Mientras no se resuelva el tema de la impunidad en México, no se resolverá el de la inseguridad, dice categórico Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Argentina. El también autor del libro Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, plantea que en la guerra con el narco en México ha prevalecido la “ineficacia institucional”, lo que ha provocado más bajas –entre muertos y desaparecidos– que en las guerras de Afganistán e Irak.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– México ha pagado un costo humano extremadamente alto por haber iniciado hace 10 años una “guerra contra el narcotráfico” cuyo mayor beneficiaria ha sido la política prohibicionista de Estados Unidos, dice el sociólogo Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Argentina.

Las decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas o enterradas de manera clandestina en el territorio mexicano son saldos de “dimensiones superiores” a las registradas en conflictos como los de Afganistán o Irak, plantea en entrevista, sin que se advierta una cercana recuperación de la seguridad pública.

Al contrario. En Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, publicado este año, Bergman explica que la desnudez en la que los grupos del narcotráfico de la región, sobre todo los mexicanos, han dejado la impotencia de las instituciones del Estado, ha generado a su vez los incentivos para que aumenten los delitos extorsivos y, de forma exponencial, la violencia.

“Dado que las instituciones muestran toda su debilidad, y los grupos vinculados al negocio de la droga ya tienen una ‘infraestructura’ delincuencial desarrollada, les resulta relativamente sencillo a ciertos grupos diversificar la ‘cartera’ de negocios criminal”, dice Bergman en su libro.

“Así, van sembrando terror y amenazas sobre un creciente número de individuos. Robos, extorsión, secuestros, trata de personas son, en muchos casos, conducidos por redes, bandas y pandillas que se habrían iniciado en el negocio de la droga”, agrega.

Los crímenes “extorsivos” no le dejan más dinero que el narcotráfico a las organizaciones delincuenciales, explica el investigador, pero las condiciones creadas, por ejemplo, en México, los facilitan.

“Los grupos que trabajan para estos grandes capos, en sus momentos libres, como ya tienen la infraestructura hecha; es decir, tienen el equipamiento no militar, pero sí de armamento, tienen comprada a la policía, tienen cierto control territorial, entonces les es mucho mas fácil incurrir en extorsiones o secuestros”, explica en entrevista.

“Lo que hemos visto en México, algunas de las consecuencias, efectos que ha tenido la guerra contra las drogas es esta diversificación criminal; es decir, grupos subalternos a los cárteles que han incurrido en otro tipo de delitos más allá del narcotráfico”, sintetiza el investigador especializado en criminalidad y seguridad ciudadana en el continente.

Y en el centro de la problemática, dice, está la impunidad.

“Si se tiene, como en México, una tasa de impunidad por homicidio de aproximadamente 85 por ciento; es decir, 85 de cada 100 homicidios no llegan siquiera a una audiencia judicial, ni qué hablar de encontrar a los culpables y condenarlos, quiere decir que la probabilidad de que alguien mate y salga impune es altísima”, plantea.

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Portada del libro

Portada del libro más reciente del sociólogo Marcelo Bergman. Foto: FCE

–¿Cómo impactaron la violencia, los asesinatos, las desapariciones de estos últimos 10 años sobre el resto de la problemática criminal?

–Creo que esta es precisamente una de las caras más negras respecto al tema de las drogas. Y esto es porque el crecimiento del narcotráfico y de las rutas entre cárteles, lo que ha generado es lo que llamamos la diversificación. El efecto menos deseado y el más profundo fue éste de la diversificación criminal. ¿Qué significa? Que antes había algunas células, algunos grupos, que traficaban con droga, que la ponían del otro lado de la frontera; había peleas entre cárteles por el control de ciertas plazas o de ciertas rutas; pero, con el avance del narcotráfico, lo que ha ocurrido es que, además, estas mismas organizaciones, o mejor dicho, grupos que trabajaban para estas organizaciones, han empezado a incurrir en otro tipo de delitos, fundamentalmente en el de la extorsión y el secuestro pero también la trata, el robo de gasolina, varios tipos de robos… Esto es producto, en parte, de estos grupos que estuvieron vinculados a los grandes cárteles. No es que éstos extorsionen, algunos sí; pero, en general, los grandes traficantes de droga no entran en el tema de la extorsión para ganar dinero, ganan muchísimo más dinero moviendo la droga hacia Estados Unidos. Pero los grupos que trabajan para estos grandes capos, en sus momentos libres, como ya tienen la infraestructura hecha; es decir, tienen el equipamiento no militar, pero sí de armamento, tienen comprada a la policía, tienen cierto control territorial, les es mucho mas fácil incurrir en extorsiones o secuestros. Lo que hemos visto en México, algunas de las consecuencias, efectos que ha tenido la guerra contra las drogas es esta diversificación criminal; es decir, grupos subalternos a los cárteles que han incurrido en otro tipo de delitos más allá del narcotráfico.

