“La propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está absolutamente superada porque el problema tiene unas dimensiones mucho mayores”, declaró el domingo pasado Jaime Rochín, en su último día como Comisionado Presidente. Uno de los obstáculos fue el recorte al gasto público, que le implicó quedarse con 20 por ciento menos del personal. Especialistas en el tema afirmaron que Julio Hernández Barros, el nuevo dirigente, debe rediseñar la institución, ampliar la ayuda a víctimas de delitos locales y realizar un gasto eficiente, ya que hasta el momento ha habido un “inadecuado” y “poco transparente” uso de los recursos asignados anualmente. Él, en entrevista con SinEmbargo, definió algunos de los temas administrativos que tendrá que enfrentar en su encargo.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Jaime Rochín dejó el domingo la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y ayer el abogado Julio Hernández Barros, quien asesoró el movimiento del activista Javier Sicilia, tomó la batuta. Rochín reconoció durante su cargo que el órgano gubernamental está “absolutamente superado” y no tiene la capacidad para atender a todas las personas que requieren ayuda. Además, dado el ajuste al gasto público por 164 mil 077 millones de pesos, tuvo que recortar el 20 por ciento del personal a pesar de que su presupuesto ha ido en aumento desde 2012 por lo que, dijo, el área de Asesoría Jurídica Federal tiene sólo 60 abogados para atender a las víctimas de delitos federales de los 600 necesarios.

La Comisión tiene como principal objetivo, a partir del modelo integral a nivel federal y local, proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas de delitos federales y de violaciones a derechos humanos. Para eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le da un presupuesto anual de más de 900 millones de pesos; sin embargo, una gran parte se va a servicios personales y generales en lugar de destinarse al acompañamiento de las víctimas para que recuperen su proyecto de vida.

Ante ello, organizaciones de derechos humanos pidieron que la CEAV sea rediseñada para “que se ponga fin a la falta de coordinación, la excesiva burocratización y la indebida interpretación de la Ley entre los integrantes del órgano colegiado, y por lo tanto resulte en la efectiva atención y reparación de víctimas”, expusieron en un comunicado colectivo.

El mismo Rochín urgió hace unos meses la concreción de una nueva reforma a la Ley General de Víctimas, para “desburocratizar” la atención.

Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, uno de los organismos civiles firmantes, afirmó en entrevista que “la CEAV es un órgano completamente ineficaz que no ha cumplido con su objetivo de garantizar el acompañamiento a las víctimas”.

“Hay un desorden burocrático y una fractura interna entre los cuatro comisionados. Cada uno tiene sus cuotas de poder y las áreas operativas que dependen de ellos obedecen a los conflictos de cada uno”, añadió Gutiérrez.

El especialista en derecho penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Octavio Martínez Camacho, expuso a este medio que el principal problema del CEAV es que su campo de acción está limitado, ya que su objetivo es atender solo a las víctimas de violación de derechos humanos y de delitos federales, lo cual excluye a las de delitos estatales.

“Es necesario que haya un solo concepto y no distinguir entre víctimas de delitos federales y locales. Por otro lado, debe haber una excelente coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con las estatales. El informe del Colmex [Colegio de México] “En el desamparo” critica a la CEAV porque hubo nula atención y en los puntos en que intervino fue muy lenta”, dijo el también catedrático de la Universidad Iberoamericana, de donde egresó el actual comisionado presidente, Julio Hernández Barros.

Ayer, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) votó por unanimidad su designación como nuevo presidente.

“Estar al frente de la CEAV representa un gran reto y un enorme compromiso con las personas que han sido víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos, pues se trata de visibilizar a quienes no se les ve, darle voz a quienes han sido silenciados y ayudar a quienes su proyecto de vida ha sido truncado”, dijo Hernández Barros en su toma de protesta.

En entrevista con SinEmbargo, el nuevo Comisionado Presidente reconoció ambas recomendaciones.

“Presentamos a la Secretaría de Hacienda para el Presupuesto 2017 la presencia de la CEAV en toda la República, pero no sólo eso: también que haya subdelegaciones en las principales ciudades del país. Estamos pensando en tener 32 delegaciones y más de 40 subdelegaciones”, afirmó Hernández.

