A pesar de que a través del voto la ciudadanía ha manifestado ya su rechazo a los gobiernos corruptos, sean del PRI o de otros partidos, la resistencia a un cambio de fondo en la lucha contra la corrupción de da desde los institutos políticos, los legisladores y el propio Gobierno federal, afirma el investigador José Antonio Crespo. La muestra, dice, son las “zancadillas” que la clase política, sobre todo la más privilegiada, le ha dado al futuro Sistema Nacional Anticorrupción.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– A la ciudadanía mexicana le tomó décadas colocar el combate a la corrupción política en el centro de la agenda pública, dice el historiador e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), José Antonio Crespo.
Una vez alcanzado el propósito de contar con instituciones que garantizaran la limpieza electoral, dice el autor de diversas obras sobre el tránsito mexicano a la democracia, pasaron más de 25 años para que en el país se generara una demanda masiva de castigo al abuso del poder gubernamental.
En 2016, sin embargo, observa, el resultado de las elecciones del 5 de junio, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayor cantidad de gubernaturas de su historia –siete de 12 disputadas ese día–, envió un mensaje que los partidos parecen haber recibido: la corrupción política ya no se tolera, y se puede castigar en las urnas.
“Como que ‘cayó el veinte’ de decir: ‘necesitamos hacer algo más, porque la pura alternancia o limpieza electoral no se tradujo en la otra parte (…) que es el combate a la corrupción”, dice Crespo, entrevistado sobre el contexto en el que se presenta el proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Entonces, ahora hay que presionar, hay que manifestarnos enojados, hay que votar con ese sentido. Ya que logramos que pueda haber pluralidad y alternancia, pues hay que usar el voto para expresar eso, y eso fue lo que se vio este año (…) Y creo que el mensaje ha sido tan contundente, que la clase política ya lo recibió”, agrega.
La resistencia a un cambio de fondo, dice, es manifiesta, ya que mientras los dirigentes de los partidos aseguran que no permitirán a los corruptos, el Gobierno federal y los legisladores le dan “zancadillas” al futuro Sistema Nacional Anticorrupción.
Un ejemplo, recuerda, fue el nombramiento del ex Senador priísta Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República y la posibilidad que tuvo de ser el futuro Fiscal General.
Otro, la justicia selectiva que “sacrifica” al ex Gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa –prófugo de la Procuraduría General de la República (PGR)– y, al mismo tiempo, sostiene al ex mandatario coahuilense Humberto Moreira Valdés –ahora incluso “auto destapado” como aspirante a una diputación local en 2017.
“Pareciera que todos los partidos no están tan interesados y dispuestos a combatir la corrupción, porque, en mayor o menor medida, todos se benefician de ella, o se han beneficiado”, dice Crespo, autor de títulos como “Fronteras Democráticas en México” y “Fundamentos Políticos de la Rendición de Cuentas”, entre otros.
Pero, como ocurrió en el caso de Cervantes Andrade, a cuyo nombramiento se han opuesto decenas de organizaciones de la sociedad civil que cuestionan su priismo, la responsabilidad ciudadana es vigilar las simulaciones y presionar para que las instituciones funcionen, dice.
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–¿Cuál es su análisis sobre el contexto que rodea la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, con la fuga de Javier Duarte, los ex gobernadores señalados..?
–Creo que la preocupación está en la sociedad, el tema sí está. Pasó mucho tiempo antes que la gente, no es que no le diera importancia, es que como que se decía que no había nada que hacer, como que estaba absolutamente resignada a que no participaba en lo político. Y, en los últimos años, pareciera que para muchos sí se puede hacer algo, presionar, exigir: ‘vamos a manifestar nuestro descontento como podamos’, como que eso ha cambiado en los últimos, yo diría, dos o tres, en la ciudadanía a sí darle más importancia al tema y decir: ‘es que ya no lo vamos a tolerar’, por lo menos no tanto como antes. Eso sí ha cambiado, y eso, al mismo tiempo, como que sí se ha recibido en la clase política el mensaje de decir: ‘a ver, aquí no nos podemos hacer totalmente patos con este asunto, como que le hemos dado la vuelta durante décadas’, y no sólo en el PRI, sino también los partidos que llegaron después, pero ‘ya no podemos hacer como que no pasa nada, tenemos que hacer algo’.