–¿Qué pesa más, las debilidades institucionales o el poder de fuego de estas organizaciones?

–Este es un tema muy álgido y un poco complejo, pero estas dos cosas operan en equilibrio. Quiere decir que si hay mucha criminalidad, normalmente hay baja capacidad institucional, y si hay alta capacidad institucional, hay baja criminalidad. Un ejemplo muy concreto: si se tiene, como en México, una tasa de impunidad por homicidio de aproximadamente 85 por ciento; es decir, 85 de cada cien homicidios no llegan siquiera a una audiencia judicial, ni qué hablar de encontrar a los culpables y condenarlos, quiere decir que la probabilidad de que alguien mate y salga impune es altísima. Esto nos habla de que tanto el Ministerio Público como los jueces, los policías, son bastante ineficientes para poder resolver el tema del homicidio. Ahora bien, cuando hay cien mil ejecuciones es muy difícil resolver muchas de ellas. Ningún país en el mundo puede resolver cien o 20 mil o 30 mil homicidios en un año, es muy difícil. Entonces, esto es lo que yo llamo operar en equilibrio, cuando las dos partes, cuando la situación se deteriora a los niveles que se ha deteriorado en Colombia, en Venezuela, Honduras o El Salvador o también en México, es muy difícil que las instituciones funcionen. Es como un círculo vicioso: tenemos ineficacia institucional, lo que provoca más criminalidad, lo que hace que las instituciones sean más débiles todavía y, por tanto, haya más criminalidad. Esto es lo que viene pasando en México.

–¿Estamos ante un patrón de ineficacia del Estado, o de protección?

–Lo que los académicos hacemos es analizar un conjunto de variables, ver otros casos y comparar con otros países u otros momentos, y decir ¿cuán plausible es que el Gobierno mexicano trabaje para las corporaciones del narcotráfico? Bueno, si me hace esa pregunta, yo diría que no, yo creo que el Gobierno mexicano no trabaja para el narcotráfico. El Gobierno mexicano, especialmente el Gobierno federal, tiene al narcotráfico como gran preocupación y puede llegar a negociar alguna que otra cosa con alguien en particular, obviamente en secreto, pero en términos generales no los protege, como en algún momento sí los protegió y que dio lugar a su crecimiento.

–En el inicio, digamos…

–Sí, ahí los trabajos de Luis Astorga (del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México) han sido fundamentales para demostrar que el narcotráfico operaba en los años 70 y 80 del siglo pasado con cierto manto de protección o al menos de mirar a otro lado. Esto lo que ha permitido es que estas bandas de narcotraficantes o de contrabandistas de droga, que fue fundamentalmente lo que fueron, contrabandistas de droga, en los años 60, 70 u 80 del siglo pasado, fueron adquiriendo gran cantidad de riqueza y, por tanto, el Gobierno mexicano tuvo que tomar una decisión en algún momento, si seguir protegiéndolos o combatirlos, porque ya se habían crecido demasiado, y hacían demasiado lío, digamos, entre ellos, y eso es lo que precipitó las decisiones, fundamentalmente de (el ex Presidente Felipe) Calderón de combatirlos, digamos. Hasta el fin del siglo pasado no se les combatió, salvo alguna captura, pero nada de gran escala, y ahora sí. Ahora, hay muchos trabajos de colegas académicos que han demostrado que hay cierta propensión en los Gobiernos más bien municipales, donde está ocupando fuertemente el narcotráfico, que los jefes municipales o sus policías, o aun en algunos casos hasta en los estados, ha habido documentación, donde sí hubo ‘captura’. Le llamamos ‘captura’ al hecho de que el jefe municipal trabaja para la banda del narcotráfico, y no al revés, no es una mordida, sino que directamente trabaja para él, eso es ‘captura’. Y algunos casos aislados de captura sí hay. Lo que sí hubo es connivencia, lo que sí hay es mordidas, obviamente, e intimaciones, intimidaciones, ese tipo de cosas. Es decir, estamos en un estado en México donde, en algunos lugares, directamente está cooptado el poder político, como en Michoacán, en algunas ciudades, municipios han sido cooptados por el narcotráfico, y en otros se mantiene una suerte de equilibrio de guerra de gato y ratón, se persiguen unos a otros, y a veces mandan los narcos y a veces mandan las instituciones, los gobernadores o el ministerio público, que son más fuertes en algunos momentos y en otros no.

