Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– Las mujeres en prisión son objeto de agresiones, discriminación, olvido y negación de derechos, con lo que son víctimas de una forma de violencia institucional. Así lo denunció el organismo no gubernamental, ASILEGAL, en un informe sobre la situación de las personas del sexo femenino recluidas en penales de México.

De acuerdo con la ONG, uno de sus principales hallazgos es que la violación de sus derechos humanos les genera daños y sufrimientos físicos, psíquicos y morales injustos e innecesarios, debido a que están expuestas a situaciones de abuso de poder que vulneran su estatus legal y su condición de género.

“En México, desde el momento de su detención, las mujeres acusadas de delitos se enfrentan a una rutina de abusos, corrupción, violencia, condiciones carcelarias inhumanas, debido a su género”, dice el documento Violencia institucional ejercida en contra de las mujeres en situación de reclusión.

Hasta septiembre de 2013, la población penitenciaria femenina era de 248 mil 920 mil personas de las cuales 4.95 por ciento (12,331) son mujeres, sin embargo, la capacidad de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) es de sólo 3 mil 083, por lo que no se satisfacen las necesidades para albergar a todas las internas.

Según el informe, en el país no existen normas específicas que se encarguen de velar las garantías fundamentales  de las mujeres presas. En tal sentido, ni la Constitución mexicana, ni la legislación federal y estatal competentes en la materia, establecen diferencias y mecanismos para atender necesidades las específicas de las féminas.

ASILEGAL explicó que en la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, no existe ninguna norma que haga referencia a la perspectiva de género. Asimismo, agregó, a nivel estatal tampoco hay leyes o reglamentos que legislen sobre las particulares condiciones de reclusión de las mujeres, olvidando situaciones obvias como la atención médica de segundo nivel que requieren todas las mujeres, la  atención a las internas embarazadas o que tienen a sus hijos viviendo junto a ellas.

La población femenina está conforma principalmente de mujeres jóvenes (67 por ciento de las encuestadas tiene menos de 40 años), con baja escolaridad (sólo 9 por ciento tiene un título de estudio o está estudiando una carrera universitaria, el 13 por ciento accede al bachillerato), con muchos hijos (41 por ciento de las encuestadas tiene cuatro o más hijos), generalmente primodelincuente, en situación de pobreza y con pocos lazos familiares. Más de 10 por ciento de las encuestadas se reconoce como parte de una comunidad indígenas. En los reclusorios visitados se encuentran también mujeres embarazadas, ancianas y discapacitadas.

Por lo que ASILEGAL instó a las autoridades a visibilizar la violencia institucional de la que son víctimas las mujeres, en especial las que están privadas de libertad.

SIN JUICIO

Poco más de 50 por ciento de las reclusas no ha sido condenada a una pena privativa de sus libertad y permanece recluida sin que alguna autoridad judicial la haya procesado, lo que es una clara violación de normativas internacionales, alertó la ONG.

En México se aplica la prisión preventiva para asegurar sumariamente a alguien a la cárcel y para cubrir las falacias de las investigaciones. Pero se dicta auto de formal prisión hasta que se haya comprobado el cuerpo del delito, la probable responsabilidad y la falta de eximentes de responsabilidad.

Sin embargo, sólo 7.5 por ciento de las encuestadas refiere que ha sido detenida en flagrancia de delito o mostrándole un orden de aprehensión. El 66 por ciento refiere de no haber sido informada de sus derechos en cuanto inculpada, 45 por ciento afirma que ni siquiera les explicaron los motivos de la detención.

Actualmente, 34 por ciento de las mujeres privadas de libertad procesadas se encuentran en espera de la sentencia de primer grado desde más de un año. ASILEGAL también documentó casos donde las mujeres detenidas como presuntamente culpables hace ocho años todavía no han sido sentenciadas ni siquiera en primer grado.

Respecto al momento de la detención y de su estancia ante el Ministerio Público, refieren golpes, lesiones, malos tratos, torturas, amenazas, violaciones a su domicilio, incomunicación prolongada, la falta de suministración de agua o alimentos.

De acuerdo con ASILEGAL es más frecuente que las mujeres reciban agresiones y amenazas de tipo sexual que los varones. “Toda esa situación desencadena que a menudo las mujeres detenidas acepten su responsabilidad penal, en total violación de las reglas de debido proceso, puesto que sólo 76.1 por ciento asegura no haber recibido apoyo de un abogado en su declaración ministerial”, dice.

En este sentido, el informe detalla que 5 por ciento de las mujeres encuestadas refiere no haber tenido abogado en ningún momento del proceso, mientras 42 por ciento admite haber tenido acceso a un abogado solamente una vez recluida en el penal. Por otro lado, la mayoría de las mujeres que estuvieron detenidas en una casa de arraigo, respondieron no haber podido comunicarse con su abogado por días enteros, en ocasiones por meses.

Sobre las sentencias, la organización también destacó que las mujeres son víctima de los jueces por su condición de género y llegan a recibir sentencias 25 por ciento más elevadas que las de los varones.

MALAS CONDICIONES

En los reclusorios donde se albergan mujeres existen condiciones carcelarias pésimas que violentan los derechos humanos de las internas, debido a la profunda discriminación estructural e institucional hacia ellas existente a todos los niveles.

En todo el país existen solamente diez centros exclusivamente femeninos, con capacidad para albergar 3 mil 083 mujeres. En septiembre del año 2013 esos centros tenían una población de 12 mil 331 (25 por ciento de todas las mujeres recluidas), lo que comporta una tasa de hacinamiento general en los centros femeniles de 399 por ciento.

Del total de la población femenil, solamente 4 mil 189 se encuentran recluidas en los señalados centros específicos para mujeres, lo cual representa 35.19 por ciento, mientras que 64.80 por ciento se alberga en centros mixtos, donde no tienen las especificaciones adecuadas para su permanencia y comparten los mismos espacios que los hombres.

En México se observó que de 1997 al mes de abril de 2013 el crecimiento de la población femenil fue de 175.04 por ciento, lo cual implica un incremento vertiginoso en el número de mujeres que se encuentran recluidas, manteniendo año con año una tendencia de entre 4 y 5 por ciento de la población penitenciaria total.

También la alimentación proporcionada a las mujeres recluidas es deficiente y no cumple con los requisitos establecidos en el Derecho Internacional para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, faltando la gratuidad en el acceso, la suministración de alimentos en cantidades suficientes y de buena calidad, el respeto de las principales reglas de higiene.

“La alimentación generalmente no contiene lácteos y frutas, los cuales son indispensables y necesarios para una alimentación sana y balanceada, y son fundamentales para prevenir enfermedades como la desnutrición, anemia, diabetes, osteoporosis, entre otras, así como para evitar epidemias”, dice el informe.

Respecto a la salud, las deficientes condiciones de hacinamiento y de alimentación a las cuales son sometidas las mujeres generan enfermedades y situaciones críticas que afectan el derecho a la salud de las internas. El 56.6 por ciento de todas las entrevistadas afirma haber tenido algún padecimiento sin recibir el tratamiento adecuado.

Aunado a esto no se brindan servicios de ginecología y obstetricia que requieren las mujeres.