El patrimonio de más de 30 familias que habitaban el 304 y 308 de la calle, Delegación Benito Juárez, está en riesgo tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Ancianos, jóvenes, oficinistas y niños fueron desalojados y sólo han podido regresar por sus pertenencias en tres ocasiones.
Hoy no saben qué pasará con los inmuebles: las autoridades no han determinado si las construcciones serán demolidas o rescatadas y han dado peritajes contradictorios.
Los vecinos lamentan que puedan perder los bienes logrados en toda una vida y temen que la ayuda gubernamental no les llegue, “Mancera ofrece créditos, pero somos personas de tercera edad, ¿nos otorgarán créditos a nosotros?”, se pregunta la señora Luisa, quien vivía en un departamento del 304 de Nicolás San Juan desde hace 40 años.
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Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Luisa, Ángela, Andrés y Ana, como muchos de sus vecinos de los edificios del 304 y 308 de la calle Nicolás San Juan, en la Delegación Benito Juárez, llevan ahora más de 22 días fuera de casa. Y desde el 19 de septiembre, cuando fueron desalojados por el sismo, sólo han regresado en tres ocasiones, durante no más de quince minutos, para tomar algunas de sus pertenencias.
Hoy viven en la incertidumbre, porque a poco menos de un mes del sismo, no saben si sus hogares serán demolidos o rescatados. Y así como el temblor que desmoronó, hundió e inclinó sus edificios, la falta de un dictamen por parte de las autoridades capitalinas abate los ánimos de estos damnificados.
Los inmuebles 304 y 308 eran el hogar de cerca de 35 familias.
El temblor también dañó el edificio de oficinas del 314 de Nicolás San Juan, que colinda con los departamentos dañados.
Las tres edificaciones, que tienen más de cuarenta años de existencia, hoy están en la cuerda floja debido a que están inclinados o sufrieron graves daños.
El Gobierno capitalino, encabezado por Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que las personas cuyo hogar resultó dañado o colapsado podrían pedir un apoyo de entre 3 mil y seis mil pesos para la renta.
Además, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron que desde esta semana iniciarían la entregarán “créditos blandos” de 2 millones de pesos a familias que quedaron sin hogar.
Con un fondo de 4 mil millones de pesos, los afectados tendrán que pagar el 9 por ciento de esa cantidad, es decir, 180 mil pesos en un plazo de 20 años.
A pesar de los anuncios de las autoridades, los vecinos tienen sus reservas.
“Adónde me voy, ya teníamos un patrimonio, ya no debíamos nada, y de repente, ¡pum! No tienes nada. ¿Qué va a pasar? Nosotros ya vamos de salida […], ya no estás con ese ánimo de un préstamo, de pagar un departamento, ya no”, dijo Ángela dueña de un departamento del 308, de 57 años.
“Queda atenerse a Dios. ¿Cuánto te van a dar [el Gobierno]? No lo que vale, y aunque te dieran la mitad del costo original, ¿a dónde vas a comprar ahorita con lo que te den?”, cuestionó.
Para la señora Luisa, fundadora del número 304, las medidas de los gobiernos federal y local tampoco son esperanza: “Mancera ofrece créditos […], pero somos personas de tercera edad, ¿nos otorgarán créditos a nosotros?”.
Mientras la situación queda resuelta, para los vecinos de la Del Valle todo es “volver a reconstruir otra vez tu vida y tus planes porque no hay de otra”, como dijo Ana del 308, quien ahora, a sus 57 años, vive con su hija y su esposo en un pequeño departamento.
LA CERTEZA QUE NO LLEGA
Los damnificados reclaman que pasado casi el mes aún no hay una evaluación final acerca del destino de las construcciones .
“No han hecho una evaluación correcta […]. Todos son dimes y diretes; trámites burocráticos y no hay un dictamen definitivo. Hay dos dictámenes contradictorios: uno que dice que no tiene nada y otro que está en riesgo de colapso. Así. Entonces dices: ‘¿Qué tenemos? Nada’. ¿Y qué vamos a esperar? A que realmente se haga una revisión definitiva”, reclamó Ana.
Los arquitectos e ingenieros que apoyan a la Delegación calculan meses para determinar a fondo el estado de los edificios. “La base de un proyecto de reforzamiento tardará un mes cuando menos. Si son cuatro meses [en total] sería un tiempazo”, dijo el ingeniero Mario Oñate, quien se reunió con ellos este martes.
“El problema es lo que hicieron los peritos el día del terremoto; fueron cuatro inspecciones visuales. Lo que estamos pidiendo ahorita son evaluaciones a mayor profundidad para tener un diagnóstico más fidedigno de lo que está pasando”, añadió el joven Andrés, hijo de la señora Luisa.
Los vecinos coinciden en que el dictamen que peritos y autoridades den al edificio 304 -el eslabón más débil de esta cadena de cemento- sellará el destino de las demás construcciones debido a que su inclinación ejerce presión a los otros edificios, además de que du demolición podría tener consecuencias considerables para las construcciones aledañas.
“Si tienen daños de penetración en las lozas, porque es un sistema de loza plana o aligerada, pues ahí es otro tema completamente diferente a si están dañadas las columnas. Si lo que está dañado son las lozas, ahí sí conviene demoler”, explicó el ingeniero civil Emilio Sordo, quien a través de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) apoya a la Delegación con las revisiones.
El ingeniero civil Emilio Sordo, el Dr. Oscar González Cuevas (UAM), Mario Oñate, y otros especialistas coincidieron en que hay temas prioritarios: “Lo primero que se debe de hacer es un apuntalamiento para que las personas pasen por sus cosas. Después tendrían que quitar el aplanado para revisar el concreto, el alma del edificio. Con base en ello podrían decir lo que sigue: reforzamiento o demolición”, dijo el ingeniero Oñate.
Luego seguirán estudios de topografía, mecánica de suelo, modelos estructurales, entre otras medidas pendientes.
Sin embargo, estos análisis son caros. Y de acuerdo con el testimonio de varios de los residentes, al principio “un Diputado” les prometió ayuda con el costo monetario de las revisiones. Nunca se dio y luego de cotizar hasta en seis ocasiones, los habitantes de los tres edificios investigaron que les costaría cerca de 460 mil pesos obtener un dictamen profundo de uno sólo de los edificios.
Los residentes de la calle Nicolás San Juan se quejan de algunos abusos, entre los que cuentan la falta de asesoría y la mala información por parte de la Delegación Benito Juárez, además del cuestionable permiso para construir pisos adicionales -como en el caso de dos niveles en el número 308- que ahora están ocasionando problemas.
“Vas a la Delegación y no hay gente que te de asesoría […]. No hay nada. No hay un seguimiento. Una acción”, explicó Diana Flores, vecina de la zona. Inclusive “te mal informan, y cuando dicen que hicieron evaluación no hay quien te muestre la información. No estaban preparados [para la contingencia]”, comentó.
Los vecinos también ya adelantan escenarios. Si se repararan los edificios y ,en caso de que así lo decidiera la mayor parte de los vecinos, se vendieran, tendrían que estar seguros de que la construcción cumple con las normas de seguridad, porque “de otro modo es un crimen”, comentaron varios.
“No queremos que se exponga nadie más; ni nosotros […]. Sin necesidad de ser peritos: [el edificio] inclinado, hundido ¿vas a vivir tranquilo? Por supuesto que no, pero tampoco quieres que alguien más lo viva”, aseveró Ana.
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