En Chiapas hay grupos paramilitares que, dado que el gobierno estatal no los ha desarmado, operan al margen de la ley con absoluta impunidad, han asegurado centros de derechos humanos locales. A raíz de un conflicto territorial antaño entre Chalchihuitán y Chenalhó que renació en octubre, 5 mil tzotziles vivieron desplazados en las montañas durante casi un mes. El Alcalde de Chalchihuitán reportó que seis personas murieron por hambre y frío.
El miércoles pasado, de acuerdo con el Gobierno estatal, el grupo armado de Chenalhó reabrió la carretera bloqueada que mantenía aislado al municipio rival desde mediados de noviembre, pero al menos mil siguen entre las frías montañas.
“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la ley”, aseguró Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, con presencia en la entidad desde 1979.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Chiapas atraviesa una ola de violencia incluyendo el conflicto territorial entre dos comunidades indígenas que ha mantenido durante un mes a miles de tzotziles desplazados en las montañas, por lo que han muerto seis de hambre y frío. Centros de derechos humanos locales y el pueblo de Chalchihuitán exigen al Gobierno de Manuel Velasco Coello desarmar al grupo paramilitar de Chenalhó que hace más de 20 años participó en la masacre de Acteal y que, dicen, sigue arropado por la Alcaldesa Rosa Pérez Pérez.
“Los conflictos son diversos en la entidad sureña pues van desde los relacionados con la tenencia de la tierra, los religiosos, sociales, entre municipios y entre partidos políticos”, aseguró en entrevista Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), con presencia en la entidad desde 1979. Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso del asesinato en el último año y medio de seis líderes campesinos de su organización que siguen en la impunidad, ya que han liberado a los culpables.
Dado que en Chiapas “se acostumbra reprimir a los que no se someten al gobierno estatal”, advirtió que el clima de violencia e inseguridad se puede recrudecer en los próximos días ante el interés del Gobernador, Manuel Velasco Coello, de que el presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sea su sucesor en 2018. El legislador del Partido Verde es “una persona indolente que controla ciertos grupos de choque y no goza de buena reputación”. Fue Secretario de Gobierno estatal, pero durante su gestión no resolvió las amenazas y asesinato de uno de los campesinos.
“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la Ley. No hay atención ni respuesta, y no se puede hacer denuncia a través de los medios estatales porque también están controlados”, aseguró Ovalle.
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DESPLAZAMIENTO DE UN MES
En octubre, el pánico ante el incendio de viviendas, amenazas y disparos de grupos armados obligó a casi cinco mil indígenas a huir de sus hogares para refugiarse en el bosque montañoso, en el marco de un antaño conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.
El miércoles seis de diciembre los inconformes que mantenían bloqueada la carretera que comunica con el municipio de Chalchihuitán desde el 13 de noviembre decidieron retirarse y entregar la vía a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno con lo que se restableció el libre tránsito en la zona, informó el gobierno de Chiapas.
Pero, a días de que entre el invierno, al menos mil indígenas siguen escondidos en chozas improvisadas y fogatas en las montañas entre los que figuran mujeres embarazadas, niños sin clases y adultos mayores. Al menos seis han muerto por hambre y frío, de acuerdo con el Presidente Municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez.
“Siento mucho dolor en mi corazón”, dijo una mujer de Chalchihuitán tras perder sus pertenencias y cosechas. También había enfermos de tos, gripe y fiebre. “Estamos exigiendo al gobierno que nos atienda, que los grupos armados nos liberen los caminos. Que el gobierno nos dé seguridad y que nos garantice el libre tránsito en nuestras comunidades”, declaró Efraín López Gómez, otro de los afectados, a la prensa local.
Aunque el conflicto comenzó desde octubre y se agudizó en noviembre, hasta finales de mes el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó sobre la entrega de víveres, artículos de limpieza personal, cobertores y colchonetas, así como brigadas médicas para la atención oportuna de la población afectada. También se instaló un albergue provisional y la Secretaría de Salud ha otorgado casi dos mil consultas en comunidades de ambos municipios.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reportó que el 17 de octubre hubo un muerto de Chalchihuitán, por lo que llamó al Gobierno de Chiapas a desarmar a los grupos que actúan de manera impune. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, en Chenalhó subsiste el grupo paramilitar que actuó en la masacre de Acteal, pero ahora está más armado y más numeroso.
“El caso es que Chiapas vive una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos muy grave que ya ha costado vidas y sufrimiento, situación por la que será recordado como Gobernador”, escribió el Centro Ku’untik a Manuel Velasco Coello.
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El 29 de noviembre las autoridades municipales, tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron al gobierno chiapaneco de encubrir a la Alcalde de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a su grupo civil armado. Pérez Pérez estuvo fuera del cargo durante casi un año porque la comunidad la acusó de incumplir sus promesas de campaña.
La organización Serapaz también urgió a que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal, la matanza de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños– en ese municipio chiapaneco de Chenalhó, por un conflicto intracomunitario. La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas ha reiterado durante años que la masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno pudo detener el conflicto para evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias, justo como sucede ahora.
El Gobierno del Estado llamó a los presidentes municipales de Chalchihuitán y Chenalhó a resolver las diferencias por medio del diálogo, y acordaron respetar las resoluciones judiciales sobre el conflicto de límites. Asimismo las autoridades formaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con el objetivo de disuadir la portación de armas de fuego.
Además, 117 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 150 elementos de la Policía Estatal arribaron el jueves pasado a la cabecera municipal de Chalchihuitán para brindar ayuda a la población.
“Debieron de haber actuado desde hace mucho tiempo. En un problema muy añejo. Ayer ya quitaron las barricadas, pero hay otros problemas en Chenalhó, Pueblo Nuevo y las Margaritas donde operan una serie de grupos al margen de la ley con absoluta impunidad. El gobierno del estado no ha hecho ninguna acción”, aseguró Federico Ovalle del CIOAC. “El riesgo de que se den otros enfrentamientos está muy latente”.
EL CONFLICTO DE CUATRO DÉCADAS
La confrontación entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó comenzó desde hace 45 años a raíz de que la Secretaría de la Reforma Agraria trazó una línea recta para establecer los límites territoriales de cada región, en vez de basarse en el recorrido natural del río que los separa. A Chalchihuitán autoridades les entregaron tierras que indígenas de Chenalhó reclaman como suyas.
El Gobernador Manuel Velasco Coello promovió en 2015 la firma de convenios de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario entre ambos municipios, pero no fueron respetados.
El 13 noviembre grupos armados, quienes se identificaron como habitantes de Chenalhó, bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, por lo que la población quedó incomunicada hasta el 6 de diciembre.
El Centro Frayba alertó que los negocios cerraron y dejó de haber maíz, fruta, tortilla y gasolina.
“No podemos cruzar a pie porque están vigilando el camino y dicen que van a matar a quien pase”, aseguró hace unos días al diario Chiapas Paralelo el párroco Sebastián López López. “Los desplazados están viviendo en las montañas sin ninguna protección”.
Como desapareció la Reforma Agraria, ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la responsable de buscar y resolver el conflicto, aseguró el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, al diario Chiapas Paralelo.
“Nadie quiere recordar lo que pasó en Acteal, pero el ambiente es muy semejante al que era previo a la matanza. Lamentablemente ya todos andan buscando qué les va a tocar en la siguiente elección”, agregó.
