Actualmente el Senado discute la reforma a la Ley General de Víctimas, de la cual surgió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Julio Hernández Barros, quien fue abogado de Javier Sicilia y desde ayer tomó las riendas de esa Comisión, espera que esto haga más accesible el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas; que les facilite cobrar en vez de mantener “candados”; que no tengan que gastar sino que se puedan hacer pagos anticipados. Además, que las víctimas de fuero común –y no solo las de delitos federales– también tengan acceso a la atención y que la reparación integral del daño –que incluye compensación económica, garantía de no repetición y medidas de rehabilitación y satisfacción– no esté condicionada a que exista una sentencia firme o una recomendación de la CNDH. A diferencia de su antecesor Jaime Rochín, el abogado especialista en Derecho Penal viene con una actitud más optimista frente al gigantesco problema que ahora carga en su espalda.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– En el 2011, siete jóvenes fueron asesinados por el crimen organizado en Temixco, Morelos, entre los que estaba el hijo del poeta y ahora activista Javier Sicilia. A raíz de ese dolor, el escritor inició el Movimiento por la Paz por Justicia y Dignidad. Julio Hernández Barros fue su abogado y asesor jurídico durante esa reciente herida.
Hoy, Julio es el nuevo Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con sede en 15 estados. A diferencia de su antecesor, Jaime Rochín, el ex Comisionado en el área de desapariciones tiene una actitud menos derrotista ante los obstáculos para operar. Durante su administración, dijo a SinEmbargo, buscará facilitar el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, actualmente “con candados”, para que tengan una reparación integral (más allá de sólo dinero), así como atender a las víctimas “de la manera más eficiente posible” aunque el problema “es muy grande”.
Respecto al presupuesto, afirmó, la Comisión solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, dentro del paquete económico 2017, se contemplen recursos para que ese organismo tenga presencia en todo el país.
Alrededor de las 6:30 horas del 7 de noviembre del año pasado, cinco militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) fueron baleados en Iztapalapa, Ciudad de México, por un grupo de sujetos. Días antes se habían manifestado por el asesinato en la comunidad del Carristal, Chiapas, de su compañero Héctor Santiz López. Una de las balas atravesó de axila a axila a Rubicel Hernández García, dañando su columna vertebral. Quedó parapléjico.
En mayo pasado, el activista de 27 años originario de Hidalgo, en silla de ruedas, se manifestó junto con sus compañeros y miembros de organizaciones civiles afuera de la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la capital del país para que la institución cumpla con los acuerdos a los que se comprometió: entrega del material necesario para su rehabilitación, integración cotidiana y, principalmente, una silla de ruedas adecuada.
La silla de ruedas que actualmente usa se la regaló una compañera del Frente Nacional, pero no es la que su situación médica necesita.
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Como Rubicel, miles de víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos necesitan apoyo y reparación integral para retomar un proyecto de vida. Este domingo Jaime Rochín –quien ha afirmado que el organismo está absolutamente rebasado– le pasó la estafeta al abogado y especialista en Derecho Penal, Julio Hernández, quien habló con este sitio digital en su primer día de labores.
Durante toda la mañana, además de agradecer en Twitter las felicitaciones por su nombramiento, el también académico estuvo dialogando con su equipo, los comisionados Susana Pedroza de la Peña y Adrián Franco Zevada, para encontrar una manera “inteligente” de resolver el principal problema que detecta dentro del órgano: los candados para acceder a los mil 500 millones de pesos que forman el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a las víctimas.
–¿Qué obstáculos está detectando dentro de la CEAV para la atención de las miles de víctimas? –se le cuestionó vía telefónica.
–La Ley General de Víctimas de la que proviene la CEAV es el cuerpo legislativo más garantista que tiene nuestro país y un ejemplo a nivel mundial de lo que son los derechos humanos y en especial de las víctimas. No hay ningún país en el mundo que tenga una Ley tan avanzada como esa. Ahora, como todas las leyes, es perfectible. Iría encaminado hacia el acceso al Fondo, cómo facilitar a las víctimas a acceder a él. La CEAV administra un fideicomiso de cerca de mil 500 millones de pesos que se ha visto afectado por una serie de candados que nos hacen poco factible su disposición. Sin embargo, en esta administración estamos buscando formas novedosas, inteligentes y muy dinámicas para poder disponer de ese fondo aún en las condiciones actuales de la Ley. Por su puesto que una reforma vendría bien y allanaría mucho el camino. El pleno de esta CEAV está integrado básicamente por tres comisionados. La Comisionada Susana Pedroza de la Llave, el Comisionado Adrián Franco Sevada y yo hemos estado platicando toda esta mañana de un plan para agilizar los recursos del fondo para hacer que las víctimas del delito y de violación a derechos humanos puedan acceder al Fondo para buscar reparación integral y medidas de ayuda urgente.