“En la cuestión de atraer casos del fuero común, la Ley General de Víctimas da esa posibilidad pero reglamentariamente nos encontramos limitados. Eso no requiere de una reforma legal sino del reglamento de la Ley General de Víctimas”, expuso.

Para el abogado Octavio Martínez, “es un nombramiento acertado. Conozco a Julio Hernández Barro”, “La CEAV, hasta cierto punto se creó por el movimiento de Justicia y Dignidad de Javier Sicilia. Julio Hernández fue asesor jurídico y el abogado del movimiento. Estuvo muy de cerca del problema de las víctimas. Eso le da bastante legitimidad y calidad moral respecto a la relación directa con la víctima. Hoy se necesita entablar diálogos con las víctimas, lo cual no lo ha tenido la CEAV hasta este momento. En segundo punto, Julio es especialista en materia penal y amigo de Santiago Corcuera Cabezut, presidente de la Comisión de Desaparecidos de la ONU, lo cual puede generar un buen eje en cuanto al tema de los desaparecidos”.

Sin embargo, I(dh)eas –organización especializada en la documentación y acompañamiento jurídico de violaciones graves a derechos humanos– consideró que  ninguno de los cuatro comisionados al frente debería asumir la dirigencia de la CEAV.

“I(dh)eas apoya la reforma a la Ley General de Víctimas que se está discutiendo en el Senado para retomar una propuesta de grupos de víctimas y de la sociedad civil que piden que sea un organismo unipersonal, lo cual garantiza que el titular sea designado consultando a las víctimas y que su cargo sea al nivel de PGR [Procuraduría General de la República]. Tambien que sea imparcial, independiente y legitimado. El problema es la estructura actual es que, en cuatro años, se comprobó que cuatro comisionados en funciones son inoperantes por los conflictos internos que impiden los objetivos”, justificó su dirigente Juan Carlos Gutiérrez.

¿NO TIENE PRESUPUESTO? 

Madres de desaparecidos en Coahuila durante la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas aseguraron ayer en la presentación del informe “En el desamparo” que las autoridades, entre ellas la CEAV, no las atienden porque, argumentan, no tienen presupuesto ni personal. No obstante, los especialistas consultados afirmaron que el órgano administra mal los más de 900 millones de pesos que recibe anualmente.

La CEAV está integrada por un comisionado presidente y cuatro comisionados, quienes ganan 125 mil pesos mensuales. Tiene delegaciones en 15 de los 32 estados del país: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, cada una con apoyo en psicología, trabajo social, y con un médico y abogado.

Tiene comisiones sobre la violencia sexual, secuestro, no discriminación, registro nacional de víctimas, personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, secuestro, detención arbitraria, tortura, personas víctimas de homicidio, y de violencia familiar. Además, una comisión de asesoría jurídica y cuenta con un Fondo de ayuda, Asistencia y Reparación Integral que fue dotado de mil 500 millones de pesos entre 2014 y 2016.

A lo largo de sus cuatro años en función, el presupuesto que recibe ha ido en aumento. En 2012 contó con 80 millones de pesos, de los cuales 36 millones 910 mil pesos ocupó en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Para 2015 le dieron 957 millones 993 mil 409 pesos, un 1097 por ciento más. Sin embargo, solo empleó 502 millones 938 mil pesos en ayuda a víctimas y el resto en servicios personales, generales o materiales. Por ejemplo, gastó 8 millones 125 mil pesos en lavandería, limpieza e higiene…

El Comisionado Presidente de la CEAV, Julio Hernández Barros, aclaró a SinEmbargo esos datos.

–Nosotros tenemos dos presupuestos. Hacienda no nos dio el año pasado 900 millones de pesos, sino 400 millones. Los otros 500 millones de pesos van a engrosar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación que es exclusivo para el uso de las víctimas. Del presupuesto corriente de los 400 millones prácticamente la mitad se va en gastos de atención a víctimas: traslados, gastos hospitalarios, medicinas, alimentos… no relacionados con la operación de la CEAV.

