Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Daniel Gershenson y Arturo Arango Durán son dos mexicanos que no se conocen entre sí, pero que comparten un mismo punto de vista sobre un tema peculiar para el que ambos promueven una misma solución: uno a través de grupos de activistas, organismos internacionales y defensores de las libertades civiles, el otro, a través de la Internet.

Lo que estos dos ciudadanos buscan desde su trinchera es la implementación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en México (CICIM) y la corrupción, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), similar a la que funciona en Guatemala –conocida como CICIG– y gracias a la cual fue posible llevar a juicio al recientemente desaforado Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, por un caso de corrupción.

“Hay que debatir el tema con expertos de otros países para que esto no quiera luego tomarse como que es una intervención extranjera. Lo que estamos buscando algunos ciudadanos y organizaciones es que se abra al más alto nivel y en todas las esferas el debate para que funcione un organismo similar al de Guatemala, que ya ha comprobado su eficacia, aún cuando solo es coadyuvante y no participa en la toma de decisiones”, expresó Gershenson.

De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países evaluados en materia de combate a la corrupción, lo cual significa que está reprobado. Cansado de ver como todos los días brotan en los medios de comunicación escándalos de corrupción y conflicto de interés que involucran al Gobierno de Enrique Peña Nieto, sus funcionarios, parientes y empresarios –principalmente del ramo de la construcción– Arturo Arango abrió en la plataforma Change.org una petición dirigida a la Cámara de Diputados para que sea el Legislativo quien gestione ante la ONU la integración de un organismo independiente que combata este delito.

“El pueblo de México ya está cansado de enterarse, un día sí y otro también, de casos sospechosos donde no sólo el partido en el poder, o partidos afines, o la oposición misma actúan con impunidad, no respetan las leyes ni norma alguna les es aplicada y donde los diputados mismos se amparan en argucias legales en las leyes actuales”, afirma Arango en su petición.

“La corrupción y la impunidad van desde empresarios y banqueros, hasta instituciones tan reconocidas en México como el Ejército. Así hemos presenciado ejecuciones extra judiciales como desapariciones y secuestros en gran escala donde, generalmente, algún funcionario de alto, mediano o bajo rango aparece involucrado”, añade.

Gershenson coincide con este punto de vista pues afirma que así como sucede actualmente con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un organismo de esta índole podría trabajar sobre seis ejes: la corrupción e impunidad, el tema de la guerra sucia en los años sesenta y setentas del siglo pasado, la “lógica mafiosa” con la que actúa el Estado; la desigualdad de género y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos” y, por último, el tema de la privacidad para que el Gobierno federal se ocupe de destinar fondos para evitar el crecimiento en el número de pobres en lugar de invertir en equipo para vigilar a los ciudadanos.

“Hemos tenido reuniones informales con las principales organizaciones de defensa a los derechos humanos, los acercamientos han sido informales, pero todos coincidimos en la necesidad de que se colectivice para poder tener una visión más amplia y para que al menos, en un primer momento, no se nombre como Fiscal Anticorrupción a otros títere del gobierno como pasó con Virgilio Andrade [Secretario de la Función Pública].

LA SOCIEDAD AÚN TIENE MIEDO

Arango Durán, ahora consultor independiente en temas de seguridad, sufrió en carne propia la corrupción e impunidad del Estado: hace tres años, durante el sexenio del ex Gobernador priista de Tabasco Andrés Granier Melo –actualmente preso–, fue contratado para hacer un estudio sobre la ruta del tráfico de drogas en la entidad y al concluir que llegaba hasta los antecesores de Granier Melo, e incluso lo podría alcanzar a él mismo, todo su equipo fue detenido y torturado.

Arturo Arango fue acusado de “secuestro contra la población en general”.

¿Esto que significa?, se le pregunta

“Pues que yo secuestré a toda la población”, responde y después ríe.

Al no podérsele comprobar el delito y ante la intervención de distintos sectores, fue dejado en libertad.

Después se encontró cara a cara con el personaje que lo detuvo y lo secuestro, quien había recibido un ascenso, y al más puro estilo mexicano usó el clásico: “Usted disculpe, yo sólo recibía órdenes”.

La petición en la plataforma digital la abrió hace casi tres meses, pero hasta ahora apenas ha recibido más de 200 firmas, a pesar de que muchos ciudadanos le han señalado en privado que comparten su punto de vista, muchos se niegan a firmar porque aún existe esa cultura del temor hacia las acciones del Estado.

