CRECIMIENTO ECONÓMICO: ¿QUÉ LO LIMITA?

¿Por qué nuestro país no crece? ¿Qué limita su desarrollo económico? ¿Son tan eficaces las “reformas estructurales” que en cuanto se aprueben, el país detonará su crecimiento? Frecuentemente se discute la situación macroeconómica del país y se hace hincapié en las limitaciones al crecimiento sostenido. En el diagnóstico conservador, afín a las posturas oficiales, el problema se resuelve aplicando “las reformas que México necesita”; es decir, las reformas estructurales que ahondan el liberalismo. La postura contraria enfatiza que dichas reformas en realidad son adversas al crecimiento endógeno.

Lo que es claro, en principio, es que más allá del crecimiento limitado de años esporádicos, el problema de fondo es la incapacidad de lograr el desarrollo económico que permita al país superar sus condiciones de atraso, no sólo ante las grandes potencias, sino ante países de desarrollo similar, pero que tienen mayor dinamismo productivo. Esto ya que la inserción de México a la globalización puede ser caracterizada como estática, dadas las limitaciones productivas endógenas y el carácter subordinado a la hegemonía estadounidense. En ello han estado en juego históricamente las relaciones del país con el exterior, pero sin soslayar la definición de la estrategia de desarrollo asumida como válida por las cúpulas del poder político. Esto último implica aceptar que en realidad, los grandes problemas económicos, no son exclusivamente económicos.

En estas líneas se discute que la implementación de las políticas neoliberales no alteraron la matriz institucional adversa al desarrollo, que terminó por corromper los preceptos de la eficiencia del mercado, a favor de acuerdos informales entre los grupos de poder económico y político. Esto pone de relieve la centralidad de los factores institucionales en el desempeño económico, comprendidos como el entramado de reglas sociales que definen los fines y medios, tanto por medios formales como las leyes y normas, así como por marcos informales que orientan la acción de la sociedad. Se sostiene que el debate actual en torno de profundizar o limitar el neoliberalismo, soslaya un problema anterior: la forma en que se organiza institucionalmente el capitalismo mexicano.

IMPORTACIÓN POR INDUSTRIALIZACIÓN

Desde que el país abandonó la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, se dio paso a una nueva élite dentro de la clase política, misma que se formó en el marco del credo al mercado. Como señalaron en su momento Cordera y Tello (1981), lo anterior representó una “disputa por la nación” entre dos facciones poderosas dentro del partido hegemónico (PRI): la tradicional vertiente estatista keynesiana, y la vertiente tecnocrática ceñida a la ortodoxia neoliberal; ambas posturas compartían, sin embargo, algo que no destacaron en su momento Cordera y Tello: las alianzas corporativas con los grupos fácticos de poder. De esa disputa emergió vencedora una nueva correlación de fuerzas entre las esferas política y económica encabezada por los tecnócratas neoliberales, que manifestó desde entonces una nueva forma de negociación entre el Estado y el mercado, al debilitarse la idea del Estado empresario o propietario, y fortalecerse la figura del Estado regulador o “solidario” (Valdés Ugalde, 1997: 223), en paralelo con el reconocimiento del empresariado como un actor preponderante.

Sin embargo, a pesar de que se rompió el mecanismo de concertación y legitimación políticas, la alianza de fondo entre la tecnocracia y los grandes grupos del capital monopólico financiero no se quebraron, ya que paradójicamente, el neoliberalismo se subsumió a una cultura política inmersa en una matriz institucional que históricamente ha arraigado la toma del poder en los grupos que lo detentan como el derecho para beneficiarse del mismo. De ello se desprende que las grandes transformaciones neoliberales al final acendraron un “capitalismo de compinches”, en el cual los ganadores fueron favorecidos por el gobierno más que por los criterios del mercado, en alianzas arbitrarias y con resultados pobres para el resto de la economía con base en acuerdos informales.

Las formas en que se manifiestan las prerrogativas que el Estado concede por medio de la instrumentación de la política económica han ido desde las privatizaciones, diseños proclives en materia cambiaria, fiscal y monetaria, hasta diseños institucionales directos para que los grandes grupos empresariales reciban beneficios extraordinarios, ajenos al resto de los mexicanos. El argumento con que se han sostenido tales beneficios es el apoyo a la inversión de utilidades a favor del crecimiento de la economía y la generación de empleos; sin embargo, el mediocre comportamiento de la economía nacional en materia de crecimiento, empleo, competitividad y estabilidad contradice ese argumento.

