impuesta a un partido político. El pago corrió a cuenta de sus ministraciones, es decir, también se cubrió con recursos públicos. Hoy con la mayoría en el Congreso, el partido en el poder y, en consecuencia, en la administración de PEMEX es nuevamente el instituto político con mayores aportaciones públicas.

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Una más de esas operaciones ilegales quedó establecida en el acuerdo con número CMRS-CE/002/2000, suscrito por el director corporativo de Administración y el Subdirector corporativo de Relaciones Laborales. Se trataba, en resumen de la petición de Romero de 80 millones de pesos para:

a) Resarcir al STPRM de los gastos generados por estudios técnicos realizados por empresas especializadas sobre investigación documental de mercado de trabajo, perfil económico y costo de la vida efectuados en los trabajos previos a la revisión salarial.

b) Por asesorías relativas a indicadores financieros y estudios comparativos de revisiones salariales de otros contratos colectivos.

c) Por gastos de viaje de los comisionados sindicales a las diferentes asambleas regionales y generales efectuadas a propósito de la Revisión Salarial de los trabajadores de la industria petrolera estatal.

d) Para resarcir al STPRM de los gastos generados en la contratación de instructores encargados de la preparación y capacitación de sus representantes que participaron en el proceso de la revisión salarial que permitió celebrar las discusiones en forma ágil y precisa, por el conocimiento de la causa que tenían todos los que en el citado proceso participaron.

e) Por los trabajos relacionados con la revisión y análisis del entorno económico nacional con objeto de conocer estrategias sobre circunstancias económicas que se den en los procesos de cambio y que inciden necesariamente en las políticas de precios.

f) Por la celebración de asambleas foráneas en cada una de las 36 secciones sindicales para darles a conocer a sus agremiados los acuerdos tenidos con la administración en el proceso de la revisión salarial del 2000.

Dicho de otra manera: el sindicato pidió dinero a la empresa porque antes le había pedido dinero. Y PEMEX lo dio sin que hubiese justificación alguna para hacerlo. Ni interés mínimo para seguirlo.

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El hambre de los petroleros crecía a cada convenio, hasta que se firmó el de número 9442, el 11 de septiembre de 2000.

Esta vez, la suma superaba los 100 millones de dólares o, en pesos de la época, mil cien millones de pesos.

Hubo dos conceptos. Primero: “la indemnización por todos los rezagos consecuencia de los ahorros generados a favor de Petróleos Mexicanos por no cumplir con los compromisos adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios en los años 1997, 1998 y 1999, con motivo de las revisiones salariales y contractuales”.

“Cabe agregar”, palabras del fiscal, “que es apoyo brindado no forma parte de la las prestaciones laborales de naturaleza económica que el organismo tiene pactadas con el sindicato en el contrato colectivo de trabajo”.

Segundo, por apoyo para que el sindicato hiciera frente al pago de gastos y costas del juicio entablado en su contra por la empresa ARRIBA.

Tras la petición de Romero, el dinero, nuevamente, surgió a borbotones sin mayor trámite a pesar que debió pasar por el consejo de administración de la petrolera y sin que se reparara que, respecto a una parte del dinero pagado por razón de indemnización, ya había sido pagado, también ilegalmente, mediante el acuerdo similar antes referido, lo que supuso un pago doblemente indebido.

La maniobra no terminó en esto. PEMEX “sólo” entregó 460 millones de pesos en virtud del descuento al que sometió al sindicato por el adeudo del préstamo de 640 millones de pesos que debió cubrirse con las cuotas sindicales, pero que fue dado sin garantía alguna.

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Otra acusación refiere tres pagos efectuados por la paraestatal al sindicato sin que, en opinión del fiscal, existiera justificación para ello. Los montos y las justificaciones para su dotación con las siguientes:

1. Por 12.5 millones de pesos: Ayudas económicas al STPRM, como apoyo para gastos en las 36 Secciones del Sindicato con motivo del LXII Aniversario de la Expropiación Petrolera y para viáticos, transportación, playeras, gorras, mantas, distintivos y gastos de todo tipo para la movilización de 20 mil miembros del sindicato que participarían en el desfile del Primero de Mayo de 2000.

2. Por 22.3 millones de pesos: Ayudas a instituciones sin fines de lucro, que incluye las asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollan actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor social, incluye las asignaciones de dinero o en especie destinadas a instituciones, tales como escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos. Lo anterior, según las previsiones estipuladas en el capítulo del gasto de donde se tomó el recurso.

3. Por 540 mil pesos: Ayudas económicas de “carácter social” realizadas por las secciones 1 y 10 del sindicato en apoyo de algunos trabajadores despedidos por la venta del barco en que trabajaban.

Nuevamente: no había parte del contrato en que se estableciera la legalidad de esas aportaciones, el Sindicato estaba lejos de calzar con la definición de un ente sin fines de lucro y, como si lo anterior no bastara, no existía rastro del dinero después del bolsillo de Deschamps y Aldana.

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Pocos días después de que cheques de nueve dígitos pasaran de los administradores de PEMEX a líderes sindicales como si fuera dinero de juguete, ocurrió el LXII Aniversario de la Expropiación de la Industria Petrolera. Fue el último que tocó encabezar a Ernesto Zedillo y, para los siguientes 13 años, al PRI.

