Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Luis Alberto Villareal, Coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, denunció que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, Veracruz y Coahuila, llevan a cabo una campaña de intimidación contra periodistas.
Dijo que las autoridades municipales y estatales pretenden “amordazarlos” y coartar su libertad de expresión.
Junto a varios diputados de Acción Nacional, acusó que en esas entidades existe “una campaña para amordazar a todo aquel que no coincida con la forma de gobernar” del PRI, y calificó las vejaciones contra los comunicadores como una práctica de autoritarismo.
La Diputada por Tlaxcala Aurora Aguilar reseñó el caso del periodista Martín Ruiz Rodríguez, quien fue tenido por supuestos funcionarios de la administración priista del Gobernador Mariano González Zarur.
De acuerdo con Aguilar. esto se debió a que el director general de e-consulta “incomoda al gobierno”.
El Diputado por Veracruz Juan Bueno Torio denunció por su parte que “aquel periodista que se opone al modo de gobernar pierde su trabajo”, por lo que pidió que se respete el la libertad de expresión en esa entidad.
Las mismas prácticas, dijeron, se están llevando a cabo en Coahuila.
No es la primera vez que la oposición denuncia a los gobiernos de estas tres entidades por atentar contra los periodistas, o por tratar de comprar a los medios de comunicación.
Los legisladores de Acción Nacional dijeron que se trata de un retroceso para la democracia mexicana.
EL SENADO AUTORIZA AL MPF ATRAER DELITOS DEL FUERO COMÚN
Por otro lado, el Senado aprobó por unanimidad reformas a diversas leyes y al artículo 73 constitucional que federalizan los crímenes contra periodistas y permiten que el Ministerio Público Federal pueda atraer delitos del fuero común cometidos contra representantes del gremio e instalaciones de medios.
Las reformas prevén que la Federación pueda atraer casos de agresiones a periodistas cuando las autoridades locales sean incapaces de resolver las denuncias no sólo por comisión, sino por omisión, al establecer en el proyecto de dictamen nuevas facultades a la PGR para la indagación de esos casos.
La reforma plantea como agravante de un delito doloso contra algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, en cuyo caso se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito, de acuerdo con Notimex.
Asimismo se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.
El dictamen, que fue avalado y turnado a la Cámara de Diputados, reforma los códigos Penal y de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), y fortalece a la fiscalía, que es la responsable de proteger los derechos humanos y los derechos de los periodistas.
La facultad de atracción del Ministerio Público Federal se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma intención dolosa, con el objetivo de que se agoten las líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho de la información y la libertad de expresión, difundió la agencia oficial.
Ello, con el propósito de que el Ministerio Público pueda conocer si cualquier delito cometido en el orden común tenía como finalidad afectar las libertades de expresión o el derecho a la información o de imprenta.
En tribuna, la Senadora priista Cristina Díaz expuso que con esa reforma se logra una nueva regulación del derecho a la libertad de expresión y la protección de los periodistas, y se reglamenta la fracción XXI del párrafo II del Artículo 73 de la Constitución.
Indicó que en los últimos años, gran parte de las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de la competencia de la autoridad local.
Ante ello, agregó, se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan del ámbito de las entidades federativas o tengan efectos a nivel internacional, sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales.
A su vez, la legisladora del PRD, Angélica de la Peña, precisó que no desaparece la Fiscalía de Atención de la PGR, sino que se legitima y fortalece. “El transitorio tercero de este decreto la legítimo y, además, establece que tiene las atribuciones para poner en marcha el decreto que hoy estamos reformando”.
En tanto, el Senador del Partido Acción Nacional, Fernando Yunes Márquez, consideró que no se puede reprimir más a las voces de la sociedad, razón por la cual con las reformas propuestas en el dictamen se pretende proteger la integridad de los periodistas y rescatar la libertad de expresión.
