Especialistas en transparencia y rendición de cuentas llamaron a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí –ante la ausencia del Fiscal Estatal Anticorrupción– e incluso a la Procuraduría General de la República a investigar la red de corrupción revelada este lunes por el diario Pulso San Luis.

De acuerdo con un video, legisladores estatales y miembros de la Auditoría Superior de esa entidad extorsionan a diversos presidentes municipales a través de las observaciones a sus cuentas públicas, lo que es una muestra de “la captura” de órganos autónomos y de la urgencia de nombramientos transparentes.

Al respecto, el titular de la Auditoría Superior estatal, José de Jesús Martínez Loredo, aseguró que ningún Diputado “tiene injerencia” sobre la labor del órgano.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Diputados del Congreso de San Luis Potosí y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) han extorsionado a presidentes municipales de la entidad, entre ellos el de Ahualulco, Federico Monsivais Rojas, y de Tamazunchale, Baldemar Orta López. A cambio de entre un 10 y 20 por ciento del monto observado en sus cuentas públicas, “limpian” las posibles irregularidades, reveló este lunes el diario local Pulso San Luis.

Ante este presunto esquema de corrupción entre legisladores y el órgano autónomo encargado de vigilar y fiscalizar el uso de recursos públicos, especialistas en transparencia y rendición de cuentas destacaron que, ante la ausencia del nombramiento del Fiscal Estatal Anticorrupción, el Procurador General de Justicia Estatal, Federico Garza Herrera, debe investigar y en su caso sancionar penalmente. Si no lo hace, Luis Alejandro Padrón Moncada, Contralor General del Estado, debe actuar respecto a la función del Procurador, insistieron.

El Procurador Garza Herrera también enfrenta señalamientos. El abogado Agustín Castillo Guevara solicitó en abril al Congreso del Estado un juicio político en su contra por inconsistencias en el seguimiento de las carpetas de investigación. En mayo ratificó su denuncia.

Al involucrar a partidos políticos y al Congreso Estatal, el caso tiene los “méritos” para ser denunciado ante instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijeron los especialistas. Además, al tratarse de diputados, se tendría que solicitar al Congreso estatal su desafuero si se comprueba el delito de extorsión a los Alcaldes. En el caso de los auditores, es al Sistema Nacional de Fiscalización a quien deben rendir cuentas.

La red en San Luis Potosí está integrada por Óscar Bautista Villegas, legislador priista y vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal; José Guadalupe Sánchez Torres, perredista y presidente de esa Comisión; Manuel Barrera Guillén, del Partido Verde Ecologista de México y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Flores Flores, panista y el presidente de la Junta de Coordinación Política, así como funcionarios de la ASE, entre ellos, Manuel Abraham Reinhardt Guerrero, coordinador General de Auditorías Especiales, de acuerdo con una reunión filmada entre el Diputado Flores Flores y el Edil de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo.

“Si se verificara y el video fuera verídico, es un ejemplo clarísimo de la captura del órgano autónomo que es la Auditoría Superior del Estado y la falta de autonomía del Congreso estatal, lo cual permite que ciertos funcionarios como los propios integrantes de los supuestos órganos autónomos puedan crear redes de corrupción como la que nos describe esta historia en San Luis Potosí para extorsionar a alcaldes con cuentas públicas”, aseguró María Amparo Casar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción.

El titular de la Auditoría Superior estatal, José de Jesús Martínez Loredo, aseguró que “ni el Diputado Enrique Flores ni ningún otro tienen injerencia sobre el trabajo que realiza la Auditoría Superior”.

Por su parte, el Diputado Enrique Flores, quien es protagonista en el video de referencia, afirmó en una rueda de prensa que “a todas luces el video está editado” y puso en duda la credibilidad del Alcalde Crispín Ordaz –quien filtró el video– ya que, recordó, ha estado en la cárcel por malversación de fondos de su municipio. Ordaz, aseguró, acudió a su oficina para pedirle que lo contactara con los diputados para que limpiaran sus cuentas públicas. Busca que se le “tape” una deuda de 38 millones de pesos, así como transferencias bancarias a una cuenta de inversión a su nombre.

“Hablé a título personal de una percepción política que se observa en el Congreso, sin embargo [quiero] también dejar en claro que ninguno de los 27 diputados tiene acceso a remediar cuentas pública. Quien hace ese trabajo de subsanar cuentas públicas es la Auditoría Superior del Estado, lo que hacemos nosotros como diputados es únicamente avalar si esta auditoría fue hecha de forma correcta o no”, dijo Flores Flores.

El Alcalde involucrado, Crispín Ordaz Trujillo, presentó una denuncia por extorsión ante la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí contra el Diputado Enrique Flores Flores y contra quienes resulten responsables.

Ordaz Trujillo ya había gobernado el municipio de Ébano entre 2007 y 2009 –periodo en que también recibió observaciones por la ASE– y en 2012 fue encarcelado durante siete meses por asociación delictuosa en modalidad de pandillerismo, según reportes de la prensa local.

MANEJO DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas locales. Estos últimos tienen hasta el 18 de julio para establecerse. De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), San Luis Potosí cuenta con una reforma constitucional “satisfactoria” y una iniciativa de Ley del Sistema Local Anticorrupción “regular”. Pero el Fiscal Estatal Anticorrupción no ha sido asignado.

Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción establece un sistema de coordinación y contrapeso. Pero si hay colusión entre dos de estos contrapesos, “es un pésimo comienzo y una pésima señal que pone un antecedente muy complejo para que el SNA nazca con el pie derecho”.

Sin embargo, el Comité compuesto por ciudadanos “debe ser el incómodo”, ya que tiene la capacidad de solicitar la intervención del Fiscal Estatal Anticorrupción para que investigue y persiga el delito de extorsión. Si el Comité considera que el Fiscal está cayendo en una omisión, para eso está el equivalente a la Secretaría de la Función Pública de cada estado; es decir, el Contralor General, quien evalúa la labor del Procurador.

La otra vía complementaria, dijo González Arreola, es acudir al Sistema Nacional de Fiscalización, presidido por el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, y por la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez. A esa entidad las auditorías estatales le deben de rendir cuentas.

María Amparo Casar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, destacó que la falta de contrapesos en el ejercicio del poder de los funcionarios públicos es uno de los principales problemas del federalismo mexicano, lo que deja “indefenso” al ciudadano.

La Auditoría Superior de la Federación y estatales fiscalizan la Cuenta Pública mediante auditorías realizadas a los tres poderes de la Unión (legislativo, ejecutivo y judicial), a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.

El propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.

Pero en San Luis Potosí, de acuerdo con el video, legisladores estatales de diversos partidos “hacen negocio” con la Auditoría Superior estatal.

En el caso del Alcalde Crispín Ordaz, con quien dialoga el Diputado panista Enrique Flores Flores, la Auditoría Superior estatal hizo a su municipio de Ébano observaciones por 40 millones de pesos, por lo que debía entregar el 10 por ciento de esa cantidad, es decir, cuatro millones de pesos “para limpiar el cagadero”.

La investigadora Amparo Casar evaluó que este caso evidencia la necesidad de “nombramientos transparentes” de los auditores estatales con participación de los ciudadanos y “un mejor manejo de la cuenta pública municipal”.

Para ello, llamó, debe haber capacitación de la gestión gubernamental. Hay cerca de dos mil municipios en donde no hay preparación ni recursos para llevar una cuenta pública como se debe, destacó.