Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Para una madre no existe dolor más fuerte que perder a su hijo y para un hijo no existe pena mayor que no saber dónde está alguno de sus padres. Ese dolor lo han experimentado en los últimos siete años las familias de al menos 26 mil personas [según la cifra oficial].
Ellos tienen familia, tienen nombre, y no se trata sólo de un número sino del drama de los desaparecidos en México que se recrudeció a partir de diciembre de 2006, con el inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En algunos casos, como el de María Concepción Vizarreta Salinas, de Oaxaca, el drama se multiplica al buscar no a uno sino a 10 de sus familiares desaparecidos en Matamoros, Tamaulipas, el 14 de julio de 2010.
“Al cumplirse un año de la desaparición de nuestros 10 familiares nunca hubo respuestas concretas de las autoridades, por eso, 13 familiares decidimos el 14 de julio de 2011 iniciar una huelga de hambre indefinida que se prolongó durante 100 horas en el corredor del Palacio de Gobierno de Oaxaca”, se lamenta.
Sin embargo, “nadie escucha el río de lágrimas hasta que no ha vaciado las propias en él. ¿Esperan padecer lo que nosotros para sensibilizarse? Lo único que pedimos es que la sociedad sea solidaria y las Autoridades cumplan con su deber”, reclamó en el Castillo de Chapultepec el 28 de julio del 2011, durante los llamados Diálogos por la Paz, entre el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y las víctimas de la violencia.
La huelga de hambre de Vizarreta Salinas impactó a la sociedad y a la prensa nacional y extranjera, pero sus familiares aún son parte de la fatal estadística que según Human Rights Watch (HRW) llegaría a 26 mil 567; de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) sería de 26 mil 121 y según la Comisión Ejecutiva para la Atención de Desaparecidos, después de hacer una primera depuración, la cifra sería de aproximadamente 20 mil.
Los desaparecidos son otro “daño colateral” de la llamada guerra de Calderón contra el narco, que esta semana cumple siete años de haberse lanzado, dejando como saldo un número de muertos que ronda entre los 60 y los 90 mil, así como dolor en miles de hogares en los que un día vieron a un salir por la puerta de sus casas a un ser querido, y años después aún esperan su regreso.
CRISIS DE DESAPARICIONES FORZADAS
El hecho representa para México un grave problema de derechos humanos en el que no se sabe dónde están al menos mil de sus ciudadanos.
“México atraviesa por una crisis de la mayor gravedad, muy seria en lo que se refiere a la desaparición forzada de personas”, aseguró el 20 de febrero José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, tras sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia federal Lía Limón.
Las desapariciones se concentran en algunas de las regiones más afectadas por la violencia en el país, mientras que las mujeres a menudo han desaparecido de las zonas rurales -un hecho que sugiere la participación de las redes de trata de personas, así como casos relacionados con el tráfico de drogas.
La desaparición de las víctimas se ha convertido en una forma común para los grupos criminales mexicanos que cometen actos de violencia sin llamar la atención por parte de las autoridades, con el gobierno mexicano en el pasado vinculando a las víctimas a la criminalidad y mostrando poca voluntad política para perseguir los casos.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el país existen cerca de 15 mil cuerpos en servicios Médico Forenses de distintas entidades del país y en fosas comunes, entre los cuales podrían encontrarse miles de las personas desaparecidas, pero hasta ahora, no existen métodos eficientes para su identificación.
A pesar de los reclamos, marchas y observaciones de organismos globales como Amnistía Internacional (AI), con Felipe Calderón el tratamiento del tema de los desaparecidos fue nulo; incluso, el 5 de julio de 2012, el ex Presidente envió al Congreso un comunicado para vetar la Ley General de Víctimas, un documento en el que académicos, miembros de la sociedad civil, legisladores y representantes gubernamentales habían trabajado durante meses y que había sido aprobado en abril de ese año por el Legislativo.
Según Calderón, no existía claridad en el tema de la subsidiariedad; es decir, “asegurar que será el delincuente el primer responsable de la reparación del daño a las víctimas. Cuando éste no pueda, o por cuestión de urgencia, será el Estado el encargado de dicha reparación”.
En lugar de promover su publicación, la Presidencia interpuso una controversia constitucional evitando su entrada en vigor.
LOS RECLAMOS A CALDERÓN
“Lo único que creó Calderón fue el sistema de Províctima, donde se da una atención muy parcial al problema, sin crear políticas nacionales de atención a víctimas ni tampoco crear organismos responsables de cuando se trata de casos de desapariciones forzadas”, considera, a título personal, Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conformada este año.
Durante el sexenio de Calderón, la constante fueron reclamos de madres de desaparecidos que en más de una ocasión interrumpieron sus discursos en actos oficiales y lo increparon ante la falta de acción de su gobierno para localizar a sus hijos.
Uno de estos enfrentamientos que más se recuerda fue cuando en febrero de 2010 María de la Luz Dávila expresó a Calderón, en Ciudad Juárez: “Disculpe, señor Presidente, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es”, lo tuvo que hacer entre forcejeos y a contracorriente.
“El problema es tan grande, pero los esfuerzos no son suficientes, además de la búsqueda de las personas, que es una de las más importantes, no había esfuerzos en seguridad tendientes a evitar que siguieran desapareciendo ciudadanos”, observó Barros.
Un gran número de estas personas son desaparecidos por trata, principalmente mujeres y niñas que están siendo enganchadas o secuestradas por las redes de la prostitución; otro parte efecto directo de la lucha contra el crimen organizado, una parte más para ser confinados a trabajos forzados, un rubro más es el de las desapariciones forzadas y un porcentaje, personas que simplemente están ausentes.
“Se lo debemos a Calderón”, dice sin titubear Barros.
