Si no pueden, que venga la ONU
Luego de que activistas y periodistas denunciaran el espionaje del que fueron objeto por parte del Gobierno Federal, la intervención de organismos internacionales para la investigación del caso se ha venido fortaleciendo. Esto ante la desconfianza de que la Procuraduría General de la República (PGR)actúe con independencia y autonomía. Al respecto en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “del ‘Si no pueden que renuncien’ en el sexenio de Felipe Calderón, pasamos al ‘Si no pueden, que venga la ONU’ en el gobierno de Enrique Peña Nieto […] son cada vez más las voces que ponen en duda la capacidad y confiabilidad de su gobierno y de su procuraduría para investigar y sancionar temas tan graves como el espionaje a activistas civiles, periodistas, políticos y ahora también a integrantes del Grupo de Expertos Internacionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que revisó el caso Ayotzinapa. La denuncia del Citizenlab de Canadá […] ocasionó que ayer se reavivaran las exigencias de que otro grupo de expertos internacionales, estos de la ONU, vengan al país para encargarse de las investigaciones y denuncias de espionaje cometido desde el gobierno federal con el software Pegasus contra personajes de la sociedad civil, el periodismo y la política […]. No es la primera vez que en el actual sexenio surgen estos reclamos de intervención internacional para indagar y castigar delitos graves, ante la incapacidad o la desconfianza en las áreas de procuración de justicia y de seguridad […]. El tema de la corrupción, la inoperancia del sistema de justicia y la violencia también ha sido objeto de peticiones para que venga ayuda desde instancias como la ONU ya sea para investigar o para coadyuvar en situaciones en las que el gobierno mexicano no sólo parece rebasado, sino que se desconfía de la capacidad y de la autonomía de las procuradurías para castigar los delitos y aplicar la justicia en un país en donde 99% de las denuncias quedan en total impunidad. Históricamente México y sus gobiernos han sido reacios a aceptar la ayuda internacional en temas de seguridad y justicia, con el argumento de la ‘soberanía’ y el ‘injerencismo’ […]. La pregunta obligada es ¿llegó la hora de reconocer que, ante la incapacidad y la desconfianza que generan gobiernos rebasados y cómplices en temas como la violencia, la corrupción y la justicia, no es momento de exigir y aceptar que venga la ayuda desde la ONU?”

Sobre el intento de espionaje a un miembro del GIEI, en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “los vacíos de información se llenan. Y mientras el gobierno de México y la PGR sigan retrasando una resolución del caso, peor será. Ayer, un nuevo reporte de Citizen Lab confirmó que un teléfono propiedad del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) […] recibió dos mensajes que el laboratorio de la universidad de Toronto ha confirmado, fueron intentos de espionaje. Y que el malware utilizado fue Pegasus […]. Sabemos que el sistema Pegasus ha sido comprado por la PGR, el Cisen y la Secretaría de la Defensa, aunque como lo dice el reporte de Citizen Lab, hasta hoy no se puede asegurar que ninguna de esas entidades gubernamentales sea responsable de los intentos de espionaje. Eso toca a la PGR. El GIEI se une a una lista cada vez más larga de quienes entre 2015 y 2016 recibieron los mensajes maliciosos, entre ellos activistas de derechos humanos, líderes de organizaciones de la sociedad civil, políticos de oposición y periodistas. El gobierno respondió ayer con formalidades. […]. Alguien en el gobierno tiene que entender que esto ya no es solo un asunto criminal y a partir de lo que sabemos hoy, uno de política internacional. Los integrantes del GIEI tenían, por su mandato, protecciones especiales. Desde el primer reporte en febrero, las organizaciones pidieron explicaciones y solo tuvieron el silencio como respuesta, lo que le costó al gobierno la salida de estas organizaciones de la alianza para un gobierno abierto. Ahora, la CIDH se suma al extrañamiento. La solución está en manos del gobierno. Ellos saben cuántos “usuarios” compraron y saben cuántos se usaron. Y saben cuántas órdenes judiciales les han sido concedidas. No hay mucha ciencia. Si coinciden los usuarios con las órdenes, habrá que buscar en otra parte. Si no, a esperar la próxima primera plana de The New York Times”.

En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “se supo ayer que, además de Francisco Cox, otro de los cinco integrantes del GIEI recibió mensajes parecidos a los que llegaron a periodistas, activistas y políticos que fueron sujetos de ‘intentos’ […] de espionaje mediante el ‘malware’ Pegasus.  Ángela Buitrago le dijo anoche a Alejandro Domínguez (MILENIO Tv) que también ella recibió dos, y que esto fue denunciado en la reciente sesión de la comisión interamericana celebrada en Lima. ‘¿Entregarán su celular para que se investigue si los espiaban?’, preguntó el periodista. La señora respondió que será la CIDH la que decida el procedimiento. ‘Es lo que acuerde la comisión para el Estado mexicano, y por eso se hizo la petición en Lima’, dijo. Será muy difícil que la CIDH apoye a sus expertos en caso de que no entreguen sus celulares al MP federal y es impensable que la investigación la realice una instancia distinta a la que la Constitución mexicana mandata. ¿Desconfiará ese órgano de la OEA, también, de la coadyuvancia solicitada por la PGR al IPN, al FBI y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones…?”