–Menciona en su libro que la corrupción “socava tareas muy elementales del Estado”. ¿Qué tanto ha ocurrido esto en México?

–La tarea más importante del Estado en cualquier lugar del mundo es proveer seguridad. Hay ciertos lugares del territorio mexicano donde el Gobierno no puede proveer la seguridad básica de sus habitantes. Y los Gobiernos y los Estados que no pueden proveer seguridad incumplen su razón de ser más importante. Entonces, hay ciertos estados y municipios en México donde los Gobiernos no pueden proveer la seguridad básica, y esto ha socavado parte de su legitimidad, porque no pueden hacer este trabajo. Además de todo, el hecho de estar en esta guerra contra el narco, no les permite atender otros problemas, como son los problemas de desarrollo social, de prevención al delito, educación, etcétera, son problemas serios que vienen arrastrándose desde hace muchísimos años en México. Entonces, no digo que en todos lados es así, porque en algunos municipios, al menos que se haga un esfuerzo enorme, con una enorme cantidad de recursos, que es el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, la mayoría de las funciones que debe cumplir el Estado quedan relegadas y postergadas, porque es devastador el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico.

–En su libro hay varias definiciones de términos asociados a esta problemática, como cártel o corrupción, entre otros. ¿Podríamos definir que esto que ocurrió en México es una “guerra contra las drogas”?

–Yo diría que, a partir de la política explícita de Calderón, cuando asume, lo que hay es una guerra contra el narcotráfico. Y hay que hacer una diferencia nada sutil entre narcotráfico y droga, obviamente. La guerra contra las drogas, o el esfuerzo para que la gente no consuma, para que no haya drogas en el mercado, en fin, fundamentalmente un esfuerzo para limitar la distribución de droga en el mercado doméstico. Pero lo que ha pasado con Calderón es que él, más que nada, trató de descabezar, de romper las estructuras de los grupos que traficaban la droga fundamentalmente a Estados Unidos. Entonces, es una guerra contra los grupos que se dedicaban al narcotráfico. Esa sería una definición más concreta. Sigue aun en este sexenio sin la nomenclatura o la exposición que le dio Calderón en el suyo, pero sigue siendo el Gobierno de Enrique Peña Nieto un Gobierno en lucha contra el narcotráfico. El ejemplo más cabal es, por supuesto, el encarcelamiento de Joaquín Guzmán.

–Y en es sentido, si se trataba de hacer esto, de descabezar los grupos, ¿cuál es el balance después de 10 años? ¿Fue lo correcto?

–La historia todavía se tiene que escribir, pero hay algo que es indudable: el precio que ha pagado México ha sido tremendo, dejará sus secuelas por años y tal vez décadas. 25 mil personas, que es la información que tengo, en narco fosas, decenas de miles de desaparecidos, más de 100 mil ejecutados, con nombre y apellido, estas son dimensiones superiores a la guerra en Afganistán, en Irak, ha tenido un enorme costo humano. Esto es indudable, sin que, necesariamente, al día de hoy podamos decir ‘estamos mejor, ha parado la delincuencia, la criminalidad, se ha pagado un precio pero estamos en la vía adecuada de recuperación’, eso no lo podemos decir hoy, lamentablemente.