“Las desapariciones son delitos continuos que permanecen en el tiempo y en ese sentido, los familiares de las víctimas no saben qué consecuencia va a tener denunciar; puede imaginar cualquier cosa, como que levantar la denuncia implica la posibilidad de que haya represalias. En este país nadie sabe cuántos desaparecidos hay”, dice por su parte Ernesto López Portillo, director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde).
Consideró que los desaparecidos son una de las formas más extremas a través de las cuales el crimen organizado ocupa un espacio de poder que no es contenido por las instituciones formalmente constituidas.
Para Daniel Zapico Alonso, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, el tema de los desaparecidos es el principal reflejo del fracaso de la estrategia de seguridad pública de Calderón.
Y su desatención hacia el problema hizo que las víctimas y sus familias fueran “victimizadas” una y otra vez.
“Tampoco parecían interesados en el problema del sub registro en cuanto a las cifras de desaparecidos, que no parecía importar mucho… no se ha hablado para nada de las desapariciones forzadas, donde hay participación directa o indirecta de funcionarios públicos, lo cual supone negar la justicia a las familias ”, reclamó Zapico Alonso.
“Parte del problema es que no sabes de cuánto es el sub registro porque desconocemos las metodologías, hemos documentado casos de familias donde las autoridades se niegan a recibir los casos bajo el argumento de que se fueron con los amigos, con el novio, incluso amenazan con hacerles algo si llegan a denunciar”, advierte.
La CNDH investiga 2 mil expedientes como posibles casos de desapariciones forzadas. No obstante, lo que preocupa a AI es la implicación de funcionarios públicos en estos hechos, pues de 152 casos individuales que han llegado al organismo internacional, en 85 han encontrado indicios “suficientes” de la implicación de elementos del Estado.
Por su parte, en el informe “México: Crisis de desapariciones forzadas”, HRW presenta los casos de 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Calderón, en 149 de esos casos, encontró pruebas “contundentes” de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
EL DRAMA NO TERMINA
De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Gobernación que registra las desapariciones de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, en el país existen 26 mil 121 personas “no localizadas”.
El 48.1 por ciento de las desapariciones en México, en ese mismo lapso, ocurrieron en el Distrito Federal, el Estado de México y en Tamaulipas.
Los estados con las tasas de desaparecidos por cada 100 mil habitantes más altas fueron: Quintana Roo con 74.2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, Tamaulipas con 54.8 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, Sinaloa con 50.9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes y el Distrito Federal con 50.1 desaparecidos por cada 100 mil habitantes.
Las mujeres desaparecen en municipios con poca población, mientras que los hombres en localidades más grandes.
Además, es importante destacar que hay una mayor dispersión geográfica entre mujeres desparecidas que entre hombres desparecidos.
Los estados con las tasas más altas de mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes fueron: Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas, el Distrito Federal y Guanajuato.
El caso más alarmante es Quintana Roo. Tuvo 21.1 mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes contra 9.6 hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes.
Los estados con las tasas más altas de hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes fueron: Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas y Michoacán.
En Tamaulipas hubo 44.0 hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes contra 10.5 mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes. En Sinaloa 41.7 hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes contra 9.2 mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes. En Coahuila 39.3 hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes contra 8.7 mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes. Y en Durango 22.7 hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes contra 8.5 mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes.
A nivel local, los municipios con las tasas más altas de desaparecidos por cada 100 mil habitantes tienden a ser localidades de poca población, como: Cucurpe, Sonora; Onavas, Sonora; Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas, y, Momax, Zacatecas, entre otros. Adicionalmente se destaca que son municipios cercanos a carreteras y se ubican en zonas de alta violencia.
Los municipios con las tasas más altas de hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes fueron: Tizapán el Alto, Jalisco (447.1); Cucurpe, Sonora (398); Onavas, Sonora (271.5); y Mier, Tamaulipas (170.4).
Los municipios con las tasas más altas de mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes: Tizapán el Alto, Jalisco (867.0); Mier, Tamaulipas (93.0); Coroneo, Guanajuato (81.2); Santa María del Oro, Jalisco (78.1); y San Martín de Bolaños, Jalisco (65.9).
Durante una reunión el 29 de noviembre de este año, en el estado de Sinaloa, los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) acordaron revisar el sistema actual para los casos de desaparición -que dicta que deben pasar 72 horas antes de que las autoridades actúen, una vez una persona ha sido reportada como desaparecida- para comenzar las búsquedas inmediatamente
Las autoridades anunciaron la formación de una red nacional para registrar y buscar a los desaparecidos del país; un tardío reconocimiento de un problema endémico vinculado a distintos factores, uno de los principales, el crimen organizado.
El acuerdo no sólo debe acelerar el registro de personas desaparecidas, sino también provocar una reacción más rápida por parte de las unidades federales y estatales encargadas de la investigación de casos. Según lo informado, se fortalecerá el esfuerzo mediante la consolidación de bases de datos de huellas dactilares e información genética, con el fin de integrar las investigaciones forenses a nivel nacional.
Sin embargo, de acuerdo con López Portillo, en países que han implementado esquemas para la búsqueda de desaparecidos, estos han tardado hasta ocho años en lograr su adecuada implementación.
Zapico considera que la impunidad y la inactividad en el tema de los desaparecidos durante el sexenio de Calderón abrió la puerta para que en el país las autoridades sigan vinculadas a algunos de estos casos y citó cuatro desapariciones registradas en Nuevo León y Tamaulipas, en los que estuvieron involucrados elementos de la Marina.
“En uno de los casos apareció el cuerpo sin vida de uno de los desaparecidos y tampoco ha habido acciones para llevar a los responsables a la justicia. Cuando las familias fueron a denunciar ante la PGR las desapariciones, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a recibir la denuncia”, destaca.