–Entonces, ¿usted no coincide en las afirmaciones de colectivos de derechos humanos sobre que hay mucha burocratización dentro de la CEAV? El mismo Rochín lo mencionaba.
–Más que burocratización, con la cual desde luego no coincido, al contrario, la Comisión ha buscado mecanismos ágiles, hay candados en la Ley que hacen poco factible el obtener recursos del Fondo de Ayuda. Habrá que echarle ingenio y pedirle a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda que sean tolerantes con la forma en que se gasta, porque no estamos hablando de cosas materiales sino de seres humanos que requieren de ese dinero para su proyecto de vida y que fueron dañados por el delito o porque alguna autoridad violó sus derechos humanos. Estoy seguro que en este periodo, que me toca a mí presidir, siempre acompañado de mis compañeros comisionados del pleno, lograremos eficientar los recursos del Fondo para hacer que lleguen a muchos más personas.
–Comisionado, dirigentes de colectivos de derechos humanos y un abogado de la Universidad Iberoamericana coinciden en solicitarle a la CEAV ampliar las delegaciones que tienen. Hasta el momento sólo están en 15 estados, pero no en entidades violentas como Tamaulipas o el Estado de México. Asimismo piden extender la atención a víctimas no solo de delitos federales también de estatales. ¿Ustedes ven la posibilidad de esto?
–Todas esas son peticiones muy justas. Nosotros presentamos a la Secretaría de Hacienda para el presupuesto 2017 la presencia de la CEAV en todos los estados de la República, pero no sólo eso: que también haya subdelegaciones en las principales ciudades del país además de las capitales. Estamos pensando en tener 32 delegaciones y más de 40 subdelegaciones. Esa es la petición que le hicimos. Ojalá que con la misma visión que lo ven estas organizaciones, las universidades y la propia CEAV, tanto Hacienda como la Cámara de Diputados que aprueban el paquete lo vean y podamos contar con un presupuesto suficiente para poder garantizar nuestra presencia en nivel nacional. En la cuestión de atraer casos del fuero común, la Ley General de Víctimas (LGV) da esa posibilidad, pero reglamentariamente nos encontramos limitados. Eso no requiere de una reforma legal, sino del reglamento de la LGV. La CEAV es la encargada de que todas las víctimas tengan acceso a derechos que antes no tenían. En el 2000 no había ni siquiera la mención de la palabra “víctima” en nuestra Constitución de manera que la Comisión ha llenado este hueco y da garantías para ponerlos por lo menos al mismo nivel que los imputados.
–El domingo pasado Jaime Rochín le decía a la madre de un desaparecido en Coahuila que la CEAV está completamente rebasada. En el 2015, según legisladores, ustedes recibieron 5 mil denuncias y solo pudieron atender a 89 víctimas. ¿Cómo van a resolver este aplastante problema?
–Aquí en la Comisión tenemos un registro que hemos atendido a por lo menos 3 mil víctimas de desaparición. Las tenemos en el Registro Nacional de Víctimas. Esos datos son falsos. Tan solo en Iguala, Guerrero, tenemos 400 familias de desaparecidos que yo personalmente atiendo, además de toda la parte operativa. En Chilapa, Guerrero, se atienden a más de 100 familias víctimas de desaparición. En Veracruz a un centenar de víctimas y en Coahuila 400 están siendo atendidas. Actualmente estamos atendiendo a 3 mil víctimas tanto en la asesoría jurídica, en la dirección general de primer contacto… He ido a Coahuila con Fundec, y con el grupo de personas desaparecidas de Baja California tenemos más de 100 víctimas que estamos atendiendo.
–Entonces, ¿no coincide en que la CEAV está rebasada?
–El problema de víctimas es muy grande y cualquier esfuerzo que pueda hacer el Estado podría quedarse corto. Sin embargo, estamos atendiendo de la manera más eficiente posible a las víctimas tanto de desaparición como de otros delitos. Personalmente lo he hecho. Te puedo dar nombres y teléfonos de líderes de organizaciones de desaparecidos que te confirmarán mi asistencia personal a atenderlos.
–Comisionado, respecto al presupuesto, Hacienda les dio en 2015 y 2016 más de 900 millones de pesos. Pero ya desglosado, ustedes están gastando 500 millones de pesos en asistencia y apoyo a víctimas, y el resto se va a servicios personales, generales y materiales.