Los amigos de AMLO
El regreso de Lino Korrodi a la política, ahora de la mano de AMLO ha despertado especulaciones, sobre todo por su anterior relación con el ex Presidente panista Vicente Fox. En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que este recibimiento a Korrodi en Morena “generó particular escozor en el PRD, que padeció la operación financiera que el empresario logró tejer a favor de Vicente Fox. Sin embargo, nos dicen que a algunos perredistas ya se les olvidó que en 2010 el ex amigo de Fox —y ahora su enemigo— se entrevistó con la dirigencia de ese partido en Tamaulipas y con el Chucho mayor, Jesús Ortega, para negociar una posible candidatura al gobierno de ese estado. Aunque la postulación no se concretó, entre otras razones por el rechazo interno —por cierto, de ex perredistas que hoy están en cargos directivos de Morena—, los ‘pecados’ de Korrodi ya habían sido lavados con la bendición de Nueva Izquierda.

Aunque se especula sobre la búsqueda de la creación de “Los amigos de AMLO”, la inclusión de Korrodi en Morena tiene un trasfondo diferente.Esto de acuerdo con el diario Reforma, que en su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que “quién guió a Lino Korrodi a las purificadoras aguas del lopezobradorismo: fue el sonorense Alfonso Durazo, el que fuera Secretario particular de Vicente Fox y hoy cercano a Andrés Manuel López Obrador. De ahí que la adhesión a Morena se haya dado en Hermosillo. La idea de sumar al creador de los ‘Amigos de Fox’ no es crearle un esquema similar de financiamiento al tabasqueño, sino contar con alguien que conozca muuuy a fondo a Vicente Fox, para enfrentarlo cada vez que se lance contra López Obrador. Y si alguien le sabe muchos secretitos al ex Presidente, ése sin duda es Korrodi”.

México no acepta a Duarte
La falta de contundencia del Gobierno Mexicano para hacer efectiva la extradición de Javier Duarte de Ochoa ha comenzado a despertar sospechas y especulaciones. En El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, escribe que: “desde el jueves pasado, el gobierno de Guatemala ha redoblado las presiones al más alto nivel a México para que complete YA la extradición del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Extrañamente, el gobierno mexicano no se ha movido. El miércoles 5 de julio, de gira en México, el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales Moscoso lo adelantó […]: ‘El señor Presidente de la República (de Guatemala, Jimmy Morales) me ha pedido pedirle a México que se lo lleven (a Duarte) cuanto antes…’. Aparentemente nadie reaccionó tras esta declaración pública, porque[…] el jueves la cancillería de Guatemala hizo contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya con un tono de urgencia, de insistencia, de presión: llévense a Duarte ya. A través de canales de comunicación tanto formales como informales, la subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, María del Socorro Flores Liera, le contestó con ‘largas’ al canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales[…]. La urgencia de Guatemala por deshacerse de Duarte se debe a que consideran que la vida del ex Gobernador corre peligro en nuestro vecino del sur. Las áreas de inteligencia del gobierno guatemalteco, que coordina el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, concluyeron que el ex Gobernador ‘sabe demasiado’ y eso pone en situación de ‘peligro’ su vida en Guatemala. Por el Tratado de Extradición vigente, la nación que recibe al extraditable debe encargarse de su transporte, que en caso de ser por vía aérea, puede ser en un avión oficial o en uno de aerolínea privada. ¿Por qué el gobierno de México no trae a Duarte? […] ¿Será que no querían opacar la reunión Peña-Trump del viernes? […] ¿O quieren ganar tiempo porque temen que aquí quede libre? ¿Tienen bien armado el caso? ¿Por qué?”

Escape a la transparencia
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “en Sinaloa van de regreso en materia de transparencia. Ahora resulta que las bancadas de PRI, Nueva Alianza y Partido Sinaloense pretenden votar en su sesión de hoy reformas al artículo 37 de la Constitución local para eliminar la discusión de las cuentas públicas locales ante el pleno. Así empezaron Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y otros priistas de los que hoy reniega su partido, pero a la hora de este tipo de discusiones sus diputados locales los dejaron hacer y deshacer. Parece que Quirino Ordaz no aprendió la lección”.

Purga y sanciones.
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “en el PRD están por multar a, al menos, 20 militantes acusados de apoyar a otras causas, lo que ya originó enfrentamientos entre las tribus. Unos afirman que se debe castigar la traición, otros están dispuestos a apoyar la libertad de expresión de los militantes. La corriente Militantes de Izquierda que encabeza Carlos Sotelo advierte que defenderán a Pablo Gómez y Rey Morales. ‘Rechazamos la pretensión de cancelar los derechos partidarios a nuestros compañeros’, declaró. Dicen que el partido crearía la figura de delito de opinión, ‘es inadmisible, ilegal y antidemocrático’, dijo Sotelo. Para Francisco Martínez Neri, la traición, por estatuto, se debe de castigar. Esta es la auténtica autoaniquilación amarilla ni más ni menos”.

Redacción/SinEmbargo

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