Tiemblan los priistas con la detención de Yarrington
Con la detención del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, el pasado domingo en Florencia, Italia, se destapó otra de las cajas de Pandora del narcotráfico de donde no se sabe que otros monstruos saldrán. En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “se reporta que un fuerte temblor se sintió en Tamaulipas, pero con epicentro en Florencia, Italia. Sí, los que están temblando son los priistas que, de una u otra forma, estuvieron ligados a Tomás Yarrington. Por ejemplo, el actual diputado local Rafael González Benavides anda inquieto porque cuando el hoy preso era Gobernador, él presidía el Tribunal Superior de Justicia tamaulipeco. También se ve nerviosones a los ex Gobernadores priistas Eugenio Hernández y Egidio Torre, pues a pesar de que las investigaciones en contra de su antecesor datan de 2005, ellos no sólo hicieron como si no estuvieran enterados, sino que, inclusive, autorizaron ponerle a Yarrington escoltas con cargo al erario. Es decir, se gastaba dinero de todos los tamaulipecos para cuidar a un prófugo de la justicia. En la lista de quienes se truenan los dedos, habría que incluir también al ex alcalde priista José Manuel Suárez López, de Nuevo Laredo, pues durante su gestión se dio el asesinato de Roberto Mora, quien fuera director editorial del periódico ‘El Mañana de Nuevo Laredo’. Y en ese crimen también se ha involucrado a Yarrington. A ver si su detención logra aclarar las cosas”.

Y es que la aprehensión—por fin— de uno de los hombres más buscado es vergonzoso para el gobierno de México. En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe sobre este caso y señala que: “la Procuraduría General de la República cometió una pifia de talla internacional al pretender llevarse una parte del mérito correspondiente a la detención de Tomás Yarrington Ruvalcaba […]. El ridículo es redondo al confirmarse lo que a la hora de teclear la presente columna había sido adelantado, como información exclusiva, por el sitio de internet Breitbart News Network, de orientación derechista radical, en el sentido de que México había cedido a Estados Unidos la oportunidad de quedarse con el ex mandatario tamaulipeco […]. La torpe ambición de presentarse como instancia justiciera cuando, en realidad, la PGR […] ha sido cómplice virtual de Yarrington, habiendo sido inactiva esa procuraduría para perseguir y proponer castigo al amigo del gran jefe de Los Pinos, y la claudicación judicial ante Washington en materia de prioridad para extraditar al amigo Yarrington, pintan de cuerpo entero a Raúl Cervantes Andrade, jurista siempre obsequioso con el poder peñista […]. Los dos pasos vergonzosamente fallidos de la procuraduría a cargo de Cervantes Andrade exhiben la forma superficial y equívoca en que se actúa en esa instancia, y constituyen un oportuno aviso de lo que esperaría al país si se aceptara la imposición facciosa del amigo de Peña y parte de un grupo familiar (los primos) que copa espacios relacionados con lo jurídico. […]”.

Ahora, falta esperar la llegada del ex funcionario y las acciones concretas de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “el gobierno de México no ha cedido ni renunciado a la extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington, detenido el domingo pasado en Florencia, pues la Procuraduría General de la República mantiene conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La idea es que, con base en los diversos instrumentos internacionales celebrados con Italia, se garantice que el tamaulipeco enfrente la justicia de ambos países a partir de los diferentes escenarios surgidos durante el proceso de extradición”.

Borrón y cuenta nueva
Dicen que el “sol no se puede tapar con un dedo” y la frase queda muy bien en estos momentos en los que Yarrington Rubalcaba está por enfrentar a las autoridades que tiene acusaciones en su contra por lavado de dinero y narcotráfico. En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “cuando un mandatario estatal deja su administración, suceden dos cosas: quedan calles, parques o avenidas bautizados con sus nombres e inmediatamente son investigados por sus sucesores. Tras la detención en Italia de Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, Antonio Amaro Chacón, de extracción panista, presentó la propuesta de eliminar el nombre de Yarrington de las nomenclaturas en Matamoros. Envió una carta al secretario del ayuntamiento, Abelardo Martínez, con la propuesta de modificar los nombres de las calles en al menos cuatro colonias. ¿Sus argumentos? Los diversos señalamientos en contra de Yarrington. Lo malo es que borrando su nombre ni regresa el dinero perdido ni se acaba el delito… y mucho menos la impunidad. Cerrando los ojos no se resuelve nada”.

