Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– Legisladores de izquierda emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar el origen de los casi 4 mil 600 millones de pesos que presuntamente costó la campaña electoral presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con las conclusiones preliminares de la Comisión Especial para Investigar el Caso Monex, de la Cámara de Diputados.

Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano que integran esta comisión investigadora recabaron 820 documentos oficiales del Instituto Federal Electoral y otras instancias de gobierno, facturas y comprobantes de Monex y Soriana, con los cuales concluyeron que la coalición Compromiso por México rebasó entre 13 y 14 veces más el tope de gasto de campaña.

Para los integrantes de la comisión investigadora esto podría ser prueba de la comisión de un delito electoral, por lo que pidieron a la PGR continuar la investigación que reconoció mantiene abierta, toda vez que el Instituto Federal Electoral exoneró, el año pasado, a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y al Verde Ecologista de México (PVEM) del rebase de tope de gastos de campaña mediante la utilización de tarjetas Monex y de la tienda departamental Soriana.

“Vemos que existen elementos suficientes para que la PGR investigue a las empresas involucradas en el caso Monex, por el uso de recursos cuyo origen no tiene aparente explicación lícita. Nosotros pensamos que es evidente que la PGR ya tendría que haber detenido a muchos ciudadanos inmiscuidos en este asunto”, aseguró el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT.

La investigación de la Unidad de Fiscalización del IFE determinó que el pasado 1 de marzo de 2012 la coalición PRI-PVEM celebró un contrato con la empresa Alkino, Servicios y Calidad para adquirir las tarjetas, para ello gastó más de 50 millones de pesos y aproximadamente 16 millones de pesos para los procesos electorales locales, es decir 66 millones 326 mil 300 pesos.

El 27 de junio de 2012, el IFE reconoció haber interceptado a miembros de la estructura electoral del PRI una serie de 9.924 tarjetas “que una persona moral de carácter mercantil contrato con Monex” por un monto de 70 millones 815 mil 534 pesos.

La Unidad de Fiscalización del IFE, a cargo de Alfredo Cristalinas, dio cuenta de sólo 7 mil 224 tarjetas.

Por su parte, la comisión investigadora concluyó de forma preliminar que el PRI realizó un control de daños con el presunto beneplácito de la autoridad electoral, que le permitió reducir en más de 20 millones de pesos, el financiamiento de 70 millones a 50millones 508 mil 891 pesos.

Para ello, agregaron, el PRI ocultó facturas expedidas por Monex a la empresa Inizzio. Asimismo, suprimió mil 373 tarjetas que se dice no utilizó a las que no se transfirieron recursos.

Sin embargo, derivado de sus investigaciones, los legisladores de izquierda detectaron que se emplearon 182 millones 407 mil pesos para fondear 26 tipos distintos de tarjetas Soriana, para la promoción de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en todo el país. Casi tres veces más de lo que reportó ante el IFE.

“Esto lo tenemos fundamentando con facturas que nos hicieron llegar los ex trabajadores de Monex, y que obviamente, por cuestiones de seguridad reservamos los nombres, pero que sí han comparecido ante los miembros de esta Comisión”, afirmó el presidente de la comisión investigadora, el perredista Roberto López Suárez.

PRI RECHAZA DATOS

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, en voz de su vicecoordinador, Manuel Añorve Baños, descalificó por completo la investigación realizada.

“Es un avance parcial, politizado y sólo de una fracción parlamentaria de las que integran la mal llamada Comisión del Caso Monex”, afirmó.

Tras negar que el equipo de la campaña electoral del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto hay incurrido en rebase de topes de campaña y otros delitos electorales, el priista rechazó la posibilidad de que los datos presentados por la izquierda puedan ser investigados por la PGR.

“Por supuesto que no, porque las acusaciones no tienen sustento, la comisión investigadora no ha dictaminado nada, es información solamente de quien la encabeza [la comisión], que pertenece al PRD”, expuso el Diputado Añorve.

Por su parte, uno de los integrantes de la comisión investigadora, el priista José Rangel Espinosa, quien fue llamado por la prensa como el “dipucharolas” (tras protagonizar el bochornoso episodio en que su automóvil de lujo tenía escudos de la Cámara de Diputados en lugar de placas de circulación), desestimó las investigaciones de sus compañeros.

La comisión, recordó, no fue creada para indagar exclusivamente el Caso Monex, pues dijo, se formó con el nombre de comisión para Revisar el Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.

Incluso se pronunció por cerrar definitivamente la comisión investigadora del Caso Monex, toda vez que se agotó la materia de la indagatoria.

“Para nosotros el tema está agotado, toda vez que la instancia que le correspondió llevar formalmente estas indagatorias fue al Instituto Federal Electoral, el cual presentó su informe de forma definitiva, y se establecieron sanciones para los partidos políticos y el asunto está totalmente agotado”, destacó.

