Con la aprobación de su nueva ley antiinmigrante, Alabama estableció un nuevo estándar nacional para la política de mano dura, pues esta legislación –que supera a la SB de Arizona 1070– incluye disposiciones que afectan a la policía, transporte, alquiler de apartamentos, empleo y educación.

Según una nota publicada hoy en Los Angeles Times, la nueva ley, junto con la legislación aprobada en mayo por la vecina Georgia, han convertido a esta franja del sur profundo de Estados Unidos –de añeja tradición racista– como el campo más caliente en la batalla contra la inmigración.

El periodista Richard Fausset plantea que la legislación de 72 páginas, conocida como HB 56, también afecta a cuestiones tan diversas como el derecho contractual y el registro de votantes. Alabama se convierte así, después de Georgia, Utah e Indiana, en el cuarto estado que sigue el ejemplo de Arizona en la promulgación de importantes leyes antiinmigración, lo que podría aplacar a los votantes frustrados con el fracaso percibido de Washington para hacer frente a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en EU.

Otros estados, incluyendo California, Florida, Nevada y Texas, han visto proyectos del estilo de la ley SB 1070 durante las sesiones legislativas de este año, y las porciones de la ley de Arizona –incluyendo la disposición que obliga a la policía para verificar el estatus migratorio de aquellos a los que puede detener si son sospechosos de ser ilegales– han sido bloqueados por un juez federal, y pueden parar ante el Tribunal Supremo.

La American Civil Liberties Union ha declarado su intención de presentar una demanda oponiéndose HB 56, argumentando que el que la policía exija papeles a las personas sospechosas de ser inmigrantes no autorizados es discriminación racial.

“Esta iniciativa draconiana, que se convirtió en ley esta mañana, es racista y muestra al gobernador Robert Bentley mas opresivo que Connor, él estaría impresionado”, dijo Wade Henderson, presidente de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, en referencia al famoso comisario segregacionista de Birmingham. “La HB 56 está diseñada para aterrorizar a la comunidad latina del estado”, añadió.

Dentro y fuera de Alabama, sin embargo, los partidarios de una política de inmigración más robusta elogiaron la ley.

“Tenemos un verdadero problema con la inmigración ilegal en este país”, dijo Bentley, un gobernador republicano de primer mandato y diácono bautista del sur, después de firmar la ley. “Yo hice campaña por leyes de inmigración más duras y estoy orgulloso del trabajo incansable de la legislatura para crear el proyecto de ley de inmigración más fuerte en el país.”

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración en Washington, dijo que espera que la ley sea eficaz en el control de la inmigración ilegal.

“Creo que esto muestra un caso más de que los estados no se quedarán quietos  sobre lo que el gobierno de Obama no está dispuesto a hacer”, dijo Krikorian. “Esto no estaría sucediendo si la administración de Obama tuviera propuestas creíbles”.

 

La Ley Alabama

En un eco de la ley de Arizona, la legislación de Alabama permite a la policía “parar, detener o arrestar” a cualquier persona si se tiene “sospecha razonable” de que es inmigrante.

También prohíbe que inmigrantes ilegales reciban cualquier beneficios público local, les impide inscribirse y asistir a los colegios públicos y les prohíbe solicitar trabajo.

Además se prohíbe que usen o alquilen transporte público “a sabiendas” que los emplea para cualquier trabajo dentro del estado. Otra “práctica discriminatoria” es negarse a contratar a un residente legal cuando el contratante tenga uno ilegal en la nómina.

La ley tipifica como delito la “trata de documentos de identidad falsos” y, a partir del 1 de abril de 2012, se exijirá a todos los negocios del estado verificar a sus empleados con el sistema federal E-Verify.

La ola de inmigración latina en las últimas décadas no ha transformado Alabama tan dramáticamente como lo ha hecho en otros estados, pero la presencia de los recién llegados sí se ha sentido.

Actualmente, la gente de “origen hispano o latino” representa alrededor de 3.9% de la población de Alabama, que es de 4.8 millones, según cifras de la Oficina del Censo. El estado fue el hogar de cerca de 120 mil “inmigrantes no autorizados” en 2010, frente a un estimado de 5 mil en 1990, según el Centro Hispano Pew.