Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo/EFE/El Sur).–La Segunda Convención Nacional Popular, que se llevó a cabo en la Normal Rural de Ayotzinapa, concluyó anoche con acuerdo de que el proceso electoral será boicoteado en los estados del país que cuenten con las condiciones apropiadas para dicha acción.

El viernes, 214 delegados instalaron la Segunda Convención Nacional Popular, con tres mesas de trabajo: la construcción de un referente nacional, la construcción de un programa político y la elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo.

Ayer, desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, los delegados de las organizaciones sociales estatales y nacionales, discutieron las propuestas que se hicieron de acuerdo con las tres líneas de trabajo que se aprobaron.

En declaraciones al término de las mesas de trabajo, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en cuanto a la construcción de un referente nacional, se acordó la creación de una junta organizativa o promotora provisional, que se encargará de convocar a otros referentes así como de los trabajos a desarrollar en una reunión el 9 de mayo, en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Señaló que la preocupación principal de los delegados a cargo de la construcción del referente nacional, son el pueblo indígena yaqui, de Sonora, los migrantes, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Nueva Constituyente que presentó en Saltillo, Coahuila, el Obispo Raúl Vera López, a quienes se consultará para invitarlos a formar parte de la reunión del 9 de mayo, de manera que se realice un acto que permita estructurar la Convención Nacional.

Además, los delegados a cargo de construir el referente nacional tienen la tarea de realizar un estudio en el estado al que pertenezcan, para que se valoren las condiciones mediante las cuales se logrará realizar el referente.

En la construcción de un programa político se ratificaron los cinco puntos, bajo los que se fundamentó Primera Convención Nacional, los cuales son exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre, la destitución del Presidente, Enrique Peña Nieto, libertad a los presos políticos y no a las reformas estructurales.

A estos cinco puntos se agregó “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y el Charco.

Se estableció que dentro de la postura política, se exigirá el no a la desaparición forzada, a la tortura y cumplimiento de las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano; no a la militarización, principalmente en Guerrero, respeto al territorio y recursos naturales de los pueblos campesinos e indígenas del país, así como no a la privatización del agua.

En el plan de acción nacional se acordaron movilizaciones para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México, la primera consistirá en un acto cultural a cargo de 43 narradores, en el Zócalo. Para el 26, a 7 meses de la desaparición forzada de los normalistas, se realizará la onceava Acción Global por Ayotzinapa.

El 30 de abril, habrá una movilización en Guerrero, mientras que el primero de mayo todas las organizaciones sociales que integran la Asamblea Nacional Popular, llevarán a cabo una marcha nacional en la Ciudad de México.

Para el 14 y 15 de mayo, se programaron otras movilizaciones en la Ciudad de México. El plan de acción nacional, concluye con la doceava Acción Global por Ayotzinapa el 26 de mayo.

Por otra parte, dentro de los pronunciamientos generales se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados. Rosales Sierra expresó que “el punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”.

Aunque no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, dijo que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Manifestó que este acuerdo fue una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, que “salva un poco el extremo (de ruptura) y que permitió salvar y mantener la unidad”.

Se le preguntó si la unidad de las organizaciones sociales estaba en riesgo, y contestó: “no sé si estaba en riesgo pero pudo ocasionar una ruptura del movimiento (el tema de las elecciones) como ocurrió con los zapatistas, no queremos repetir esos errores, somos flexibles y estamos contentos porque pudo haber una postura intermedia”.

La Segunda Convención Nacional Popular estaba planeada para tres días (concluiría hoy), Rosales Sierra declaró que en la primera Convención, “los asistentes reclamaron que fue muy breve el tiempo que se otorgó para las mesas de discusión, hubo avances significativos e importantes, no partimos de cero en esta Segunda Convención eso permitió el avance sustancial, no hay razón para mantener aquí a los compañeros si ya se avanzó en los acuerdos”.

LUCHA DE PADRES LLEGA A CANADÁ

Una delegación de familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado septiembre en Iguala, en el estado de Guerrero, recorrerá diferentes ciudades de Canadá para demandar una acción diplomática que exija al Gobierno de México el fin de la violencia y la rendición de cuentas.