–Tampoco es exacto. En realidad el presupuesto que nos dio la Secretaría de Hacienda el año pasado no fue de 900 millones de pesos, sino de 400 millones. Los otros 500 millones de pesos van a engrosar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación que es exclusivo para el uso de las víctimas. Del presupuesto corriente de los 400 millones prácticamente la mitad se va en gastos de atención a víctimas, es decir, traslados, gastos hospitalarios, medicinas, alimentos… gastos no relacionados con la operación de la CEAV. Y si eso le sumamos los otros 500 millones de pesos que hay prohibición expresa para usarlos en condiciones que no sean para ayuda, asistencia y reparación integral, bueno, te puedo decir que por lo menos tres cuartas partes del presupuesto o más están destinadas en exclusivo a las víctimas.
–Pero entonces, ¿por qué gastar 8 millones de pesos anuales en servicios de lavandería, limpieza e higiene o un millón en jardinería?
–Entre nuestro activo, se encuentra el Memorial a Víctimas que está ubicado en el Campo Marte en Chapultepec [en la Ciudad de México] y una de las medidas que contiene la Ley General a Víctimas son las medidas de satisfacción, las cuales van pendientes a lograr que la víctima encuentre cierto sosiego y paz después de haber sufrido un delito o violación a derechos humanos. ¿Cómo se hace eso? A través de perdones públicos, reconocimientos, monumentos o memoriales que recuerden a las víctimas. En el caso del Memorial a Víctimas, como todo espacio dedicado a ellas, procuramos mantenerlo en las mayores condiciones de dignidad porque las víctimas se merecen medidas de satisfacción dignas. Ahora, servicios de lavandería, francamente esta CEAV no tiene a reserva de chequearlo con mi administrativo. Que yo sepa no hemos lavado una toalla en toda la historia de la Comisión. Pero lo voy a chequear porque me llama la atención. Jamás hemos lavado, no tengo nada qué lavar salvo cuestiones que tengan que ver con funcionarios que no tengan la suficiente empatía con las víctimas. Esos sí los lavamos y los enviamos al fregadero.
–En la misma página de la CEAV, en la parte de presupuestos desglosados por años, viene: 8 millones 125 mil pesos en servicios de lavandería, limpieza e higiene en 2015…
–Muchos de esos presupuestos a lo mejor tienen que ver con los servicios de limpieza. Tenemos 16 delegaciones y hay un contrato para la limpieza y mantenimiento que se les da a las instalaciones. Seguramente así está etiquetado. Es un espacio para las víctimas digno, limpio y con mantenimiento. Tenemos baños para personas con discapacidad en cada piso, todos funcionan, tienen papel de baño y jabón. Por supuesto que eso no tiene que ver con un lujo, sino con la dignidad mínima que cualquier víctima merece.
–¿Entonces no se le hacen incongruentes 8 millones?
–Francamente no, si ves que tenemos 16 delegaciones habría que ver exactamente en qué se gastó ese dinero, porque no se gastó en lavar nada. La Secretaría de Hacienda permite que año con año cada rubro se cambie y muchas veces a veces está etiquetado con un rubro, pero se utiliza en otro que sea mucho más prioritario.
–Finalmente Comisionado, ¿qué espera de la reforma a la Ley General de Víctimas que actualmente se discute en el Senado?
–Fundamentalmente espero que haga accesible el Fondo a las víctimas; que facilite a las víctimas cobrar; que no tengan que gastar, sino que se puedan hacer pagos anticipados. Además, que las víctimas de fuero común también tengan acceso a la atención y que la reparación integral del daño no esté condicionada a que exista una sentencia firme o una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que la simple condición de víctimas les garantice el acceso.
–En la presentación del informe del Colegio de México sobre “En el desamparo”, Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, aseguró que la CEAV es más una ventanilla de indemnizaciones que de reparación de daños. ¿Cuál es su opinión?
–No somos una oficina de reparación del daño, sino de reparación integral. Una pequeña parte es la compensación económica, pero también tiene medidas de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición. Todas esas se incluyen en las resoluciones. Por su puesto que la compensación económica es importante porque es el recurso que se necesita para empezar un nuevo proyecto de vida, pero no es lo único. En el caso de los Avispones, por ejemplo, una medida de satisfacción fue que la cancha en donde juegan lleva el nombre de David Josué, el niño que perdió la vida asesinado por los atacantes esos 26 y 27 de septiembre de 2014. Es una medida que forma parte de la reparación integral. Una medida de no repetición es capacitar a las policías tanto estatales como municipales para que sepan qué son los derechos humanos, y por supuesto a los mandos para que tengan parámetros para elegir a sus policías que cumplan con los requisitos de honestidad y ética que se requieren.
El Pleno de la CEAV designó por unanimidad al Dr. @juliohbarros como su nuevo Comisionado Presidente pic.twitter.com/eS87NpjVAf
— CEAV (@CEAVmex) October 10, 2016