Si bien la modernización económica tenía fundamento en las necesidades asociadas al cambio histórico y el desgaste del modelo sustitutivo, aquélla se vició por las condiciones políticas que la sostuvieron, por lo que a la vez que hubo un cambio en lo económico, se dio continuidad en las condiciones político-institucionales que sostuvieron la modernización dentro de la misma matriz institucional, pervirtiendo así a la economía, lo que ha redundado en menores condiciones de vida para la población.

Los esfuerzos modernizadores se toparon con las limitantes propias de la cultura política priísta, la cual concibe el ejercicio del poder escindido de la sociedad, por lo que al instaurarse el neoliberalismo no sólo prevaleció la brecha entre las clases sociales, sino que fue en el seno de una nueva composición de élites en donde se disputaron los espacios económicos en cercanía con el poder. Por lo que a la estructura institucional viciada correspondiente a la etapa de sustitución de importaciones, le continuó la nueva estructura de la modernización neoliberal igualmente viciada, incapaz de superar los obstáculos a los cambios de fondo que exigía tal reforma económica.

Al predominar la lógica patrimonialista del poder que el PRI ha institucionalizado en la clase política, la polarización social se ha agudizado durante las décadas del neoliberalismo, lo que se evidencia en la formación de capas minoritarias escandalosamente enriquecidas, pero a la vez ineptas para reproducir la base material de un crecimiento económico sostenido que permita una virtual redistribución de la riqueza. La idea del beneficio inmediato a costa de las mayorías, no sólo es expresión de una clase política que forma actores políticos funcionales con ese orden, sino también un empresariado parasitario y rentista.

Prácticas como el nepotismo, el soborno y las asociaciones de intereses entre gobernantes y empresarios no escapan a una forma de hacer negocios que ha estado abigarrada en nuestro país desde tiempo atrás, en el supuesto tácito de que los empresarios buscan conexiones políticas y asociaciones con los bloques del poder, lo que fortalece la figura de los cabilderos capaces de involucrarse en una red de influencias e intereses económico-políticos; esto lleva a cabo aun por parte de servidores públicos del máximo nivel, quienes alternan entre los puestos directivos de alto rango en grandes corporaciones y los cargos públicos más importantes. Uno de los casos emblemáticos es el de Francisco Gil Díaz, tecnócrata que lo mismo sirve al PRI que al PAN o a la iniciativa privada, para la preservación de una política económica adversa al interés nacional.

DOS EJES DEL ESTANCAMIENTO

La problemática del estancamiento económico nacional ha sido atendida en un debate reciente entre dos facciones de políticos y comentaristas de la vida nacional;  la discusión se centra en dos grandes ejes.

Por un lado, un grupo relacionado al poder durante diferentes etapas del neoliberalismo que aboga por su profundización como medida para quebrantar los monopolios estatales y afianzar una institucionalidad conforme al estado de derecho. Este grupo se expresa políticamente por la postura económica del PAN y buena parte del PRI, pero también se liga a espacios académicos vinculados a la hegemonía tecnocrática, como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en personajes como Carlos Elizondo, y añade a políticos y escritores afines al poder como Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, Luis de la Calle y Luis Rubio. Por medio de una argumentación que desnuda las falencias del régimen político basado en el corporativismo-autoritarismo, se decantan a favor de un liberalismo “puro”. ¿Qué significa esto? Para este grupo de autores, significa la ruptura con los monopolios estatales y con los acuerdos corporativos entre el Estado y los sindicatos.

Por otra parte, se reconoce a un espectro amplio de voces que se pronuncian por reconocer que los problemas se centran en la reforma neoliberal y sus magros resultados, lo que en ocasiones deriva en un pronunciamiento a favor de la rectoría estatal de la economía y del instrumental de política económica de corte keynesiano como estrategia fundamental de una reorientación del modelo económico. En este grupo participan diferentes políticos vinculados a la izquierda partidista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano) y entre las voces más destacadas en el terreno económico pueden hallarse a economistas como Arturo Guillén (2007), José Luis Calva (2001), Arturo Huerta (2011) o Alejandro Álvarez (2011).

Como vemos, este debate se centra en torno a cuál de las estrategias es más adecuada para solventar los problemas nacionales y favorecer el desarrollo. En este debate la cuestión sería: ¿Reformar o desmantelar el neoliberalismo? En buena medida es una revitalización del debate surgido en los ochenta entre dos facciones de economistas ante el desmoronamiento del intervencionismo estatal (Cordera y Tello, 1981; Babb, 2003). Sin embargo, ambas desconocen la trayectoria histórica arraigada en el país, con lo que se parte de una posición riesgosa que asumen que el Estado puede efectivamente romper con su propia inercia, o bien, que la sociedad interviene directamente sobre su desempeño.

