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Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar

[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]


#DatosCerrados | Obligados por la Secretaría de la Función Pública, los servidores públicos deben poner a disposición de la dependencia, los regalos cuyo costo exceda los 10 salarios mínimos; es decir, unos 800 pesos en este momento. Ante una solicitud de información, la dependencia respondió que de 2012 a 2015, sólo cinco funcionarios, además del Presidente de la República se deshicieron de obsequios. Otros 19 no entregaron nada, por lo que se infiere que no recibieron obsequios de ese costo. La dependencia sólo informa del número de regalos en su haber, pero no qué son, ni su costo. El registro más transparente es el del Presidente Enrique Peña Nieto, quien entregó 90 regalos, entre corbatas Prada y libros como el titulado “Método de Escritura y Lectura”. Desde hace 35 años la legislación mexicana limita la recepción de regalos de los funcionarios. La medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción, un cáncer que más bien se fortificó en ese tiempo.

#DatosCerrados publica cada semana información negada por el Gobierno federal por ser inexistente, reservada o confidencial, y promueve su liberación para uso ciudadano.

Consulta de Datos: Oficio No. CI-SFP2038/2015, Expediente No. CI/1254/15 del Comité de Información de la SFP en el INAI

En junio de 2013, en un evento oficial, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió como regalo una caja de chicles de parte de Jesús Manuel Andrete, director general de Chicza, empresa productora mexicana de goma de mascar. Foto: Saúl López, Archivo Cuartoscuro.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– En 1981, el entonces Presidente José López Portillo quería vencer lo que él mismo definió como una “grande tentación”. Un grupo de empresarios y políticos le obsequió un rancho en Tenancingo en el Estado de México para que pasara cómodamente sus días fuera de la residencia oficial de Los Pinos.

Pero él, no sólo lo rechazó; sino que puso la primera semilla para la legislación anti regalos para los funcionarios mexicanos.

El 3 de septiembre de 1981, el proyecto de ley fue presentado por el legislador del Partido Revolucionario Institucional, Ignacio González Rubio. La ley fue aprobada por 270 votos a favor y dos en contra. En la letra quedó que los funcionarios públicos sólo podrían aceptar quince regalos por año, siempre y cuando el valor de cada uno de ellos no exceda la suma de 20 días de sueldo que por funciones les pague el presupuesto.

Aquella vez, algunos diputados no creyeron que esa ley fuera a contribuir con el combate a la corrupción nacional. Luis M. Farías, del PRI, presidente de la Gran Comisión, dijo que su aplicación sería “muy difícil” y Rafael Alonso y Prieto, del PAN, estuvo en contra por considerarla intrascendente y “una mínima parte de la corrupción” del país.

35 años después, la base del marco legal al respecto es un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en 2013 en el Diario Oficial de la Federación que indica que los funcionarios mexicanos deben poner a disposición de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa dependencia, los regalos cuyo costo exceda los 10 salarios mínimos; es decir, unos 800 pesos en este momento.

De 2012 a 2015, sólo cinco miembros del Gabinete legal y ampliado entregaron obsequios con esas características a la Función Pública, mientras que 19 no reconocieron haber recibido presentes con costo mayor al que marca la ley.

Claudia Ruiz Massieu, quien ocupó la Secretaría de Turismo y luego la de Relaciones Exteriores se deshizo de 20 regalos; Rosario Robles Berlanga, primero en Desarrollo Social y luego en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso a disposición de la SFP, cinco obsequios; Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos hasta 2016, entregó cuatro; Luis Videgaray Caso, en Hacienda en esos años, se despojó de uno y Alfonso Naverrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, también de uno.

Si bien esos obsequios ya no están en sus manos, los ciudadanos no pueden conocer quién, por qué y cuál fue el costo real del obsequio pues no hay formatos para que ello quede registrado.

Entre quienes en esos años no pusieron ningún obsequio a disposición de la SFP están Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; José Antonio Meade Kuribeña (en ese tiempo Secretario de Desarrollo Social) y ahora Secretario de Hacienda; Rafael Pachiano Alemán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Arely Gómez González (en ese tiempo Procuradora General de la República) y hoy Secretaria de la Función Pública, entre otros.

Además, el Presidente Enrique Peña Nieto regresó 90 obsequios. De hecho, el registro de los regalos del Jefe del Ejecutivo es el más transparente. No se conoce el costo, ni quién se los dio, pero sí qué son. En 2013, se deshizo de una corbata marca Prada, color rojo de rayas, de otra roja con rayas blancas marca JBE, y una más de Scappino rayada, azul y blanco. Así también, el Presidente puso a disposición de la SFP el libro “Isidro Fabela Alfaro, Pensamiento y obra a cien años de la Revolución y Carta de felicitación, el libro “Aníbal y Escipión”, así como el libro “Método de Escritura y Lectura”.

 

López Portillo no dejó la impronta del combate a la corrupción por haber ideado la ley anti-regalos. Su sexenio estuvo marcado por el despilfarro y la superficialidad. Su esposa, Carmen Romano, se desplazaba por la ciudad de México con 11 vehículos escolta y los hijos se casaban en la residencia oficial de Los Pinos en fastuosas bodas en las que los regalos eran automóviles, viajes, terrenos, cuadros y joyas.

Fue un sexenio donde, además, se instaló el nepotismo. Su hermana, Margarita, era directora de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC); otra hermana, Alicia, su secretaria particular; uno de sus cuñados era oficial mayor en la Comisión Federal de Electricidad, su primo Guillermo era titular del Instituto Nacional del Deporte (Inde). Lo que coronó ese rasgo de López Portillo fue su José Ramón. Lo llamó “el orgullo de mi nepotismo” cuando el joven fue designado Subsecretario de Programación y Presupuesto.

Treinta y cinco años después pese a la construcción de instituciones de combate a la corrupción y la rendición de cuentas, el cáncer es mayor. El estudio “Anatomía de la corrupción” describió en octubre de 2016 que no hay escenario de la vida de los mexicanos en que no esté el mal, desde los litros de 900 ml que se despachan en las gasolinerías, personas liberadas de pagar condena en la cárcel a cambio de una retribución económica, enriquecimiento inexplicable y desvío de fondos públicos.

México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional. En 2015, el país se ubicó en el lugar 95 y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados. La evaluación obtenida fue de una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100. A partir de los datos de este índice puede inferirse que a México le puede tomar unos 45 años dejar ese sitio donde está hundido.

Los regalos para los funcionarios continúan. De hecho, el marco legal es más rígido. El acuerdo más reciente al respecto fue el publicado en 2013 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública. En este se estableció el impedimento para todos los servidores públicos recibir regalos o bienes mayores a los 10 salarios mínimos en un año; es decir, unos 800 pesos en este momento.

El acuerdo estableció que la SFP aprovechará todos los “regalos” que les hagan a los funcionarios como equipos de cómputo, impresoras, escáneres, agendas electrónicas y consumibles y demás materiales de oficina; bienes muebles artísticos, históricos o arqueológicos o de naturaleza similar para donarlos a escuelas, centros de investigación, bibliotecas o museos públicos