Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Un puñado de supuestos familiares y militares retirados se manifiesta hoy en el Zócalo del Distrito Federal por las acciones judiciales en contra de soldados que, de acuerdo con el gobierno federal, ejecutaron a civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
El grupo Organización Humanista por el Progreso demanda que los detenidos, tres de ellos consignados, “también tienen derechos humanos”, como una sugerencia de que no se les ha seguido un debido proceso.
El grupo tienen planeado caminar a Los Pinos, donde entregará un pliego petitorio en el que también demanda que los militares puedan votar por el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena).
En días anteriores, un polémico movimiento comenzó a difundirse a través de las redes sociales. Con el hashtag #YoSoy26, algunos usuarios exigieron la liberación de los elementos del Ejército mexicano consignados por la matanza de 22 personas en Tlatlaya.
El enfrentamiento fue el 30 de junio pasado. Organizaciones civiles y testigos acusan a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas la de una menor de edad.
Después de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría militar reconocieron, que varios militares dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados, este movimiento comenzó a circular diversas imágenes donde convocaban a una marcha este sábado.
En Twitter y Facebook, varias personas comenzaron a utilizar el hashtag #yosoy26 con el que dan muestra de solidaridad a los soldados detenidos con las que llaman a “unir fuerzas” para apoyarlos.
Incluso en la página change.org ya existe una petición donde se lee: “Liberen a los militares consignados injustamente por hacer su trabajo en el caso Tlatlaya”.
“Por que esas personas eran criminales. No es justo que castiguen al soldado por matar criminales y al criminal no le diga nada al matar a un soldado. Es injusto que los encierren por hacer su trabajo solo para quedar bien. El pueblo de mexico exige la liberación de esos hombres, su restitución y un pago por los daños causados. Si dejamos que encierren a los militares por hacer su trabajo bien, entonces despues no nos quejemos por que el narco nos secuestra a un ser querido (sic)”, detalla la petición.
“LA EJECUCIÓN”
La revista Esquire reportó que el pasado 30 de junio, elementos del Ejército Mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero.
La versión oficial, emitida ese mismo día por la Sedena, afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Sin embargo, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, una testigo presencial del suceso, declaró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
Después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.
Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, al momento de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.
Después de la historia de la agencia de noticias, la Procuraduría General de Justicia (PGR) emitió un comunicado en el que aseguró que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.