–¿A qué le atribuye que ahora haya más atención al tema de la corrupción, más enojo?
–Más bien lo que yo preguntaría es por qué pasó tanto tiempo sin que se le diera tanta importancia. Todos sabemos el daño que hace y además era uno de los propósitos esenciales de la democracia. Pero la ciudadanía, en general, tarda en reaccionar un poco más que las élites políticas o periodísticas. Entonces, como que la democratización se centró durante mucho tiempo en la elección; es uno de los aspectos de la democracia, sin duda, el acceso al poder, pero obviamente, lo otro importante que faltaba es el combate a la corrupción, el fin de la impunidad. Entonces, como que nos pasamos unas dos décadas, quizá un poco más, concentrados nada más en la parte electoral. Claro, porque tampoco la teníamos. Ahí empieza el Instituto Federal Electoral, que va cambiando; llega la alternancia y, hasta después de que pasó mucho tiempo, dijimos: ‘¿qué no se supone que con la alternancia se iba a combatir la corrupción? Pues no ha pasado, y llevamos 25 años de alternancias estatales y no ha pasado’. Entonces, como que ‘cayó el veinte’ de decir: ‘es que necesitamos hacer algo más, porque la pura alternancia, o limpieza electoral, no se tradujo en la otra parte; como que ayuda a la democracia en general, sirve, pero no es automático, no se tradujo en la otra parte que es el combate a la corrupción; entonces, ahora hay que presionar, hay que manifestarnos enojados, hay que votar con ese sentido. Ya que logramos que pueda haber pluralidad y alternancia, pues hay que usar el voto para expresar eso, y eso fue lo que se vio este año. Ha habido algunas otras elecciones donde hubo alternancia, y parte de la razón podría ser la corrupción de los gobiernos priistas, pero, junto con un hartazgo, deseos de cambio, en fin, pero ahorita ya se ha concentrado más en decir: ‘sí, es la corrupción lo que está moviendo más el voto’, y creo que el mensaje ha sido tan contundente, que yo creo que la clase política ya lo recibió. Lo que pasa es que, de todas maneras, percibimos a veces como que la clase política dice: ‘vamos a hacer como que hacemos algo; ya no nos podemos quedar así como en las nubes, porque la gente ya está en ese tema, nos está exigiendo, nos está castigando, nos está presionando, bueno pues nosotros realmente no queremos que se acabe la corrupción’, esa es la impresión que nos da: que los políticos dicen: ‘vamos a hacer como que sí, pero nos hacemos medio patos, y aquí agárrate a uno o al otro’; muchas declaraciones contra la corrupción, pero a la mera hora prefieren ‘el sistema éste, si lo tenemos que instalar, vamos a meterle zancadillas, vamos a desvirtuarlo desde ahorita’. Y pareciera que, con algunas diferencias en algunos partidos, algunos se toman más en serio esto, otros no, pero en general pareciera que todos los partidos no están tan interesados y dispuestos a combatir la corrupción, porque en mayor o menor medida todos se benefician de ella, o se han beneficiado.
