Enrique Peña Nieto prometió cambios al arribar a la Presidencia en 2012. Entre ellos estaba la profesionalización de las policías, encaminada al respeto por los derechos humanos. Pero, a un año de que el mexiquense deje su cargo, esa promesa está lejos de cumplirse. Por el contrario, episodios de abuso policiaco se acumulan.

A los enfrentamientos del 1 de diciembre de 2012, el mismo día en que EPN tomó posesión, y que derivaron en la muerte del activista Juan Francisco Kuykendall Leal, se suman el desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Zócalo capitalino en septiembre de 2013; el ataque por parte de policías municipales de Iguala a un centenar de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, y un largo etcétera.

“El Estado mexicano odia resolver por la vía de la concertación política conflictos. Es decir, hay un estado cerrado a poder dialogar y a poder construir consenso político, sobre todo temas de la población. Por un lado dice que se compromete con los derechos humanos, pero por otro lado, para resolver los conflictos, hay una escalada del uso de la violencia”, expuso Carlos Ventura, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– El exceso del uso de la fuerza, la mano dura y los crímenes de lesa humanidad por parte de corporaciones policíacas han marcado las dos administraciones que el mexiquense Enrique Peña Nieto ha tenido bajo su responsabilidad: primero a nivel local, como Gobernador en el Estado de México, con los ataques en Atenco en 2006, y después, ya como Presidente de México, en la tragedia de los normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014.

En México en paz, la primera de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se determinó que para combatir la inseguridad y la violencia en el país, era necesario comenzar desde “la prevención del delito y el cambio institucional de las fuerzas de seguridad pública, con el propósito de construir policías profesionales”.

“Así el Gobierno entrante adoptó una retórica en la que los pilares fundamentales eran la planeación, la prevención del delito, la protección y respeto de los derechos humanos, la coordinación, la transformación de las instituciones policiales, de procuración y la evaluación”, plantea el informe Perpetuar el fallido modelo de seguridad del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

¿Cómo se lograría? Se planteó la creación de una gendarmería nacional; de unidades policiales que estuvieran especializadas en el combate al secuestro y a la extorsión, y un Programa Nacional de Derechos Humanos. Además, serían destinados más de mil millones de dólares a acciones de prevención del delito.

Sin embargo, ya en la práctica, en las calles, cerros, campos y playas, se continuaron con los formatos implementados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La atención a las intervenciones militares en temas de seguridad se impuso en un país sumergido en 2012, año en el que Peña tomó el poder, en “una espiral de delincuencia y violencia”.

La profesionalización de los policías quedó en segundo término. Mejor se continuó con la apuesta a los gases, balas de goma, toletes, golpes, patadas, mecanismos de actuación, que no están avalados por organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos, con el fin de desactivar el descontento social.

En algunas zonas del país, como en Tamaulipas, los esfuerzos de capacitación eran hasta hace algunos años imposibles, pues los policías, por las condiciones, estaban (y probablemente siguen igual) orillados a permanecer en las nóminas de los cárteles, señaló Pedro Iniesta Medina, quien se especializó en temas sobre el estado ahora gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca.

San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006. Foto: Cuartoscuro.

2006, 2012, 2013, 2014…

Los casos denunciados frente a instancias nacionales e internacionales se acumularon en los bolsillos de Peña. Ya no sólo era Atenco. Se tenía que agregar el primero de diciembre de 2012, cuando protestas por la toma de posesión del priista derivaron en la muerte del activista Juan Francisco Kuykendall Leal; el desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo capitalino en septiembre de 2013; el ataque por parte de policías municipales de Iguala a un centenar de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, etcétera, etcétera.

“Nosotros identificamos, sobre todo después del 1 de diciembre del 2012, un uso de la fuerza excesiva [por parte de policías federales y locales], de acuerdo con estándares de la Organización Mundial de las Naciones Unidas”, dijo Carlos Ventura, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

“Hemos tenido, desde el 1 de diciembre de 2012 hasta este 2017, escenas que evidencian las violaciones de policías federales, estatales y municipales. Es un escenario generalizado. Pero no es algo que sólo haya pasado en estos cinco años. Peña Nieto tiene 12 años haciendo uso de la fuerza y mano dura. Hay que recordar que él, como Gobernador del Estado de México, tuvo que ver con la represión en Atenco”, denunció.

Una autoridad que viola derechos humanos debe ser sometida ante las autoridades, sin embargo, México vive en un escenario de impunidad generalizada. “Una receta”, en la cual los funcionarios no son castigados y, en el mejor de los casos, se sanciona, en el mejor de los casos, a los policías de primer nivel, es decir, a los agentes que participaron, no a los jefes, secretarios o gobernadores que ordenaron los operativos.

“El Estado mexicano odia resolver los conflictos por la vía de la concertación política. Es decir, hay un Estado cerrado al diálogo y a poder construir consensos políticos, sobre todo en temas de la población. Por un lado dice que se compromete con los derechos humanos, pero por otro , para resolver los conflictos, opta por el uso de la violencia”, señaló Ventura.

Protestas derivaron en la muerte del activista Juan Francisco Kuykendall Leal. Foto: Cuartoscuro.

Una marca sexenal: 43 normalistas desaparecen en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014. Foto: Cuartoscuro.

“ENTRENADOS (Y ORILLADOS) PARA DESTRUIR”

“La mayoría de los que dirigen (a los policías) son gente que está entrenada para destruir y no para ayudar a la población. Al tener ese tipo de entrenamiento lo que va a pasar es que van a violar los derechos humanos de la gente”, explicó Francisco Cerezo Contreras, coordinador general del Comité Cerezo México.

Los funcionarios detienen, torturan, encarcelan, y ningún policía ha sido acusado, investigado y mucho menos sancionado por todas la violaciones de derechos humanos que han cometido en este sexenio, de acuerdo a información del activista.

“Para que la violación de derechos humanos funcione tiene que haber el complemento, es decir, la impunidad. Si un policía es sancionado por violar un derecho humano, a nadie le van a dar ganas de violar otro derecho humano. Es decir, tiene que haber un permiso de un mando superior para que lo hagas de manera impune”, explicó Cerezo Contreras.

REMUNERACIÓN Y APOYOS INSUFICIENTES

Los policías son, en la mayoría de los casos, el primer contacto que tiene un ciudadano que enfrenta un delito con la autoridad. Son fundamentales en los procesos de investigación y en el desarrollo de las carpetas, sin embargo, su imagen está manchada a nivel nacional no sólo por casos de uso de la fuerza, sino por la extorsión, la corrupción y demás crímenes en los que se han visto inmiscuidos.

Gabriela Capó, directora de Insyde, organización que ha trabajado durante 15 años por la reforma policial democrática, matiza, con respecto a la percepción de la gente sobre los uniformados y la falta de confianza: “no todos son corruptos. Hay gente preparada”.

De acuerdo a Insyde, es necesaria la capacitación, la remuneración suficiente, el apoyo por parte de las instituciones, y la relación de los policías con la sociedad, la cual se halla lacerada.

“Gobierno debe ser trabajando en darnos la policía que necesitamos y nos merecemos. Tema que no debe quedar a nivel de promesas”, señaló Capó.