La ceremonia ocurrió en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Zedillo hizo una especial distinción a los miembros de la mesa de honor: “Muy apreciado compañero y amigo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y presidente de la Comisión de Energéticos del Senado de la República (periodo 1994-2000), Carlos Romero Deschamps”.

Zedillo, calificado como uno de los más encumbrados y disciplinados tecnócratas, reafirmó en el mejor lenguaje del Revolucionario Institucional que balanceaba la historia y el discurso social el legado de Lázaro Cárdenas por la estatización petrolera de 1938, “una industria que nunca, por ningún motivo y de ninguna manera, dejará de ser de los mexicanos”.

El presidente no pudo continuar. Los aplausos a sus palabras le obligaron guardar silencio.

“Reconocemos, también, el firme liderazgo de su dirigente, el senador Carlos Romero Deschamps, quien al defender el interés de los trabajadores defiende también el interés de México”.

Romero Deschamps asintió para dar acuse de recibo al apapacho.

“Con su organización, los trabajadores y técnicos petroleros, seguirán siendo los protagonistas centrales del desarrollo petrolero nacional. ¡Serán quienes le den a PEMEX la mayor fuerza que tendrá en el Siglo XXI!”.

Romero Deschamps estaba en lo más cercano al día del líder del sindicato petrolero. Eran tiempos en que el político tamaulipeco no se escurría por la puerta de atrás para evitar periodistas. Entonces, hace 13 años, se aplomó:

“[En el sindicato] no queremos privilegios ni prebendas, ni mucho menos avasallar a la empresa, y las épocas oscuras de la lucha entre ambas partes por un predominio absurdo y desgastante han terminado, y ello no es una capitulación de las demandas o la renuncia a la justicia social. En ese sentido no daremos nunca un paso atrás. Los trabajadores queremos que nuestros principios, que en épocas de incomprensión fueron fuentes de encono, ahora funden la concordia para fortalecer el patrimonio de la nación. Aspiramos a inaugurar una nueva etapa de trabajo conjunto entre administración y sindicato”.

Luego, Romero Deschamps atravesó dos elecciones presidenciales perdidas para su partido. Resistió el intento de llevarlo a prisión durante la primera parte de la administración panista. “¡No se quebró!”, decían de él con admiración los sindicalistas. “¡No rajó, aguantó como los cabrones!”, subrayaban sobre Romero, quien, como la maestra Elba Esther Gordillo, pero sin éxito de sus perseguidores, fue acusado penalmente de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Luego vino la reconciliación con el poder presidencial hasta la conclusión del gobierno del panista Felipe Calderón viendo de frente y en público al Presidente en el último aniversario de la expropiación de la industria petroquímica correspondiente con su gobierno. El tono del Presidente Calderón ya dejaba claro el interés de ampliar la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos.

También habló Romero Deschamps:

“Somos, según se puede observar y contrario a voces interesadas que insisten en visualizarnos como una empresa ineficiente, un grupo de trabajadores administrativos, técnicos y sindicalizados, que la gran mayoría han asumido con responsabilidad el compromiso de dar viabilidad a Petróleos Mexicanos.

“Esto, a pesar de las limitaciones e incomprensión que de manera cotidiana enfrenta su actividad de desarrollo, dándose el extremo de funcionarios paralizados en sus decisiones por el temor a sanciones injustas, derivadas de excesos en la interpretación de la ley (…) Señor Presidente, ante su distinguida presencia, reiteramos nuestro indeclinable compromiso de aportar cotidianamente nuestro máximo esfuerzo y capacidad para impulsar a Petróleos Mexicanos a consolidarse como una empresa petrolera de excelencia (…) Seguiremos honrando nuestro lema: unidos venceremos”.

Y vencieron.

Romero Deschamps es, otra vez, Senador de la República.

El nuevo gobierno priista se perfila a la celebración del LXXV Aniversario de la Expropiación de la Industria Petrolera. Sin medias tintas, Peña Nieto, de alguna manera  descendiente político de Lázaro Cárdenas, empuja una reforma energética para dar cabida a capitales privados en la principal empresa pública de México.

Uno de los golpes de legitimidad para esto, le acusa parte de la izquierda, fue la detención de Elba Esther Gordillo. La razón informada oficialmente por la PGR, la misma que investigara años atrás a Romero, fue el desvío de más de 2 mil 5000 millones de pesos, una cantidad equiparable a la que se desfalcara a la Pemex 12 años atrás con la supuesta participación del líder petrolero.

¿Intranquilo? Días después de la detención de la lideresa de los maestros, el de los petroleros comentó con un dejo de amago:

“Rendimos nuestros informes de trabajo, nuestros informes financieros, todos fueron aprobados, fui propuesto para ser reelecto y el proceso fue por unanimidad, no hubo ningún problema y tan tranquilos estamos que no falta la gasolina ni ha faltado nunca.

“Nuestro gremio está trabajando tranquilo, hay otros países donde la escasez de combustible se manifiesta, aquí no porque tenemos un compromiso con Pemex y los mexicanos”, indicó.

–¿Tiene Carlos Romero Deschamps las manos limpias?– le preguntó un reportero.

–Sí, señor, así es.