Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– En la declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública, Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, no aceptó rendir cuentas sobre el valor de “la contraprestación y moneda” en sus bienes inmuebles; es decir, no fue específico ni en cuánto costaron ni en el origen del dinero con el que los adquirió. El funcionario presentó el documento en primera instancia el 11 de enero de 2013, y lo ha modificado en dos ocasiones, el 29 de mayo de 2013 y el 30 de mayo de 2014.

De esa forma, el Secretario logró hacer un trato de compra-venta con Bienes Raíces Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, para adquirir una casa en Malinalco, Estado de México, según la revelación del diario estadounidense The Wall Street Journal, sin que lo supiera la Secretaría de la Función Pública, la dependencia federal con atribuciones para señalar indicios de conflictos de intereses y actos de corrupción.

NO VENDERÉ MI CASA, NI RENUNCIARÉ, DICE VIDEGARAY.

“Tuvo que realizarse una búsqueda periodística en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de México para validar datos y encontrar la simbiosis con el Grupo Higa ahora plagado de controversias. Con la declaración patrimonial del funcionario hubiera sido imposible conocerlo”, exclama Ernesto Villanueva del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en Declaración Patrimonial como tema de análisis en México.

La declaración patrimonial es el documento que avala la fortuna de los ciudadanos al momento de ingresar a la administración pública para evitar enriquecimiento inexplicable, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Su contenido y publicación son potestativos; es decir, el funcionario declara y omite lo que quiere, y la hace pública a voluntad. Es una acción más ética que legal.

“Nada en la Ley lo obligaba a declarar la casa en Malinalco. Tampoco a quién se la compró. Ese formato en México es más bien una invitación a esconder, a poner un velo sobre lo que se posee. El entramado es fácil para la corrupción o los conflictos de intereses”, abunda Villanueva.

En una carta enviada a The Wall Street Journal, Videgaray Caso expuso que la compra de la casa, por 7.5 millones de pesos, sí aparece en su declaración patrimonial, pero, admitió que no aparece el financiamiento con el que la adquirió, debido a que el formato electrónico de la declaración le impedía explicar que se trataba de un crédito no bancario a 18 años. “No hay conflicto de interés. Hice el trato cuando no tenía ningún cargo público y el trato se realizó de acuerdo con parámetros del mercado”, le explicó el funcionario al diario estadounidense.
La noche de ayer, Videgaray Caso hizo público el contenido de la misiva que envió al medio estadounidense dada la publicación de la nota que reveló que él, como la esposa del Presidente, era dueño de una casa del Grupo Higa. El Secretario de Hacienda expuso tres puntos:

1. La propiedad referida en el artículo la adquirí el 10 de octubre de 2012 a la empresa Bienes Raíces H&G. La operación se realizó de manera plenamente legal, cuando yo no era servidor público y dentro de parámetros de mercado, por lo que no existió conflicto de interés alguno.

2. Para la adquisición del inmueble obtuve un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora. Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014.

3. El inmueble aparece reportado en mis declaraciones patrimoniales. Si bien en el formato de la declaración aparece como una operación de contado, hice la siguiente precisión: “Se hace la aclaración que la adquisición del inmueble propiedad del declarante aparece como operación de contado siendo en realidad a crédito, en razón de que el formato no permite identificarlo cuando se trata de un contrato de préstamo no bancario, el cual se suscribió el 10 de octubre de 2012 por un monto de $6,857,120.00 pesos. Por lo anterior, en el apartado de adeudos aparece como ninguno, siendo en realidad el saldo insoluto de dicho crédito al 30 de noviembre del 2012 el de 6,837.962.00 pesos. Asimismo se aclara que el monto total de la operación es de $7,500,000.00 pesos”.

Al final, hizo el siguiente comentario: “En el contexto de las diversas notas periodísticas que en semanas recientes han aparecido, entiendo plenamente que la información dada hoy a conocer hoy por el Wall Street Journal es y será materia de interés en la opinión pública. Así debe ser: en una sociedad abierta y democrática, los servidores públicos debemos estar sometidos al permanente escrutinio de la sociedad. Ante ello, reitero de manera categórica que estoy absolutamente convencido haber actuado con honestidad y pleno apego a la ley. Esos son los principios que rigen mi actuación como Secretario de Hacienda y Crédito Público, y nada me distraerá del propósito de contribuir para que México se transforme para alcanzar su verdadero potencial”.

OCULTAR EN MÉXICO

La casa en Malinalco, que ahora constituye un segundo capítulo de los vínculos del gobierno federal con el Grupo Higa y su dueño, Juan Armando Hinojosa; no es la primera trama de ocultamiento de datos que protagoniza Luis Videgaray Caso.

