Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo/Noroeste).– El Gobierno de Mario López Valdez (Malova) se declaró en “alerta” en todas las secretarías, luego de que ayer la Procuraduría General de Justicia del estado reconociera que entre su personal hay “halcones” que filtran información “sensible y confidencial” a la delincuencia organizada en esa entidad.
El estado, que es la cuna del Cártel de Sinaloa, el más longevo y más poderoso del país, fue sacudido por la noticia del arresto del Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el pasado 22 de febrero. Tras la detención del capo, el gobierno de Malova inició una investigación interna en sus cuerpos de seguridad. Así, la PGJE reconoció ayer que un empleado del área administrativa era “halcón” y pasaba información a un grupo del crimen organizado.
Pero este miércoles, el Ejecutivo estatal alertó al resto de las dependencias para revisar que los empleados no filtren información gubernamental “sensible” a la delincuencia organizada, informó Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno.
El funcionario reconoció que hay trabajadores en otras dependencias que también proporcionan información a delincuentes. Sin embargo, no detalló los nombres ni el tipo de datos. “Ésa fue la alerta que tuvimos todos para aquellas áreas muy sensibles en cuanto a su información, en cuanto su acción, pues que estuviera sucediendo lo mismo”, afirmó.
“No los han querido denunciar, pero creo sí debe de haber [más “halcones”]. No uno, ni dos, pudiera haber más”, admitió.
El Gobernador Mario López Valdez expuso que no habrá una cacería contra quienes realicen dicha práctica. “No es una preocupación para mí que se digan cosas de las dependencias de gobierno”.
Sin embargo, destacó: “Lo que sí nos preocupa es en el área de la seguridad, porque ahí debe de haber una secrecía, esa es un área delicada. El resto que se diga que estás comprando a fulano y que no le compras a zutano, que digas que les estás pagando aquí, en igual del otro, es una práctica común que se da en todos los gobiernos”.
“Entonces, no hay una cacería de decir: ‘hey, vamos a ir ahora por los soplones que puedan estar en las distintas dependencias’. No es el caso, y no nos preocupa, pero sí lo que queremos cuidar y proteger es el área de la Procuraduría”, aseguró.
Vargas Landeros informó que son dos empleados, y no uno como se dio a conocer ayer, de la Procuraduría General de Justicia del Estado que pasaron información a un grupo criminal sobre las labores de la misma Fiscalía.
Aunque reservó los nombres de los trabajadores –debido a la secrecía de la investigación–, sí confirmó que buscarán fincar responsabilidad penal, después de que fueron cesados.
“Acuérdense que el tema del ‘halconeo’ no estaba en el Código Penal aquí en Sinaloa, fue una iniciativa del Gobernador Mario López Valdez”, presumió.
PGJE INFILTRADA
Ayer, el Procurador estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, reconoció que detectaron a un trabajador del área administrativa que era “halcón” y por lo tanto iniciaron una averiguación previa.
El empleado, detalló, enviaba fotografías o llamaba vía telefónica a los miembros de un grupo delincuencial para informar sobre las acciones que implementa la PGJE.
Mencionó que la persona, de la que no se proporcionó el nombre, se encuentra suspendida mientras se realiza la investigación y continúan las indagatorias para detectar más “halcones” infiltrados en la Fiscalía del Estado.
“Hay otros procedimientos en camino, inclusive de personas que utilizan sus celulares para tomar fotografías o para hacer llamadas y realizar conductas que son las que ustedes identifican como halcones”, dijo.
“Eso también se está dando de servidores públicos y ya estamos integrando una averiguación previa por eso, tenemos uno que es reciente”. El trabajador de inmediato fue suspendido y se inició un procedimiento administrativo y una averiguación previa en su contra, manifestó.
Higuera Gómez informó que de 2010 a la fecha la contraloría interna de la PGJE ha sancionado a 399 servidores públicos. De esos funcionarios destituyeron a 67, entre agentes de la Policía Ministerial del Estado, agentes del Ministerio Público, peritos y personal administrativo de la fiscalía.
Las causas de las sanciones, añadió, son normalmente por retener garantías cuando se otorga libertad caucionar, retirar recursos de apelación, dilación prolongada en la integración de averiguaciones previas o no poner a disposición del Ministerio Público los objetos o armas aseguradas.
