En democracia, solo hay algo peor que los criminales, y es que los encargados de hacer valer la Ley sean los primeros en violarla. Pues bien, eso ha venido haciendo el Gobierno mexicano en su opaca y oscura negociación con la CNTE.

Los últimos días se hizo público que la Secretaria de Gobernación accedió a pagar a los maestros faltistas, así como a restituir a quienes no se presentaron a las evaluaciones de desempeño e incluso se habla de la probable liberación de los líderes detenidos. Todos eso privilegios a cambio de detener el estrangulamiento económico en que la CNTE tiene metido al sur del país.

La cosa no es para menos, los estragos en Chiapas, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Michoacán ascienden a 75 mil millones de pesos, un incremento del 2 por ciento en la informalidad laboral así como afectaciones directas en más de 8 mil 500 micro y pequeñas empresas, de acuerdo con datos de la CONCAMIN.

El conflicto está lejos de resolverse y ante la parálisis del gabinete económico para dar respuesta precisa a los empresarios afectados (un programa de apoyo, alguna exención fiscal, un estímulo económico… ¡algo!), el sector empresarial decidió hacer paros de labores tras las afectaciones económicas y sociales, al tiempo que Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, atreve algo inusual: interponer una denuncia contra el Gobierno Federal por su incapacidad para hacer valer su responsabilidad como garante del estado de derecho.

De manera increíble, el titular del SAT, Aristóteles Núñez fue claro y preciso al señalar que habría sanciones para los empresarios afectados que se atrevieran a declarar en ceros. “No se puede combatir una ilegalidad con otra”, dijo en la radio. Tiene razón, pero otra vez: exactamente eso hace el gobierno mexicano al negociar la ley con la Coordinadora Nacional mientras está chantajea, presiona y exige hasta lograr un trato exclusivo en el marco de la Reforma Educativa.

Peor aún, mientras la negociación camina, las declaraciones triunfantes de los líderes de las secciones de la Coordinadora van en el sentido de que la reforma de mayor calado que ha propuesto este Gobierno para el largo plazo habrá de “re-negociarse”. O sea, se habrá de hacer lo que la Coordinadora quiera y no lo que la Ley dicte.

Nadie tiene una respuesta para la solución del conflicto en el corto plazo. La propuesta reduccionistas de aplicar la Ley a rajatabla, despedir a los faltistas y meter al bote a los corruptos no funciona. Es más, no funcionó. Sólo pregúntele a Aurelio Nuño, un cadáver político en la Secretaría de Educación. Hacerlo así es desatender las históricas condiciones de pobreza y vulnerabilidad laboral en la que han vivido los maestros de la región sureste del país.

Más bien creo que en este punto de nudo gordiano, todos nos preguntamos ¿cómo es que un Gobierno Federal termina de rodillas ante un poder fáctico como la Coordinadora?

La respuesta la atrevo desde una idea que Carlos Elizondo propone en su libro “Por eso estamos como estamos”. Nos dice Carlos: el méxicano está cansado de que su gobierno le falle; que le falle en la seguridad, en la recolección de basura, en la burocracia más elemental, en la educación, en el empleo… por eso cuando al fin un ciudadano común tiene oportunidad de acceder al sistema de privilegios y beneficios, cuando encuentra una manera de participar de la burbuja oficial, entonces dice: ahora me toca a mí. ¡Ahora viene la mía!

Me parece que es el ejemplo perfecto de cómo un movimiento con tan pocos argumentos reales logra tal nivel de poder e influencia. Nos guste o no la Coordinadora es legítima. Esa región del país que ahora es el corazón de la estrategia de zonas económicas especiales, ha sido históricamente la más pobre del país. Por eso, aspirar a una plaza segura en el sistema educativo se volvió una de las pocas alternativas reales de movilidad social.

Y es legítima también en sus intereses porque durante años aprendió a vivir de meter un pie, una mano, el cuerpo entero en el sistema político mexicano. Si durante años fueron parte del músculo político de los gobiernos en turno, si durante años han sido el caldo de cultivo de los cacicazgos más anácrónicos, ¿por qué ahora el Gobierno Federal podría deshacerse de ellos? Se necesita mucho más que un plumazo en la Constitución.

Por eso, tras la presión y hechos tan lamentables como los de Nochixtlán, el Gobierno Federal tiene que rajarse y volver sobre sus pasos para solucionar el conflicto como sabe hacerlo: vía corrupción, opacidad y violación de la ley.

El Gobierno federal ya está pagando el costo político de esta situación y lo volverá a pagar cada año mientras no sea más congruente en la negociación política y mientras no encuentre el valor y la integridad para plantear un verdadero cambio de incentivos en la relación con la Coordinadora. Tiene precio, por supuesto. La pregunta es ¿quién quiere pagarlo?

Una pena porque mientras los empresarios pierden dinero, los productos no llegan a su destino y los servicios colapsan, hay una tragedia mayor y silenciosa que se repite a diario desde hace muchos años: cientos de miles de niños que reciben una educación mediocre. Una educación que no les alcanzará para nada en un mundo global y competido.

Como consecuencia de este mal equilibrio, México seguirá produciendo generaciones enteras de jóvenes que no podrán conseguir mejores empleos en el futuro porque sus competencias serán insuficientes para aspirar a posiciones de calidad.

Niños y niñas que repetirán las faltas de ortografía que sus líderes de la Coordinadora cometen en las pancartas de protezta. Niños y niñas cuyo máximo logro será pertenecer a ella. Eso ya lo vemos: niños orgullosos de participar en los bloqueos porque son parte de un Movimiento que no comprenden. Una pertenencia forzada no por la libre elección, sino por la necesidad: recibir una lana, heredar una plaza. Y por qué no, hasta convertirse en líder de sección.

Es una desgracia, una verdadera desgracia. Ojalá Osorio Chong piense en eso cuando se siente a negociar.

Adrián López Ortiz

https://www.sinembargo.mx/author/adrianlopez

Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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