Hay silencios ominosos, silencios que legitiman a un gobierno que desaparece y asesina, silencios que envalentonan a un ejército traidor que voltea sus armas contra los ciudadanos, silencios que toleran los crímenes de Estado, silencios que matan, silencios que duelen.

Ante la severa crisis de derechos humanos que padece México, uno se pregunta ¿Dónde está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Atención de los Derechos Humanos OACNUDH? ¿Por qué está en silencio ante tanta barbarie? ¿Por qué lleva ocho meses sin representante?

No basta “condenar” los crímenes, las atrocidades, las miles de desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el encarcelamiento por motivos políticos, la persecución y asesinato de los defensores de derechos humanos y el exterminio de periodistas críticos. Con eso no alcanza.

Los mexicanos necesitamos una representación de los organismos internaciones firme, decidida, comprometida. Y más aún, necesitamos una OACNUDH dispuesta a denunciar y a exhibir a un Estado represor que comete crímenes terribles.

La relación entre la ONU y México ha sido compleja. Desde que se abrió la oficina de derechos humanos en 2002, los distintos gobiernos han ido firmando y renovando la permanencia de este importante observador del cumplimiento del respeto a los derechos humanos.

Esa renovación condicionada por parte del gobierno mexicano, tal vez, es lo que genera que algunos representantes que han pasado por la oficina de la ONU, hayan sido tibios, omisos, descaradamente silenciosos e incluso complacientes con un gobierno que firma todos los tratados internacionales de derechos humanos, pero que no ha sabido respetarlos y que ahora se da el lujo de no renovar el mandato del Alto Comisionado de la ONU.

El gobierno de Enrique Peña Nieto se gasta importantes cantidades de dinero en simular en el extranjero que aquí todo va viento en popa en torno a ese aspecto. Su posición en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, por ejemplo, siempre es de respeto y de compromisos sobre los derechos de los grupos vulnerables como los migrantes, indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños…

Sin embargo, esos compromisos solo existen en el papel, son letra muerta, como el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) o los famosos protocolos para investigar la tortura y las desapariciones o sus famosas leyes para combatir la violencia contra las mujeres. Cada año, son miles, las mujeres y niñas que son abusadas sexualmente y se convierten en víctimas de las redes de trata y en algunos casos en una cifra más de los altos indices de feminicidio, ante la mirada atenta del Estado.

El gobierno mexicano tampoco ha cumplido sus compromisos anunciados luego del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, ni tampoco los acuerdos ofrecidos en los comités que monitorean el cumplimiento de esas obligaciones.

Estamos frente a un Estado que viola de manera sistemática los derechos humanos; un Estado que incumple sus compromisos en esta materia, un Estado que se burla de los mecanismos internacionales para atender a las víctimas del delito y a sus familiares.

Un Estado capaz de cometer los peores crímenes contra su población. Los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, son solo una muestra de los últimos meses, pero la lista de agravios y agresiones a civiles es larga. Los altos niveles de inseguridad están reflejados en esa cifra: más de 160 mil muertos en nueve años de guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.

En México abundan las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los agentes de seguridad del Estado, los terribles abusos contra migrantes. ¿Por qué entonces hay tanto silencio de los organismos internacionales como la OACNUDH?

Atrás quedaron esos tiempos de Anders Kompass, Amerigo Incalcaterra o Alberto Brunori. Altos Comisionados de Naciones Unidas comprometidos y sin miedo a decir las cosas.

A cambio, hemos sufrido la permanencia insufrible de un hombre como Javier Hernández Valencia, quien desde septiembre de 2010 a julio de 2015, se dedicó a las relaciones públicas y a convertirse en una vergonzosa extensión de los gobiernos violadores de derechos humanos.

A su paso por México, Hernández Valencia, ha dejado una oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas, terriblemente desacreditada ante la sociedad civil y los defensores, particularmente por su tibieza, su entreguismo, su servilismo al poder político y su silencio ominoso.

La administración funesta del último Alto Representante de la ONU ha hecho un gran daño. Su falta de respuesta adecuada a los crímenes de Estado, a las violaciones flagrantes y constantes del Ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal y los demás agentes del Estado, ha generado mayor impunidad y le ha otorgado más legitimidad y poder a los perpetradores.

Hay silencios que matan. Y de eso sabe mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyas recomendaciones tardías, como en el caso de la desaparición y ejecución extrajudicial de Humberto del Bosque por parte de la Marina, son emitidas luego de que la PGR gira las órdenes de aprehensión y los delincuentes son encarcelados.

México ha firmado todos los tratados de derechos humanos, incluido el de ejecuciones extrajudiciales, pero resulta que en el Código Penal no existe ese delito para que los funcionarios y agentes del Estado que lo cometen no sean castigados.

La CNDH como el último Alto Comisionado de la ONU, han obedecido a sus intereses particulares y no al bien común. A Luis Raúl González y Javier Hernández les interesó su sueldo, su posición, su carrera profesional, no las víctimas. ¿Dónde están esas duras reacciones que esperábamos luego Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán o Tanhuato?”.

Y no es que no hagan su trabajo. Seguramente los gruesos expedientes sobre la investigación de esos crímenes de Estado, están guardados en un cajón bajo llave porque no fue conveniente “molestar” al Estado mexicano que finalmente es su patrón.

Por lo menos, Hernández Valencia ya se fue por la puerta de atrás, como corresponde a un cobarde, pero las preguntas decisivas está dirigida al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: ¿qué espera para actuar? ¿más matanzas? ¿más desaparecidos? ¿más crímenes de Estado? Llevamos ocho meses sin representante de la ONU. ¿Quién será el próximo? ¿Otro subordinado, sometido, tibio y silencioso del gobierno mexicano o un valiente y comprometido Brunori, Incalcaterra o Kompass?

La última lamentable actuación de esta oficina de la ONU con más de 30 funcionarios, nos demuestra que no podemos esperar que alguien venga y nos salve. Tenemos que ser nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos mexicanos, quienes finalmente digamos “basta” y generemos los cambios, de lo contrario, estamos y seguiremos estando perdidos.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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