Lo que ha sucedido hasta hoy, claramente, ha sido de un costo humano demasiado grande, sin resultados que uno dijera: ‘estamos mejor’. ¿Podría haber estado peor? Puede ser que sí; no sabemos qué hubiese pasado si no se hubiese hecho nada. La experiencia nos indica que algo había que hacer, no necesariamente esa política, pero algo había que hacer, porque México estaba sufriendo los embates de peleas del narco por el gran negocio del tráfico de drogas a Estados Unidos. Pero, a mi juicio, son más los pasivos que los activos, más lo negativo que lo positivo.

–¿Hay punto de retorno en esta escalada de criminalidad?

–Siempre hay retorno y nunca hay que perder el optimismo. Pero el punto es que, lo que hay, cualquier política que trate de recuperar el tejido social, tiene que ser una política que sume y no divida a los mexicanos, que haya un consenso de que hay que hacer fuertes inversiones en lo social, tiene que ser un país en donde las aspiraciones de los jóvenes puedan concretarse, y que la venta de la droga, el trabajo de los carteles no sea un instrumento de salvación pasajero, sino que sencillamente que sea deplorable eso, porque hay otras oportunidades mejores y más seguras, y por eso hay que invertir mucho, tiene que haber una conciencia de que hacia eso vamos.

¿Qué tan importante es el combate a la impunidad para esto?

–Desde luego, mientras no se resuelva el tema de la impunidad, no se va a resolver el tema de la inseguridad. Tiene que haber un compromiso muy fuerte de los gobiernos, de toda la sociedad. Ahora, no hay balas de plata, no es una medida o dos o tres, y en dos o tres años estamos del otro lado. No, esto va a demorar muchos años, a requerir mucha inversión. No descarto que esto sea posible, hay países que han vuelto de esto, que todavía no son del todo pacíficos; pero, por ejemplo, Colombia estuvo en una situación mucho peor a la de México, y hoy pareciera encarrilarse, todavía con sus problemas. Perú ha tenido problemas y hoy es un país pacífico, relativamente. Sudáfrica ha tenido problemas enormes de otro tipo, pero enormes, y hoy es una comunidad más o menos organizada. Todos estos ejemplos, y muchos otros, lo que nos dicen es que las sociedades no pueden partidas en dos. Tienen que unirse y comprometer muchos recursos y muchos esfuerzos por este periodo. Ojalá México esté en ese punto de entender que hace falta eso, que hace falta que todos los mexicanos se unan y pueden tomar medidas, aunque sean poco simpáticas para los Estados Unidos, respecto a qué hacer con las drogas.

–¿Como cuáles?

–Desde la despenalización del consumo, no hablo de legalización, o no hacer la guerra que los norteamericanos quieren que los mexicanos hagan. También eso es un tema de negociación con Estados Unidos, pero claramente México ha pagado un precio extremadamente caro por esta guerra, cuyo mayor benefactor es la política prohibicionista de Estados Unidos. México también la adoptó, por buenas razones también. Cuando alguien dice no hay que dejar que los narcos tengan demasiado poder, está bien pensada esa lógica, no es bueno tener mafias. Sin embargo hay formas de lidiar con la mafia que no sean justamente la pelea así frente a frente, porque México no tiene el tipo de ejército o inteligencia o de capacidad institucional como pueden tener otros países. Entonces, hay que revisar esto.

–¿Se espera algo similar, ahora que Argentina ha declarado también que aumentará el combate al narcotráfico?

–No hay punto de comparación con la droga que circula en México. Por México pasan cerca de 300 toneladas de cocaína por año a Estados Unidos, en esos órdenes, y en Argentina pasa el cinco o hasta el 10 por ciento de esta droga, hay una diferencia abismal en la cantidad de droga. Y lo que le decía, Argentina, aun con sus deficiencias institucionales tan graves, la tasa de impunidad es aproximadamente 50 por ciento. En México es 85. Es decir, que todavía la probabilidad de que alguien cometa un homicidio y lo lleven preso, es mucho más alta en Argentina y por tanto todavía esperemos que siga así, que no se descarrile.