La sociedad lo que está haciendo, los medios, la opinión pública, las encuestas, los organismos cívicos especializados que están muy pendientes, es como estar vigilando y decir: ‘te estás desviando’, o ‘aquí me quieres ver la cara’, como para ir corrigiendo. Y eso es lo que hemos visto: se nombra a Cervantes como procurador, con posibilidades de ser el Fiscal General y, entonces dices: ‘oye, ¿por qué los senadores lo dejaron pasar tan fácil y tan rápido, si para eso están? No es necesariamente un nombramiento del Presidente; el Senado debe estar ahí como filtro y lo dejaron pasar casi sin discutir’. Es decir ¿a qué arreglos llegaron? Entonces viene la presión de la opinión pública, el reclamo y entonces el Presidente dice: ‘OK, que no sea automático, a lo mejor puede ser Cervantes, pero tiene que concursar como los demás’. Es decir, si no hay esta presión ciudadana, que se expresa primero en los medios, en los artículos o comentarios televisivos y radiofónicos, y la parte de la opinión pública más interesada lo refleja, y es entonces que de pronto los partidos dicen: ‘sí, ni modo, vamos a tener que ceder por aquí’. Entonces, ahí vamos en eso. Pero pareciera que ellos están completamente en la intención de desvirtuar el Sistema Nacional Anticorrupción tanto como se pueda, para que quede nada más en el cumplimiento de un requisito burocrático que no funcione bien ni a fondo porque a ellos les afecta sus intereses, así lo estamos viendo. Dice el Presidente: ‘a ver, que pase Cervantes; ah, mira, pues no pasó; bueno, pues lo cambiamos’. Y eso puede seguir pasando, por ejemplo, en el reparto de cuotas. Creo que hay 30 o veintitantos candidatos a ser Fiscal anticorrupción, y lo van a nombrar los partidos de nueva cuenta, a través del Congreso. Bueno, se puede volver a prestar a las cuotas, y así hemos visto cómo afecta las instituciones autónomas, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se partidizan y ya perdieron para efectos prácticos autonomía, o una buena parte de su autonomía. Y dices: están respondiendo a intereses de los partidos.
–Y a coyunturas electorales…
–Claro, lo hacen todo con propósitos políticos y electorales. Es decir: ‘de tener que hacer como que hacemos, porque, si no, entonces sí el castigo es peor, y si además algún partido por ahí se nos adelanta con el discurso anticorrupción, pues entonces, si no hacemos nada, nos van a rebasar; entonces, hay que hacer como que hacemos, y ver qué tanto se convencen los ciudadanos de que algo estamos haciendo. Pero, al mismo tiempo, hay que hacerlo lo peor posible para que no funcione’. Es un juego, como en muchas cosas que hemos visto antes, de decir: ‘sí tenemos que hacer como que hacemos, pero tratando de desvirtuarlo para que no sea eficaz, porque afecta nuestros intereses”.
–Para que en los hechos no se cambie…
–O por lo menos no tanto, o que se pueda disimular, o que ellos puedan controlar qué sí pasa y qué no pasa, etcétera, pero no con una autonomía real, con algo que sea eficaz para combatir la corrupción, porque ellos no quieren renunciar a los beneficios de la corrupción, porque todos, en mayor o menor medida, se benefician de ella. Tal vez los partidos que menos acceso tienen a la corrupción son los más combatientes, porque no tienen el acceso, o no tanto. Pero es lo que estamos viendo; así lo interpreto: tienen que hacer algo porque el tema ya está ahí, porque hay castigos electorales y porque si los partidos no hacen algo, algún partido sí lo va a decir, y eso es capitalizar, decir: ‘bueno, hay que hacerlo, pero tratando de que no funcione, o que funcione lo menos posible”.
–¿Es otra simulación?
–Ellos tratan de que funcione lo menos posible, de que, a final de cuentas, ellos tengan el control de sus aparatos e instituciones, para usarlos en su beneficios para protegerse, y lo estamos viendo con la Ley de Archivos, claramente, pues no quieren que se conozca todo lo que ha pasado. Obviamente, lo que les preocupa más en términos de transparencia y de combate a la corrupción es que no se sepa, porque seguro tienen una cantidad de irregularidades, de gente que incluso aún esté vigente; ‘que lo que pasó en los último 20 años no se sepa porque ahí estamos nosotros metidos’, y ahí están parece que muy firmes, porque, eventualmente, si ellos se salen o pierden el control de sus aparatos de corrupción o lo que sea, y ahí está registrado todo lo que hicieron mal, pues no quiere no dejar registro, y con eso entorpecen enormemente y desvirtúan enormemente el Sistema Nacional Anticorrupción, porque, aunque hubiera un aparato anticorrupción eficaz, si alguien dice: ‘queremos ver qué pasó hace cinco años o en este Gobierno, a en 2015 con tal política’, no lo podemos saber, porque la Ley de Archivos está diseñada para borrar las huellas, con lo cual dejan sin material y sin información para combatir en serio la corrupción.