–¿Entonces, por qué gastar 8 millones de pesos en servicios de lavandería, limpieza e higiene o un millón en jardinería?

–Entre nuestro activo se encuentra el Memorial a Víctimas –que está ubicado en el Campo Marte en Chapultepec– y una de las medidas que contiene la Ley General a Víctimas son las medidas de satisfacción, las cuales van pendientes a lograr que la víctima encuentre cierto sosiego y paz después de haber sufrido un delito o violación a derechos humanos. ¿Cómo se hace eso? A través de perdones públicos o reconocimientos con monumentos o memoriales que recuerden a las víctimas. En el caso del Memorial a Víctimas, como todo espacio dedicado a las víctimas, procuramos mantenerlo en las mayores condiciones de calidad porque las víctimas se merecen medidas de satisfacción dignas. Ahora, servicios de lavandería francamente esta CEAV no tiene, a reserva de checarlo con mi administrativo.

–En la misma página de la CEAV, en la parte de presupuestos por años, viene: 8 millones 125 mil pesos en servicios de lavandería, limpieza e higiene en 2015…

–Muchos de esos presupuestos a lo mejor tienen que ver con los servicios de limpieza. Tenemos 16 delegaciones y hay un contrato para la limpieza y mantenimiento que se les da a las instalaciones. Es un espacio digno, limpio y con mantenimiento para las víctimas. Tenemos baños para personas con discapacidad en cada piso, todos funcionan, tienen papel de baño y jabón. Por supuesto que eso no tiene que ver con un lujo, sino con dignidad mínima que cualquier víctima merece.

–¿Entonces no se le hace incongruente 8 millones?

–Francamente no si ves que tenemos 16 delegaciones y que habría que ver exactamente en qué se gastó ese dinero porque no se gastó en lavar nada. La Secretaría de Hacienda permite que año con año cada rubro se cambie y muchas veces está etiquetado con un rubro, pero se utiliza en otro que sea mucho más prioritario.

En diciembre del año pasado, legisladores y organizaciones sociales denunciaron en el Senado que de 5 mil 84 denuncias que recibió ese 2015, el organismo sólo había atendido a 89 víctimas.

El Comisionado Presidente, Julio Hernández Barros, aseguró que son datos falsos.

“En la CEAV estamos atendiendo actualmente a por lo menos 3 mil víctimas de desaparición. Las tenemos en el registro nacional de víctimas. Tan solo en Iguala tenemos 400 familias de desaparecidos que yo personalmente los atiendo [era comisionado del área de desaparecidos]. En Chilapa se atienden a más de 100 familias. En Veracruz a un centenar de víctimas y en Coahuila a 400”, enlistó.

Además, cuestionaron los legisladores y organizaciones, disponía de mil 28 millones de pesos para apoyo inmediato, compensación y reparación durante 2015, pero hasta octubre solo había destinado 33 millones de pesos. El resto, casi mil millones, “los colocó en inversiones bancarias” que les redituaron 24 mil 500 millones de pesos.

“Es dinero que está allí, pero no se ha ejecutado. No hay claridad ni una administración efectiva. El manejo presupuestal es poco transparente”, declaró el director de I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez. “El Fondo de Atención tiene un subejercicio de aproximadamente un 90 por ciento. Eso implica revisar las causas que pueden ser temas burocráticos o falta de asignación de recursos”.

El académico Octavio Martínez Camacho coincidió en que “es una inadecuada designación del presupuesto” porque debe destinarse principalmente “al fortalecimiento institucional, es decir, que tenga presencia en todos los estados, y que los fideicomisos no solo se designen a la reparación del daño, sino al seguimiento. Es muy poco el número de reparación”.

En conclusión, ambos expertos consultados esperan que la reforma a la Ley General de Víctimas se apruebe pronto para que se retome el sentir de las familias y de las víctimas; que el Senado abra foros y discusiones con las familias para que puedan realizar observaciones desde su experiencia y que este proyecto retome que la CEAV sea independiente y autónoma.