El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio recomendó que a la Suprema Corte de justicia desarrollar “nuevos precedentes en materia de juzgamiento con perspectiva de género en los casos de feminicidio”, pidió a los estados implementar una Unidad de Análisis y Contexto para fortalecer las investigaciones, además de crear Grupos y Unidades de Investigación integrados por policías, peritos y ministerios públicos especializados en la investigación de muertes violentas de mujeres.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- De los 8 mil 904 asesinatos de mujeres documentados de 2014 a 2017, sólo el 24 por ciento, es decir 2 mil 188, fueron investigados como feminicidios, de acuerdo con cifras de Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El Observatorio, conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, compartió que en su estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” se muestra cómo “la prevalencia de la impunidad es un aliciente para la continuidad, incremento y agudización del delito de feminicidio”, señalaron en un comunicado.

La Organización considera al feminicidio como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres y una de las manifestaciones más radicales de discriminación y violencia contra la mujer.

De acuerdo con el comunicado, se analizaron 14 casos en los que se pudo conocer lo que la víctima y su familia viven debido a la impunidad y a la actitud de las autoridades que, desde el inicio, se resisten a reconocer, investigar y sancionar los asesinatos de mujeres como feminicidios.

“Los feminicidas no son investigados sino que incluso son considerados como víctimas y que las investigaciones en su contra se inician por el delito el homicidio culposo y no por feminicidio”, lamentan.

El informe del OCNF reveló que de la mayoría de las víctimas de los 1 mil 886 feminicidios, 2014 a 2017, tenían de 21 a 30 años de edad; fueron asesinadas a través de diversos métodos, como golpes, asfixia, estrangulamiento, quemaduras y arma de fuego; el 30 por ciento de ellas fueron encontradas en sus hogares y el resto en lugares públicos. Otra cifra destacada es que las autoridades desconocen en un número significativo, el vínculo entre la víctima y el victimario.

“En este informe el OCNF realizó un análisis de los tipos penales de feminicidio de las 32 entidades federativas, encontrando que 19 estados cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito, pese a ello, las autoridades se rehusan a iniciar las investigaciones de las muertes violentas como feminicidio, iniciándolas incluso como supuestos suicidios”, detallaron.

Gracias al diagnostico que arrojo el estudio se pudo determinar que si no es la tipificación del delito de feminicidio si no va acompañada de la elaboración de protocolos que cuenten con los más altos estándares para la adecuada investigación.

Asimismo se identificó que los estados que no cuentan con Protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio son: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala.

En tanto, las otras 26 entidades restantes que sí cuentas con los protocolos, en su mayoría no incorporan los estándares de debida diligencia y perspectiva de género establecidos en las sentencias de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indica que la revictimización, la difusión de imágenes e información sobre las víctimas en medios de comunicación que exponen detalles de cómo fueron encontradas, la desacreditación del hecho, la criminalización y exposición de información sobre las investigaciones que dan alerta a los a los probables responsables,  fomenta la ruta  de impunidad y la falta de acceso a la justicia.

El OCNF recomendó que “la SCJN desarrolle nuevos precedentes en materia de juzgamiento con perspectiva de género en los casos de feminicidio”, pidió a los estados implementar una Unidad de Análisis y Contexto para fortalecer las investigaciones, además de crear Grupos y Unidades de Investigación integrados por policías, peritos y ministerios públicos especializados en la investigación de muertes violentas de mujeres.