–¿Puede salir de un sistema con estos síntomas un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz?
–Ojalá que sí. Lo que sí es necesario es que siga la presión de los ciudadanos, de la opinión pública, de los medios, para generarles un costo en caso de que hagan lo que ellos quieren hacer. Y así, quizá, sacar adelante algo que valga un poco más la pena, o que si al principio no funciona, después pueda ser rectificado y no en mucho tiempo. Pero la intención que se les ve es esa: cumplir, pero no a fondo, cumplir más en apariencia que en el fondo.
–Insisto en preguntar, ¿qué influyó para que esto ocurra ahora? ¿Las redes sociales..?
–No sé si lo de las redes influyan o no, no lo tengo tan claro. Pero sí creo que fue, a final de cuentas, un margen de tiempo que se dio a la alternancia. Lo que decíamos: Ya está la alternancia, ya está el sistema electoral, ya está funcionando, es mucho mejor que lo que había. Y de pronto dices: ‘pero esto no ha servido de gran cosa: cambia un partido, el otro, el otro, van vienen, y la corrupción sigue igual’. Entonces, ahorita es cuando está cayendo el veinte en general en la ciudadanía, porque el tema estaba ahí desde cuando, siempre ha estado, pero como que nos concentramos mucho en la parte electoral, porque era como que la primera parte de la democratización, y hasta que pasó tanto tiempo se empezó a decir: ‘oye, pero lo otro no ha cambiado. Entonces vamos a concentrarnos en eso’. Creo que es eso.
–Por parte de la ciudadanía hay menos tolerancia, pero por parte de los políticos está este despliegue de impunidad, como Humberto Moreira, que vuelve de España [donde fue detenido por lavado de dinero] y todavía demanda a sus críticos…
–Porque se resisten; se están resistiendo. La ciudadanía cada vez es menos tolerante, y eso genera una presión y un costo político, el no hacer nada; pero ellos se resisten lo más que pueden. Entonces, dicen: ‘bueno, vamos a tener que sacrificar a Duarte, hay que proceder, pero a Moreira no; a ese no lo toques’. Entonces, sigue siendo selectivo. Se resisten y se van a resistir lo más que puedan a no aplicar adecuadamente las leyes anticorrupción, o el combate a la corrupción, lo van a tratar de hacer lo menos posible, para que salgan adelante, digamos frente a la opinión pública, pero lo menos posible. Si por ellos fuera, dirían: “pues a nadie castigamos y ya”.
–El voto de castigo que vimos en las elecciones del 5 de junio, ¿sí fue diferente al expresado otros años?
–Sí, por el resultado, porque el PRI nunca había perdido tanto al mismo tiempo. La presidencia en 2000, obviamente fue un acontecimiento; pero, a nivel de los estados, nunca había perdido tanto al mismo tiempo. Eso por un lado, que lo capitalizó el PAN, porque en muchos estados es el único otro partido que puede ganar; no fue por sus méritos, sino porque era el único que podía recibir la altenernacia frente al castigo a la corrupción contra el PRI. Pero lo otro es que, claramente, se ve que esas alternancias tienen como principal motivo a la corrupción. En casos anteriores podría ser el hartazgo, el deseo de cambio, la expectativa de que las cosas mejoraran, pero ahora como que claramente fue la corrupción, por lo menos en la mayoría de los casos, y de eso pues los partidos no pueden más que darse cuenta, no pueden voltear la vista a otro lado. [Dicen] “sí, es la corrupción, ya está teniendo consecuencias electorales y yo partido, si no hago algo al respecto, me van a seguir castigando, y no voy recuperar espacios, o preservar los que ya tengo; algo tengo que hacer para convencer a la gente que sí tomé nota, acuse de recibo, y de que debo hacer algo al respecto”. Fue tan notorio que los partidos tienen que hacer algo al respecto. Ahora, tratan de hacer lo menos posible, y ahí es donde la sociedad tiene que seguir insistiendo en que no nos van a hacer tontos. Tienen que estar constantemente la opinión, los medios, las organizaciones civiles, presionando y elevando los costos por que no hacen lo que se supone que ellos han dicho que van a hacer. Sólo así vamos a ir avanzando, poco a poco. Como una lucha de posiciones: la sociedad que exige, y ellos que no quieren. Se ven obligados a hacer, pero tratan de hacer lo menos posible….
