El caso Tlatlaya fue el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional e internacional debido a que muestra la constante de la justicia en México: la impunidad.

El Centro Prodh recordó que a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia y que tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) deberá reabrir la investigación del caso Tlatlaya ante la ausencia de una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva, informó este día el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). La orden del juez responde a un reclamo de organizaciones civiles y afectados: que se investigue hasta arriba, es decir, a la cadena de mando.

El grupo civil informó este día que el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal resolvió la reapertura del caso ante el recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González y ordenó a la dependencia federal realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

El caso Tlatlaya fue el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional e internacional debido a que muestra la constante de la justicia en México: la impunidad. En este caso se trata de una posible ejecución extrajudicial cometida por elementos del Ejército mexicano en medio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión.

El Centro Prodh recordó que a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente el 30 de junio de 2014. Tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena.

La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben, de manera ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.

El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia de amparo, que realice con debida diligencia la investigación de los hechos. La PGR impugnó la decisión, que fue ratificada el mes pasado.

“Abatir delincuentes en horas de oscuridad” fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la matanza. Así lo consiguió documentar el Centro Prodh al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron presentadas el jueves 2 de julio de 2015 en un informe.

De acuerdo con el Centro Prodh, al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia.

La reciente decisión del juez, destaca la organización, se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.

Para Clara Gómez y sus representantes, “el hecho de que el Poder Judicial tenga que ordenar a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras cuatro años de una de las violaciones a derechos humanos más emblemáticas del sexenio es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Iinterior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias”.