María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, presentó ayer el informe de fiscalización elaborado al área de finanzas de la administración del ex Gobernador Mario López Valdez, en la que muestra las anomalías por más de 2 mil millones de pesos.
Por Gabriela Soto
Ciudad de México/Culiacán, Sinaloa, 11 de julio (SinEmbargo/Noroeste).- En una revisión a fondo que realizó la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a la Cuenta Pública de la administración del ex Gobernador Mario López Valdez se detectaron diversas irregularidades: desvío de recursos públicos, pagos con facturas apócrifas, retención de cuotas a trabajadores que no fueron enteradas y contratación de proveedores sancionados por el Gobierno federal.
En la presentación del informe de fiscalización elaborado al área de finanzas y que no incluyó los sectores de educación ni salud, la Secretaria de Transparencia, María Guadalupe Yan Rubio, dijo que por el desfalco de 2 mil 164 millones de pesos, el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel ya investiga a funcionarios malovistas.
En la auditoría de seis meses se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques; 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal; 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de pesos de gasto federalizado y no federalizado; 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras, y el cumplimiento de 700 proveedores con la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria.
COMPRAS APÓCRIFAS
Yan Rubio evidenció la realización de pagos, sin que existan documentos que acrediten la adquisición de bienes y servicios.
“(También) se identificaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto”, reveló.
Estas acciones transgreden la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
EL GRAN HOYO DE LA OBRA
El rubro de obra pública es uno de los que más registra irregularidades en el gasto.
Yan Rubio evidenció que encontraron 23 contratos que fueron modificados para incrementar el costo de la obra por arriba del 25 por ciento del total del precio original, que es el tope establecido en la Ley de Obras Públicas.
“En varios casos se observan incrementos mayores al 50 por ciento”, detalló.
“Lo que representa pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes del contrato”, manifestó.
También contrataron proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria, lo cual está prohibido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Obras Públicas.
Se ejecutaron traspasos de dinero a cuentas bancarias, sin justificar, detalló.
“Se realizaron traspasos no justificados entre cuentas, lo que generó que se adeudará a los contratistas más del 40 por ciento de la parte del pago de las obras contratadas, debido a que el Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aún así la obra fue recibida formalmente mediante acta de entrega-recepción”, mencionó.
“(También hubo) celebración de contratos de obra pública sin contar con los derechos de propiedad de los terrenos en que se ejecutaría la obra”, dijo.
Lo anterior es considerado un incumplimiento en los convenios de coordinación entre el Gobierno local con el federal.
“Al generarse esta irregularidad no se cumple el impacto y proyectos objeto de los convenios y deben reintegrarse los fondos, lo que produce además una afectación financiera al Estado”, advirtió.
“De una revisión a 671 contratos de obra pública, se detectaron faltantes de 58 actas de entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de la Ley de Obra Pública la obra no se considere legalmente entregada, lo que impide verificar si la obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas las especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma adecuada”, expresó.
Yan Rubio dijo que observaron traspasos de dinero no justificados de cuentas federales por 563.7 millones de pesos, con lo que no se cumple con la Ley de Contabilidad Gubernamental.
LO QUE NO ENTERÓ
Como ya lo había documentado la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia confirmó las retenciones de dinero de cuotas y aportaciones a los trabajadores, sin embargo no fueron enteradas al Instituto de Pensiones ni al Issstesin, de 2012 a 2016.
“Al cierre de 2016 se registra un pasivo acumulado por mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al Issstesin”, especificó.
“Generó un problema financiero para el Estado debido a que los recursos no enterados se destinaron a otros fines”, comentó.
SIN REGISTRAR
Cuando la Secretaría de Transparencia revisó la Cuenta Pública detectó que no coincidía con los registros de las cuentas bancarias.
“La diferencia (es) de 667 millones de pesos. De éstos, 594 millones de pesos corresponden al Banco Interacciones, lo anterior refleja una contabilidad que no presenta de forma veraz la información financiera del Gobierno del Estado, ya que es evidente que no se hicieron los registros contables… (conforme a la) Ley de Contabilidad Gubernamental”, detalló.
LAS ACCIONES
Por el desfalco de 2 mil 164 millones de pesos, el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel va contra los funcionarios malovistas, advirtió María Guadalupe Yan Rubio.
“Derivado de las irregularidades que se han detectado y ante el posible daño causado a las finanzas públicas del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha iniciado los correspondientes procedimientos de responsabilidades administrativas aperturando tres expedientes que importan mil 21 millones de pesos y que involucran a diversos ex servidores públicos”, subrayó.
“Se llamará a procedimiento de responsabilidades administrativas a otros ex servidores públicos sobre diferentes asuntos que involucran irregularidades administrativas y manejo indebido de recursos por más de mil 143 millones de pesos”, dijo.
LO REVISADO
– 841 cuentas de cheques
– 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal
– 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de pesos de gasto federalizado y no federalizado
– 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras
23
contratos fueron modificados para incrementar el costo de la obra.
$563.7 millones
es el traspaso no justificado de dinero de cuentas federales.
$1,934 millones
millones de pesos no fueron enterados al Instituto de Pensiones del Estado.