Estado de México: a ciegas
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “Delfina Gómez Álvarez ha dedicado su vida a ser maestra. Para eso estudió. […]. Treinta años de su vida dio clases y fue directora de una escuela. […]. En 2012, por razones que nadie ha explicado, pero que sugieren una bronca entre las izquierdas, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo la postularon para ganar en un municipio que había sido bastión perredista y que de 2009 a 2012 había sido gobernado por el PRI. Ganó con 36 mil 892 votos, 34 por ciento de la votación. Por encima del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la coalición priista. He revisado algunos datos sobre su gestión. Nada sobresale, nada es un desastre. Un municipio más de esa zona del Estado de México. […]. En 2015 se hizo diputada plurinominal por Morena. […]. El año pasado Andrés Manuel López Obrador la hizo ‘promotora del voto’ y después le hizo su precampaña, y todas esas semanas no había acto donde no fuera él quien hablara. Delfina, quien por cierto no lo hace mal con la gente en sus mítines, se limitó semanas a hacer un jueguito de ‘adiós al PRI’ que entusiasmaba a los asistentes. Una cosa es cierta: hasta hace muy poco nadie fuera de Texcoco sabía quién era Delfina. Y después de unos días de campaña, tampoco lo tenemos muy claro. He leído todo lo que se puede sobre sus propuestas, que no es mucho porque, curiosamente, Morena ni siquiera había habilitado, hasta ayer, la página web que Delfina anuncia en su propaganda. […]. De lo poco que hay, nada nuevo. […]. Seamos francos, votar por Delfina será un poco votar a ciegas. Lo harán así los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que construyó un partido que depende todo de él, y lo harán tapándose los ojos frente a la urna, convencidos de que su líder eligió a la persona correcta. El problema son los otros que necesita para dar el campanazo”.

Nayarit: entorno de corrupción
No se puede olvidar a otro de los ex funcionarios recientemente capturados por las autoridades de seguridad de Estados Unidos, Édgar Veytia Cambero, a quien el periodista y escritor, Héctor de Mauleón, dedica su columna de El Universal y dice que: “hace unos días estalló el escándalo de la detención del procurador general de Nayarit […]. Veytia había tenido como fiscal general del estado poderes absolutos. No estaba obligado a rendirle cuentas a nadie, salvo al Congreso, que lo aprobó por unanimidad y jamás hizo señalamientos que permitieran suponer que Veytia había convertido a Nayarit en bodega del narcotráfico y lugar intocado de residencia de los capos del CJNG. […] el Observatorio Nacional Ciudadano alertó al Gobernador Roberto Sandoval Castañeda de que en la entidad se estaban maquillando las cifras de los delitos de alto impacto […] la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad descubrió que Veytia no era el único funcionario que había faltado a los deberes de su cargo en aquel estado Gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros cuatro funcionarios cercanos al Gobernador Sandoval se dedicaron a otorgar contratos para realizar obra pública a empresas fundadas por ellos mismos […]. De ese modo lograron adjudicarse contratos por al menos 121 millones 820 mil pesos. Reproduzco algunos de los hallazgos de Mexicanos Contra la Corrupción: De acuerdo con esta organización, entre los funcionarios que tomaron parte en la autoasignación de contratos se encuentran Gianni Ramírez, secretario de Obras Públicas; Juan Ignacio Ávila Ruiz, subsecretario de la misma dependencia, y Fred Alberto Bernal Aguirre, director de Infraestructura Urbana y Vial. Estos funcionarios asignaron 15 contratos ‘a empresas fundadas por ellos mismos […]’. Primero, los funcionarios formaban las empresas: luego concursaban para obtener la obra y al final ellos mismos decidían y concedían […] la licitación a las empresas ‘agraciadas’. Según la organización, en solo tres años, 2012, 2013 y 2015, una empresa de la que Gianni Ramírez había formado parte cinco años atrás, recibió contratos por 30 millones de pesos. Ramírez firmó algunos de esos contratos […]. Mexicanos Contra la Corrupción exhibe contratos obtenidos por Transparencia que no dejan duda alguna del saqueo a que se entregaron los funcionarios. […]. Sobran, sin embargo, las disculpas, y hacen falta castigos y explicaciones […]. La intolerancia absoluta ante un sistema político que vive en buena parte de sangrar al país y a los mexicanos”.

El silencio de Corral
Entre tanto caos, hay quienes optan por aprovechar la ocasión para deslindarse de sus responsabilidades. Tal es el caso del Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral. En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que el funcionario: “reduce la información de sus andanzas, propiedades y viajes a una campaña mediática porque no tiene convenios publicitarios con medios de comunicación. Periodistas afines al mandatario replican la especie en sus redes sociales, en un coro que suena a complicidad, sin presentar datos duros, con tal de defender una administración local caótica. Pero son muchas las preguntas que don Javier, quien se presenta como periodista y abogado, no ha respondido y son muchos los problemas de inseguridad que ha dejado correr en distintas zonas de la entidad, ahora disputadas por grupos del crimen organizado. Y, claro, como siempre lo ha hecho, utiliza la misma estrategia: responsabilizar a otros, en este caso al gobierno federal, por una supuesta falta de apoyo, que ha sido desmentida por la Secretaría de Gobernación. Corral al más puro estilo de Corral: todos, menos él, son culpables de lo que pasa en suelo chihuahuense”.