“Estamos hartos y a un punto de la Revolución, pero la gente no se anima alzar la voz. El hartazgo lo estamos viendo ya en comunidades donde la gente está haciendo justicia por mano propia como sucede con los grupos de ‘vigilantistas’ en el Estado de México que ya llevan ocho o nueve asesinatos de supuestos asaltantes del transporte público”, dijo a SinEmbargo.

“La petición ahí está y he hecho de todo, por cielo, mar y tierra para que la gente la firme: he mandado tuits a líderes de opinión, periodistas, algunos le dan favorito, pero no lo comparten. Lo he comentado con muchas organizaciones, pero falta el compromiso, incluso de muchas organizaciones no gubernamentales para que participen en el diálogo”, lamentó Arango Durán.

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MÉXICO NO PUEDE SOLO

Actualmente, en México es imposible juzgar al Presidente por casos de corrupción. Por ello, el pasado 5 de septiembre el ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador sugirió a la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión presentar una iniciativa de reforma constitucional en la que se contemple juzgar al Primer Mandatario por corrupción e influyentismo.

Y es que en México, las cosas ya llegaron a un nivel en el que el país y ciudadanos ya no pueden solos, consideró Gudalupe Correa-Cabrera, profesor Asociado del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, Estados Unidos.

“El país necesita exactamente una comisión como la de Guatemala, porque tienen muchos hoyos desde hace muchos años que no ha podido tapar, hay muchas cosas que ya no puede ni podrá solucionar el gobierno por sí mismo y menos por iniciativa propia”, expresó en entrevista.

Lo difícil, manifestó, será que el gobierno acepte la operación de una comisión como la CICIG, pues a pesar de que sí lo hizo con el caso Ayotzinapa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismos que vaya más a fondo podría arrojar recomendaciones en las que podrían verse afectados muchos altos funcionarios y que podrían dejar aún más en evidencia al aparato de justicia en el país.

“Para que esto suceda – la operación de una comisión como la CICIG- lo tiene que pedir el Presidente y autorizarlo el Congreso y ¿sabes tú cuántos intereses hay ahí?”, cuestionó la académica.

La aceptación del Gobierno Mexicano para abrir una nueva averiguación previa sobre la desaparición de los normalistas, tras las conclusiones de la comisión independiente, también despertó un debate en la Organización de Estados Americanos (OEA), sin embargo, su secretario general, Luis Almagro Lemes, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación en el sentido del nombramiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, sólo para el caso Ayotzinapa.

¿CÓMO TRABAJA LA CICIG?

Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) en Guatemala, recordó que la CICIG empezó a trabajar en 2007 como un esfuerzo para combatir el crimen y la impunidad en el país, desde entonces, el Estado tiene la obligación de proporcionarle la asistencia que requieran sus integrantes, libertad de movimiento a través del territorio, acceso a todas las instalaciones del gobierno incluyendo penales y cuarteles militares, así como la libertad de acceder a todos los archivos, grabaciones o de entrevistar a cualquier actor que considere necesario sea servidor público o no.

“La CICIG es una institución mixta que permite la cooperación entre las entidades nacionales e internacionales. Esto le permite trabajar en estrecha colaboración con las entidades nacionales con el fin de capacitar a personal local y fortalecer la capacidad institucional local. CICIG ha tenido una influencia importante en la aprobación de varias leyes que afectan el sistema de justicia penal y en el proceso de selección y nombramiento de funcionarios públicos clave y jueces. Ha tenido un papel importante en la identificación y persecución penal de varios casos de alto impacto, entre ellos cargos penales contra funcionarios de alto nivel y un ex jefe de Estado”, expresó.

Sin embargo, su presencia en el país no sólo ha servido para exhibir los delitos del Estado sino también para aclarar otros en los que no existe culpabilidad de ningún funcionario púbico, como el caso de la muerte de Rodrigo Rosenberg un abogado que dejó un video póstumo en el que culpaba de su muerte –en 2009– al entonces Presidente Álvaro Colom, a su esposa y al secretario privado de la Presidencia. La CICIG concluyó que Rosenberg había organizado su propio asesinato.

“También ha enfrentado algunos obstáculos: en un principio tenía la necesidad de buscar financiamiento, contratar su propio personal y fortalecer la capacidad operativa dentro de su primer mandato de dos años. Habría beneficiado enormemente si hubiera sido creada como una institución dentro de la ONU. También, debido a que opera dentro del sistema jurídico nacional que está sujeto a la decisión de los jueces locales si la admiten como parte en los procedimientos penales. Hasta ahora ha ejercido influencia para la reforma del Sistema Nacional de Justicia Penal. Si tiene éxito existe la posibilidad de extender su mandato o la creación de entidades similares en otros países de América Central, principalmente El Salvador y Honduras”, explicó Aizenstatd.