MÁS EMPRESAS, MÁS TARJETAS

Al presentar un informe preliminar de actividades, los integrantes de la comisión investigadora, con excepción del PRI y PAN, expusieron una serie de irregularidades fiscales y financieras que involucran a una veintena de empresas, para favorecer la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Los legisladores de izquierda precisaron que gran parte de estas empresas son fantasma, porque actualmente no existen en los domicilios con los cuales se dieron de alta. Mediante estas empresas, agregaron, la coalición Compromiso por México trianguló recursos de origen desconocido para promover la campaña electoral presidencial de Peña Nieto.

Es decir, según los diputados, el Caso Monex no solamente involucró a las empresas de las que ya se tenía conocimiento, como son Atama, Inizzio, Efra y Alkino, sino que hay otras empresas involucradas.

Sus nombres: Tiguan, Edicom, Koleos, Servicio Luciana, Maquiladora Lusa, Comercializadora Baltus, Distribuidora Merling; Grupo Textil Firence; Grupo Comercializador Conclava;  Diseños Artísticos Industriales; Comercializadora y Distribuidora Suri, entre otras.

“¿Por qué decimos entre otras? Porque la investigación continúa. Todas estas empresas últimas, hicieron triangulación a través de la empresa Edicom, que ayudaron a fondear las tarjetas de prepago”, precisó el Diputado Roberto López Suárez.

Asimismo, detectaron la presencia de más bancos, además de Banco Monex, en el fondeo de 26 tarjetas de prepago, con las que presuntamente se compró el voto, previo a la elección de julio de 2012. Según los legisladores además estarían implicados los bancos Banamex, Bancomer y Santander.

A continuación la lista de las tarjetas de prepago detectadas por la comisión investigadora:

Lealtad Monex del Estado de México; Lealtad Monex de Tabasco; Lealtad Monex de Puebla y Morelos; Lealtad Monex de Veracruz; de Bancomer Prepagada; Apoyo a la Mujer Bancomer; Bancomer de Pagos; Banamex Perfiles; con el emblema de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de Aprecio, con el emblema de la CTM.

De Aprecio, Soriana; Soriana Mi Ahorro; Soriana Aprecio Por Ti, Estado de México y DF; Tamaulipas Siempre Gana el PRI por Ti, Soriana; Mercado Soriana; Buen Vecino Estado de México: Soriana Obsequia; Aprecio de Nuevo León; Mi Ahorro, Soriana Chihuahua;

Banamex Soriana Mi Ahorro, de Guanajuato y Michoacán; Soriana Obsequio Aprecio Nuevo León y Veracruz; Mercado Soriana el súper mexicano, de Guanajuato; Soriana Buen Vecino Sinaloa; El Regalo Walmart Yucatán; Bancomer Contigo en Baja California; y Tarjeta Santander Su Cuenta Universitaria.

NIEGAN INFORMACIÓN

Los legisladores no quisieron especular sobre el origen de estos recursos, o si estos provendrían del capos del crimen organizado, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, tal como asegurara Phil Jordan, ex director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Aseguraron que corresponde a la PGR determinar el origen del dinero, verificar si es lícito y actuar en consecuencia, en caso de que provenga de fuentes ilícitas.

No obstante, reconocieron que hasta el momento, diversas autoridades han negado en reiteradas ocasiones información necesaria para determinar la posible comisión de algún delito electoral.

La Diputada perredista Julisa Mejía Guardado informó que la comisión investigadora remitió un oficio a varias dependencias del gobierno, con prácticamente la misma solicitud:

“Informar a este órgano legislativo si le ha sido canalizada o enviada información para su conocimiento y debido proceso, respecto a las investigaciones que actualmente se encuentra realizando el Instituto Federal Electoral dentro de los diversos procedimientos de queja en materia de fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos durante el proceso electoral 2012. De ser positivo, entregue a esta Comisión de Investigación un informe del estado procesal de dichas solicitudes dentro del  plazo de 10 días naturales”.

Las respuestas, informó, fueron las siguientes:

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondieron que es una información de carácter reservada, relativo al secreto fiscal y que, por lo tanto, no procedía la solicitud de información.
• La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que se trataba de información clasificada.
• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respondió que la información requerida se encuentra totalmente atendida, en el caso de que sean quejas.
• La unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos dijo que es imposible jurídicamente presentar la documentación solicitada, ya que no obra en su poder.
• El Banco de México respondió que el instituto central no ha recibido, ni le ha sido canalizada información relativa al asunto que se menciona.
• La FEPADE respondió que toda la documentación es idéntica a la de otros expedientes y que, por lo tanto, no hay una información concreta sobre lo solicitado.

“Es decir, hay total opacidad con respecto a la información que solicitamos a través de las diferentes instancias de gobierno”, afirmó la legisladora perredistas, integrante de la comisión investigadora.