–El Presidente ha insistido en que la corrupción “es cultural” y en que “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. ¿Le corresponde decir eso a un jefe de Estado?
–En muchos países puede haber razones culturales. En todos los países que han combatido la corrupción o en los que hay márgenes pequeños de corrupción, fueron corruptos en algún momento. La parte de la naturaleza humana, de la cultura, la parte de la esencia de la política, que tiene mucho que ver con la búsqueda del poder, eso está en todos los países. Pero la clave es que allá desarrollaron instituciones eficaces y aquí todavía no lo hemos hecho. Entonces, precisamente, la solución a ese problema, sea cultural, de naturaleza humana o de idiosincrasia está en las instituciones políticas. ¿Por qué en Suiza ya se redujo? Porque sí hicieron instituciones que están funcionando, y que las circunstancias políticas llevaron a que funcionaran. En el siglo XIX había mucha corrupción e impunidad en todos los países, en esos mismos países. Entonces, ellos también tuvieron que llegar a ese punto con un esfuerzo institucional. El tema son las instituciones. Si aquí los encargados de diseñar y llevar a cabo estas instituciones están coludidos unos con otros para que no funcionen, pues nunca van a funcionar. Se tiene que romper ese círculo vicioso.
–Pero, ¿le toca a un jefe de Estado decir algo así?
–Es que se está disculpando. Él podría hablar de la corrupción, por supuesto, comprometerse; decir ‘el problema son las instituciones, por eso las vamos a impulsar’ y, obviamente, hacerlo. Pero pareciera como una disculpa o decir ‘sí, pero todos somos’. Sí, todos somos, en el país hay mucha corrupción, es cierto, pero la responsabilidad es distinta. Es porque las instituciones no están funcionando, y ustedes son los encargados de diseñar y aplicar y conducir las instituciones. Son ustedes los responsables, en ultima instancia de que las instituciones no estén funcionando como deben. Es ahí por donde se puede solucionar el problema; entonces, ese debería ser el discurso oficial: ‘vamos a transformar las instituciones para que funcionen’. Porque la corrupción sí se puede combatir, cualquiera que sea su origen, es el mismo en todas partes del mundo. ¿Por qué en otros países sí han funcionado? Porque sus instituciones sí son eficaces; no hay otra respuesta. Y aquí ¿por qué nos llevamos años? Porque los que manejan las instituciones se benefician de la corrupción y, mientras puedan hacerlo, lo van a seguir haciendo. Si lo han hecho desde la Independencia para acá. Llevamos 200 años sin que funcionen porque todos los que han llegado no quieren que funcionen; porque ellos se benefician de la corrupción, y si el país se los ha permitido, ellos se siguen. Es hasta que la sociedad ya no se los permita. Igual que en Suecia: en Suecia no llegaron los políticos y dijeron ‘vamos a denunciar la corrupción’. No es cierto; sigue habiendo corrupción, pero se castiga y, por tanto, los márgenes de corrupción son mucho más pequeños. Pero es porque las instituciones están funcionando, pero no por concesión de los políticos; porque allá, como en cualquier parte del mundo, si pueden, son corruptos. En cualquier parte del mundo. El chiste es que no puedan porque la sociedad no se los permita.
El papel de los ciudadanos en la democracia es, en buena parte y fundamentalmente, vigilar que no haya abusos de poder, y detectar cuando hay corrupción; entonces, eso echa a anda la maquinaria institucional para que se castigue y se investigue. Pero eso es cuando ya las instituciones ya están funcionando. Cuando no están funcionando, como en México, hay que construirlas y echarlas a andar.