México y la baja gobernabilidad

En Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: “la baja gobernabilidad que caracteriza el momento mexicano puede describirse bien con un criterio del muy conservador y muy inteligente politólogo Samuel Huntington, para el cual el rasgo definitorio de un orden político no es el tipo de gobierno, sino el grado de gobierno. No importa tanto si el régimen es una democracia o una dictadura, un régimen parlamentario o uno presidencial. Lo importante, dice Huntington, es el grado en que ese régimen gobierna efectivamente, consigue sus objetivos, aplica sus políticas, mantiene el orden, suscita la adhesión o al menos la obediencia de sus ciudadanos. A mayor grado de gobierno, mayor gobernabilidad. A menor grado de gobierno menor gobernabilidad. Cero grado de gobierno es la anarquía pura. Cien grados de gobierno es la dictadura total. La realidad no produce nunca estos extremos. Lo que se encogió en México con la transición a la democracia fue el grado de gobierno. El poder se descentralizó, se fragmentó, se hizo menos hegemónico, más democrático, más compartido y también más ineficaz. Los espacios de la vida pública que han sufrido más, en la realidad y en la percepción, son familiares para todos los mexicanos. Ha sufrido la calidad de los gobiernos, cada vez más ineficaces y menos controlables, paradoja propiamente mexicana donde la democracia no viene acompañada de la competencia entre poderes, sino de la complicidad y los pactos entre ellos. Ha sufrido el orden de la inseguridad y de la violencia, que eran ostensiblemente menores en el viejo régimen. Ha sufrido un alza inverosímil la vieja enfermedad mexicana de la corrupción […]. Ha crecido proporcionalmente la cultura de la ilegalidad y de la trampa […]. Ha crecido, junto con todo esto, la falta de claridad sobre el lugar a donde México se dirige o debe dirigirse. Tenemos una crisis de futuro o al menos una disputa sorda […] sobre él. Ha crecido, por último, la desconfianza mayoritaria en que alguien brotado de nuestra democracia, pueda corregir el rumbo, mejor dicho: aclararlo, trazarlo y hacerlo realidad”.

La ceguera migratoria de EU
Vuelven los discursos de rechazo contra los migrantes en Estados Unidos. En El Universal, su Editorial, asegura que: “una vez más el gobierno estadounidense volvió a lanzar amenazas contra la inmigración indocumentada […]. En una visita a Nogales, Arizona, el fiscal general advirtió a los migrantes que están ‘en una nueva era, la era de Trump’, por lo que cruzar la frontera de forma ilegal será una ofensa muy grave y tendrá prioridad en su persecución judicial. […] En su mensaje, el funcionario toca un tema clave y poco contextualizado. Mencionó que pandillas transnacionales, los cárteles de la droga, coyotes y falsificadores buscan derrotar el sistema legal de inmigración. Esa es la realidad: ante el vacío legal, el sistema migratorio estadounidense está en poder de la ilegalidad. […]. Washington ha dicho que acogerá a migrantes calificados y rechazará a aquellos menos calificados. El Presidente estadounidense explicó a finales de febrero que se requiere un sistema migratorio que tenga como principio básico que quienes quieran entrar a territorio estadounidense sean capaces de ‘sostenerse financieramente’. Lo que ha quedado relegado en el discurso es el enfoque que prevaleció, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso en marcha el programa bracero que tenía como objetivo suplir a la mano de obra estadounidense que se encontraba en el frente de batalla. Se trató de un programa oficial, ordenado y temporal para trasladar trabajadores mexicanos a Estados Unidos. La finalización de éste, a mediados de la década de los 60, y la posterior aparición de cíclicas crisis en México, en los 80 y 90, alentaron la migración indocumentada. […]. Las cifras de indocumentados muertos en su intento de cruzar la frontera durante finales de la década de los 90 fueron las más elevadas. El gobierno de Trump se ha cegado ante la realidad que impera […]. Hay temor entre los productores agrícolas por que un día en el futuro próximo, cuando se incrementen o se cumplan las amenazas, ya no llegue el trabajador mexicano. En lugar de amenazar, la autoridad debe quitarse la venda y aceptar una realidad: es mano de obra extranjera —mexicana— la que se encuentra en los campos estadounidenses. Que el control migratorio regrese a manos oficiales debe ser la vía”.

Redacción/SinEmbargo

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