A mediados del año pasado, habitantes de al menos 11 estados del país hicieron largas filas en las gasolineras para hacer compras de pánico debido al desabasto de combustible. La principal causa de esa crisis, aseguró Pemex, es el robo de combustibles, lo que ha provocado un incremento de importaciones del recurso energético, pérdidas millonarias e incluso accidentes mortales.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos publicada hoy por la Secretaría de Gobernación (Segob) castiga con pena de cárcel de hasta 25 años y con multas a aquellos que sin consentimiento sustraigan hidrocarburos, a aquellos que negocien con este recurso energético obtenido ilícitamente o a aquellos que ayuden en el robo. Además, los funcionarios que tengan conocimientos de estos hechos y no los informen también recibirán sanciones.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) representa pérdidas equivalentes a unos 40 mil millones de pesos al año. Entre 2013 y 2015, detectó 6 mil tomas clandestinas. La empresa de inteligencia estadounidense Stratfor destacó en un estudio que el robo de combustible en México es una práctica que lleva años, la diferencia es que lo que en un principio fue un crimen cometido en gran parte por individuos y grupos pequeños, en la última década se ha transformado en un negocio altamente rentable para los cárteles de la droga en busca de nuevas fuentes de ingresos.

A mediados del año pasado, habitantes de al menos 11 estados del país hicieron largas filas en las gasolineras para hacer compras de pánico debido al desabasto de combustible. La principal causa de esa crisis, aseguró Pemex, es el robo de combustibles, lo que ha provocado un incremento de importaciones del recurso energético.

Desde el 2010 a 2013, el robo de combustibles se incrementó un 398 por ciento, de acuerdo con cifras de la legisladora perredista Dolores Padierna Luna. Hace 5 años, según estudios citados por la Senadora, las tomas clandestinas eran 428 y para 2013 se registraron mil 133.

La doctora Leticia Armenta  Fraire, directora del Centro de Análisis  Económico del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, opina que el desabasto “tiene su origen en problemas de administración en la logística en todas las áreas que tienen que ver con la operación desde la refinación hasta la distribución”.

PENAS DE HASTA 25 AÑOS 

Quien sin consentimiento sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos recibirá penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo, de acuerdo con la ley dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación. 

Además, todo aquel que compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley será sancionado con dos a cuatro años de prisión y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo, cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros; y prisión de cuatro a ocho años y el pago de cuatro mil a ocho mil días, cuando la cantidad sea mayor de 300 a mil litros.

Cuando la cantidad de hidrocarburo sea mayor a mil, pero menor de dos mil litros, se impondrán de ocho a 12 años de prisión y multa de ocho mil a 12 mil días; y cuando sea igual o mayor a dos mil, la pena será de 10 a 15 años de cárcel y el pago de 10 mil a 15 mil días de salario mínimo.

Asimismo, a quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización de las conductas antes descritas se impondrá hasta tres cuartas partes de las penas correspondientes.

También se sancionará de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 10 mil días de salario mínimo al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.

Así como a quien sustraiga sin derecho y sin consentimiento bienes muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera, se sancionará hasta con tres años de prisión y multa de hasta 150 días de salario mínimo cuando el valor de lo robado no exceda de 100 veces el salario.

Si es mayor de 100 veces el salario pero no de 500, se le darán de tres a seis años de prisión y multa de 150 hasta 270 días de salario mínimo; y si excede de 500 veces, deberá pasar de seis a 15 años de cárcel y pagar de 270 hasta 750 días.

Los funcionarios que tengan conocimientos de estos hechos y no los informen recibirán de uno a cinco años de prisión y multa de cuatro mil a siete mil días; y los dueños de terrenos donde haya derivaciones clandestinas, pasarán de cuatro a seis años en la cárcel y deberán pagar de cuatro mil a seis mil días.

Por ahora la ley que castiga el robo de hidrocarburos establece las multas en días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, pero ante su desindexación reciente, deberán adecuarse a la unidad de medida y actualización equivalente que se prevea en el sistema penal.

GASOLINAS 

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos expone que se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de tres mil a seis mil días a quien enajene o suministre gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo o gas natural con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior.

Mientras que se impondrán penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 10 mil a 18 mil días a quien altere los sistemas de medición, permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos, realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera.

Además, se impondrá cárcel de 15 a 25 años y multa de 15 mil a 25 mil días a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.

Así como de ocho a 12 años de prisión y multa de ocho mil a 12 mil días de salario mínimo a quien obligue o intimide mediante cualquier tipo de violencia a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, a fin de realizar cualquier ilícito antes mencionado.