El 22 de junio del 2012, pocos días antes de las votaciones presidenciales, Roberto Gil Zuarth se dirigió a él cuando era coordinador de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. En un programa de radio de la emisora Radio Fórmula, le dijo:

–Déjame hacerte una pregunta muy concisa, Luis: ¿Utilizan ustedes [el PRI] o no cuentas en Monex y tarjetas de débito de disposición en cajeros electrónicos? Es una pregunta muy sencilla: ¿sí o no?

–No –respondió Videgaray sin verlo a los ojos.

Luis Videgaray mentía.

El Instituto Federal Electoral había iniciado una investigación debido a la denuncia del Partido de la Revolución Democrática que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Contrastado con algunas evidencias, el 18 de julio de 2012, el Partido Revolucionario Institucional reconoció que utilizó un sistema de tarjetas para distribuir recursos a sus estructuras estatales en todo el país. Jesús Murillo Karam, entonces integrante del equipo jurídico del entonces candidato, Enrique Peña Nieto, dio incluso una razón: “El sistema de plásticos fue empleado para evitar el traslado de dinero en efectivo por el territorio nacional”.

ES LA TRANSPARENCIA, PRESIDENTE

En el punto crítico del escándalo conocido como “Casa Blanca”, el pasado 13 de noviembre, Organizaciones no Gubernamentales de Transparencia y Rendición de Cuentas propusieron al Congreso de la Unión un formato de declaración patrimonial que no sólo obligara a los servidores públicos a dar a conocer a los ciudadanos sus bienes financieros e inmuebles; sino también sus probables conflictos de intereses.

Pero el Senado de la República no sólo excluyó esa propuesta en la redacción de la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; sino que mantuvo tal cual el formato de declaración patrimonial. Según Héctor Rubio, director de Programa en Gestión Social y Cooperación (Gesoc), una de las instancias donde se redactó la iniciativa, “la propuesta implica un formato en el que los países de la Unión Europea han avanzado. Se trata de que los servidores públicos indiquen con qué personas pueden tener conflictos de intereses. Es decir, familiares hasta segundo grado de parentesco y amigos. Además, las relaciones personales de los cónyuges. Es la forma adecuada para México dado el nivel de ocultamiento de datos y corrupción exponenciales”.

La petición de un ejercicio más estricto de rendición pública para el gobierno mexicano no se ha quedado sólo en las instancias civiles y académicas dentro del país. En una entrevista difundida ayer, realizada por el periodista, Jorge Ramos, para la cadena Univisión; el ex Presidente William Clinton le recomendó al Presidente Enrique Peña Nieto, privilegiar la Transparencia y resolver el asunto de la Casa Blanca.

“Primero hay que deshacerse de cualquier conflicto de interés y ser transparentes. Resolver y seguir gobernando. Hoy, su vida y su futuro políticos se resumen una casa. Hay que hacer lo que se tenga que hacer”, expuso Clinton quien dirige una fundación privada que lleva su nombre y además, ofrece conferencias sobre liderazgo político en el mundo.

En 1998, como Presidente de Estados Unidos, William Clinton se vio envuelto en un escándalo por “una relación impropia” con una de las becarias del gobierno estadounidense, Mónica Lewinsky. Tras ser llamado a tribunales, el entonces mandatario tomó los medios de su país y en un mensaje a la nación, reconoció su error, le pidió perdón a los estadounidenses, y aclaró: “Nunca le pedí a nadie mentir, ocultar pruebas o cometer cualquier acto ilegal”.

Con el paso de los años, el episodio, Clinton lo ha referido en algunas conferencias como “un manejo de crisis a través de la Transparencia y la presentación de disculpas a los gobernados”.

El mismo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció el 3 de octubre de este año, durante la Semana de la Transparencia que ese era un tema que había “evolucionado a la par del régimen democrático”. Incluso, anunció de su instrucción a las dependencias y entidades para que todos los datos públicos estuvieran disponibles en formatos abiertos.

El 9 de noviembre el mismo primer mandatario se vio envuelto en un problema de opacidad sin antecedentes cuando el equipo de Aristegui Noticias reveló que vivía en una casa de 70 millones de pesos que le había sido otorgada por la inmobiliaria del Grupo Higa, la misma que había recibido multimillonarios contratos del gobierno. Una de las licitaciones fue la construcción del tren México-Querétaro, proceso que fue revocado días antes por “dudas”.

Hasta ahora, el origen de la propiedad no está claro; no obstante que la esposa del Presidente, Angélica Rivera Hurtado, sostiene que es una posesión de ella que aún paga en abonos.