Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– El líder del albergue Hermanos en el Camino, el padre Alejandro Solalinde Guerra, solicitó la renuncia del Gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, ya que, dijo, el horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades. “La última de ellas ha dejado ríos enteros de dolor e indignación en todo el mundo: la masacre y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.

A través de una petición colgada en la página Change.org y dirigida al Diputado panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Solalinde acusa que el gobierno de Ángel Aguirre ha sido, en el mejor de los casos, “inepto e ineficiente; en el peor, cómplice y criminal”.

El pasado 7 de octubre los diputados crearon una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los normalistas de Ayotzinapa, integrada por siete diputados, uno de cada fracción parlamentaria representada en San Lázaro, y el presidente es el panista José Guillermo Anaya Llamas, actual Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Los otros integrantes son: Manuel Añorve Baños del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lizbeth Rosas Montero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ruth Zavaleta Salgado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano (MC), Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo (PT) y Sonia Rincón Chanona de Nueva Alianza.

El religioso destaca las declaraciones del Gobernador guerrerense, quien en días pasados ha declarado a la opinión pública que está dispuesto a irse si la gente así lo pide.

Por ello, el también activista social, pide la ayuda de la sociedad mexicana para “demostrarle [al Gobernador] a través de esta petición que somos miles los que nos oponemos a que continúe en su cargo y, con ello, a que la tragedia en Ayotzinapa no tenga consecuencias políticas”.

En la petición, que lleva hasta el momento mil 500 firmas, Solalinde refiere el caso del ex Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que renunciar a la gubernatura por la masacre de 17 personas en Aguas Blancas.

“¿Qué mensaje estaremos dejando si permitimos que Aguirre concluya su mandato habiendo la cantidad de desaparecidos y de muertos durante su período?”, cuestiona el activista.

De igual forma hace la invitación a firmar la petición compartirla con amigos, familiares y compañeros. “No podemos guardar silencio en este momento. Debemos alzar la voz y evitar la impunidad”.

Alejandro Solalinde, quien ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones por defender a los migrantes, declaró el pasado 7 de octubre que la sociedad mexicana debería unir fuerzas para exigir justicia a las autoridades por los crímenes en Iguala, así como la renuncia del Gobernador perredista.

El sacerdote defensor de los derechos humanos condenó la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de otros tres asesinados, además del homicidio de dos civiles y un futbolista menor de edad en Iguala. También dijo que debe esclarecerse y encontrar a los culpables del asesinato de 28 personas, encontradas el fin de semana pasado en fosas clandestinas en ese mismo municipio.

Al término de un foro sobre personas Migrantes Centroamericanas en detención organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el padre Solalinde aseguró que “es necesario que nos unamos todos para que ese señor renuncie [Ángel Aguirre Rivero] y que sirva de escarmiento y antecedente para que en México se instituya la revocación de mandato”.

El padre dijo que no bastaba con la renuncia del Gobernador, también exigió una investigación sobre la cadena de mandos. Recordó el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde un grupo de militares abatió a un grupo de personas, presuntamente delincuentes, pues Solalinde asegura que en la línea de mandos, es prácticamente imposible que los subalternos se dicten órdenes a sí mismos “Eso no lo hacen, ni los policías, menos los militares. Si no vienen órdenes de arriba, no lo hacen”.

COMISIÓN TRABAJARÁ CON SEDENA Y SEGOB

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, realizará sus trabajos los días 26 y 27 de octubre en un ambiente de apego a Derecho, transparencia y rendición de cuentas, afirmó su presidente Alejandro Encinas.

Informó que para cumplir con esa responsabilidad, los integrantes de la comisión sostendrán una estrecha relación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional.

También buscará coordinarse y colaborar con las organizaciones civiles que exigen justicia, y con organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, o Amnistía Internacional.

En un comunicado, Encinas Rodríguez hizo hincapié en que los senadores y las senadoras que conforman esta nueva comisión de seguimiento no son la autoridad ni tienen funciones de policía, por lo que no podrán llamar a comparecer civiles.

Detalló que todas las reuniones y temas que se aborden se darán a conocer como lo dicta la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

“Todo en aras de dar solución a este caso que ha afectado enormemente el tejido social y tiene entristecida, no solo a la comunidad estudiantil mexicana, sino a la sociedad en general”, añadió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El también integrante del grupo redactor del paquete de leyes en materia de transparencia, destacó la importancia de la rendición de cuentas y de sostener una buena relación con las instituciones públicas y organizaciones civiles, para satisfacer las demandas de una sociedad que ha salido a manifestarse contra el envilecimiento de las entidades encargadas de impartir justicia.

Detalló que junto al caso de Iguala también se analizará de manera profunda el de Tlatlaya, y todos aquellos en los que existan pruebas de abuso de autoridad y violación de las garantías fundamentales para la preservación de la integridad ciudadana.

“Es necesario que la población vuelva a confiar en las instituciones y en la autoridad, que al día de hoy mantienen un perfil de desconfianza debido al alto grado de corrupción e impunidad que impera. Se tiene que recuperar la legitimidad del sistema de justicia”, enfatizó.

El senador hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a deslindar responsabilidades y a ejercer las acciones penales correspondientes contra quienes resulten culpables de los actos atroces mencionados.

“No debemos ser omisos ante situaciones de este tipo, las declaraciones y evidencias tardías son inútiles, se debe actuar siempre a tiempo para evitar actos que lamentar”, aseveró.

Finalmente, reiteró que trabajarán para que las autoridades correspondientes otorguen el debido seguimiento al caso y para que no quede impune, concluyó.

Integran el grupo de trabajo los senadores Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo, y Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza.