Chilpancingo, 12 Jun. (Notimex).- El Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan” informó que durante los últimos cuatro años al menos ocho menores migrantes han muerto en campos agrícolas del norte del país y más de tres mil niños emigraron de Guerrero en busca de trabajo en 2010.

En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se conmemora este domingo, el director de “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, informó que no se ha podido erradicar la explotación infantil en Guerrero.

Afirmó que ello es debido sus condiciones de marginación y de extrema pobreza, en algunos puntos.

Indicó que pese a que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han hecho reiterados llamados a los productores agrícolas y autoridades gubernamentales para erradicar el trabajo infantil, el problema sigue vigente, no sólo en Guerrero, sino en el país.

Precisó que de acuerdo a los estudios, en el último año por lo menos tres mil 309 niños de la entidad emigraron a los campos agrícolas de Sinaloa de busca de trabajo, para alcanzar una mejor condición de vida, lo que significa que también dejaron de estudiar.

El dirigente del organismo no gubernamental de derechos humanos, pidió al gobierno del estado revisar sus políticas públicas orientadas a reducir la pobreza, porque hasta hoy los niños migrantes no tienen acceso a servicios públicos de calidad, con la educación.

De acuerdo con Barrera Hernández, miles de niños y niñas indígenas de la región Montaña específicamente, son obligados a abandonar sus comunidades y la escuela para enrolarse como jornaleros en los campos agrícolas del país.

Como consecuencia, durante los últimos cuatro años en los campos de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y el Estado de México se ha registrado la muerte de ocho menores, independiente a los accidentes de que han sido objeto.

En todos los casos ha prevalecido la impunidad y una demora en los trámites para el traslado de los cuerpos a su lugar de origen, debido a que las empresas, en su mayoría, se niegan a indemnizar a los padres, o los presionan para sepultar a sus hijos fuera de su lugar de origen.