La semana pasada Youtube tomó la decisión de censurar el videoclip de la canción “Fuiste mía” del cantante Gerardo Ortiz. Las quejas de miles de personas por el contenido de dicha producción, en el que aparentemente se comete un feminicidio, dieron resultados.

Ahora corresponde a la Secretaría de Gobernación cumplir la Ley y hacer realidad una promesa que manifestó luego de conocer el repudio al video: a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) impulsar medidas contra el uso de estereotipos sexistas y junto con la subsecretaría de Normatividad de Medios de la misma dependencia elaborar un “programa de sensibilización” dirigido a quienes generan contenidos en medios.

¿Lo hará? Como afirma la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar (que integran destacadas académicas, periodistas y activistas como Aimée Vega Montiel, Lucía Lagunes Huerta, Maru Chávez y Arely Torres), de entrada la declaración del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue tardía, no solo porque la difusión del video inició hace meses y alcanzó casi 20 millones de reproducciones, sino porque éste es uno de los múltiples contenidos que difunden los medios de comunicación cotidianamente, que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, la Alianza es optimista porque la iniciativa de Osorio Chong “abre la posibilidad de fomentar que los medios de comunicación se conviertan en aliados de la igualdad de género”.

Vamos a ver hasta dónde llega el gobierno (y los medios), en un contexto que se ha caracterizado por la parálisis regulatoria de la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos ante la ausencia de una reglamentación para sancionar el sexismo, la apología de la violencia contra las mujeres, la discriminación o escenas que pueden afectar el desarrollo de la niñez en programas de radio y televisión. ¿Y por qué no hay reglamento? Porque a la misma dependencia no le ha dado la gana expedirlo, tal como comentamos en SinEmbargo el pasado 17 de noviembre.

Como afirma la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, la Secretaría de Gobernación está obligada, con base en el Artículo 42 Fracciones X y XI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a que monitoree la cobertura de los medios de comunicación sobre la violencia de género, promueva directrices para lograr que estas instituciones fortalezcan la dignidad y el respeto a las mujeres y, en su caso, sancione a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la Ley. Es decir, todo lo que no ha hecho.

A su vez, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluye artículos (particularmente el 226) que promueven los principios de igualdad de género, la promoción del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y la no discriminación en los rubros de contenidos audiovisuales y de la publicidad, que también debiesen ser tutelados por la Secretaría de Gobernación, así como por las defensoras y defensores de las audiencias. Estos principios se incluyen, además, como parte de los derechos de las audiencias. Sin embargo, estos derechos siguen sin ser garantizados en la mayoría de las estaciones de radio y televisión. En este caso, la omisión ha sido del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En julio de 2015, este órgano regulador propuso un “Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias”, abrió una consulta del documento que cerró en septiembre del mismo año, pero es fecha (siete meses después) que continúan sin garantizarse al no aprobarse el proyecto final.

El retiro del videoclip fue un logro de la sociedad civil a través de acciones colectivas en plataformas como Change.org y una muestra de sensibilidad de la empresa Google (propietaria de Youtube) en México ante un reclamo enérgico y justificado, pero aún estamos muy lejos para cambiar de un discurso de apología de la violencia contra las mujeres a uno de promoción de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, en radio y televisión, medios impresos, internet y las redes sociales. Se deben redoblar los esfuerzos institucionales y la presión social para que ocurra, así como para evitar que los impulsores de derechos humanos sean acosados o se conviertan en víctimas de la violencia que buscan prevenir (mientras terminaba este texto, me entero que Jovana Espinosa Orta, una de las personas que impulsó la petición para el retiro del video, fue amenazada).

En nuestro país, en promedio, cinco mujeres son asesinadas al día, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Tan solo en los últimos 15 años, de 2000 a 2014, el número de las mujeres asesinadas en México asciende a 26 mil 267. En este mismo lapso, la cantidad de los homicidios anuales se duplicó al pasar de mil 284 a dos mil 349. Es inconcebible, inaceptable, que esta violencia siga creciendo.

“Los asesinatos de mujeres derivan en un patrón cultural y menos al fenómeno de la violencia social por el crimen organizado”, dice el INEGI en este informe de noviembre del 2015. Por eso, coincido plenamente con quienes consideran que videos como el de Gerardo Ortiz contribuyen a ver como algo cotidiano o inevitable las agresiones a las mujeres y los feminicidios. Como sociedad, no debemos seguir fomentando esa cultura que normaliza la violencia de género, aunque sólo se trate de contenidos “de ficción”, como justificó el artista.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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