La primer postura resulta cuestionable porque quienes la conforman han sido asesores de los reformadores neoliberales en diferentes momentos, es decir, han estado lo suficientemente cercanos al poder para plantear sus preocupaciones y proponer la radicalización de las reformas; lo anterior puede sugerir dos cosas: por un lado, la intención de influir en la opinión pública y legitimar la profundización del neoliberalismo a pesar de sus resultados adversos, o bien, que sus voces no han sido lo suficientemente atendidas, en su propia óptica.

La segunda postura, a pesar de ubicarse en un terreno crítico, pierde de vista que no basta la simple presencia del Estado para provocar el desarrollo; la propia experiencia mexicana es muestra de ello, y además, adolece de cierto voluntarismo al considerar que es suficiente la asunción al poder para reorientar la ruta del modelo económico, sin advertir que éste no se manifiesta en un terreno autónomo, sino que está fuertemente condicionado por la historia, el poder político y de los grandes capitales, así como por una matriz institucional que para transformarse requiere de un proceso de aprendizaje social que no puede emprenderse “desde arriba” de forma inmediata y sin el respaldo social. Dentro de todo, acierta en el diagnóstico del colapso del neoliberalismo.

MAYORES PÉRDIDAS QUE GANANCIAS

En México, paradójicamente pese al autoritarismo político, ha prevalecido la falta de una conducción firme del Estado capaz de disciplinar a los grandes capitales y guiarlos hacia una ruta progresista que contribuya al desarrollo nacional. Como consecuencia, los intereses particulares de los grandes capitales han ido superponiéndose frente a los intereses mayoritarios con la complacencia del Estado.

Desafortunadamente la ruta ha sido el respaldo del Estado al gran capital, exhibido en la definición de una política económica proclive a sus intereses, en desmedro del crecimiento sostenido, los encadenamientos productivos, la recuperación del salario real, la salud del mercado interno, la generación de empleos y la equidad.

La implementación del modelo neoliberal ha provocado la modernización en algunos sectores, pero ha dejado mayores pérdidas que ganancias para el conjunto del país. Su incapacidad para generar crecimiento que perdure y se traduzca en desarrollo, se demuestra al ver los indicadores de la economía real. Por lo anterior, es importante continuar el debate en torno a la persistencia o no de las reformas estructurales, que se proclaman como “fórmula mágica”, sin reconocer las particularidades de los diferentes casos nacionales. Por ende, es fundamental plantearse de frente la discusión con las posturas que actualmente dirimen en desarrollo nacional en la disyuntiva añeja de profundizar o abandonar el neoliberalismo, que es en el fondo una nueva versión de la discusión ¿Mercado o Estado?

Un grupo de intelectuales liberales se decanta por la opción de radicalizar el neoliberalismo con el fin de romper con las ataduras político-ideológicas que lo han entorpecido y han impedido que este modelo manifieste sus virtudes, culpando a sectores sindicales y políticos de ser fuerzas retardatarias. Por otra parte, hay sectores intelectuales y académicos que subrayan la incapacidad del neoliberalismo durante casi tres décadas para generar crecimiento y bienestar. Estos grupos destacan la complicidad entre grandes empresarios y el poder político.

En mi opinión, el debate debe ir más allá, partiendo de reconocer la incapacidad del Estado para imponerse sobre los grupos de interés especial que han capturado la capacidad del Estado para definir una estrategia nacional de crecimiento que genere el ulterior desarrollo, con base en el proceso de debilitamiento deliberado a favor de grupos económicos (grandes empresarios), políticos (actores y partidos) o bien de agrupaciones sindicales mafiosas.

Pero esa incapacidad del Estado para imponerse sobre los intereses, revela que ha quedado capturado por grupos que obtienen rentas económicas y políticas, y que no están interesadas en romper con ese tejido institucional informal. Por lo anterior, es fundamental reconocer que el problema va más allá de un modelo económico, y que atañe a la forma en que el Estado se ha debilitado, por más que haga demostraciones de fuerza ante la población, pero se subordina ante una coalición de poder informal, lo que, sin embargo, ofrece un panorama poco alentador al futuro nacional, de no romperse esas camisas de fuerza que constriñen las capacidades sociales para la acción y el desarrollo.