Por Miguel Rivas*

Por absurdo que parezca, Greenpeace, una organización ambientalista que se dedica a la protección de los ecosistemas, se opone a la creación de una ley de biodiversidad, al menos a la que propone la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), porque está llena de errores, omisiones, incongruencias y contradicciones que lejos de procurar a la flora y  la fauna, las desprotege.

A finales de 2016, el tema de Biodiversidad estaba presente en muchos de los sectores de la sociedad. México fue sede de la décimo tercera Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica, desarrollada en Cancún. Los ojos del mundo estaban sobre nuestro país. Mientras el Gobierno presumía logros, anunciaba nuevas y extensas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y acuerdos para proteger la biodiversidad, las organizaciones de la sociedad civil invitadas al evento intentaban poner temas en la agenda que nos alertaran sobre el futuro de la biodiversidad y su protección real.

Pero hubo un anuncio que no se hizo: el de una nueva Ley General de Biodiversidad que fusionara la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA de 1988) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS de 2000) en un único marco legal que considerara el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización y fortaleciera la protección de la biodiversidad, propuesta presentada por el PVEM en octubre de 2016 y que se pretendía presumir también en la COP13.

El problema fue esta iniciativa de ley no se sometió a consulta pública antes de ser presentada y se esperaba que fuera aprobada en fast track pese a todas las contradicciones y omisiones que posee. Cuando la organizaciones de la sociedad civil comenzaron a analizar en detalle la propuesta, el texto dejó mucho que desear; contenía omisiones importantes, que de forma casual o con dolo, desprotegen a nuestra biodiversidad. Un revés así no era bueno para diciembre y el tema se dejó de lado.

Actualmente, la iniciativa de ley se encuentra “en proceso de estudio” en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya presidenta es la Senadora Ninfa Salinas impulsora de la maltrecha iniciativa, que en caso de ser promulgada como está, dejaría sin efecto a sus predecesoras LGEEPA y LGVS, afectando negativamente a especies vulnerables y ANP por la legislación ambiental vigente.

Para dar un ejemplo de los absurdos que contiene esta iniciativa, basta con decir que se omite prohibir el “aprovechamiento extractivo” de las especies de tortugas marinas y solo se mencionan algunos decretos en el que está vedada su comercialización. Esto inclumple acuerdos internacionales firmados por México para la conservación de estos animales, considerados en el Apéndice I (el de mayor protección) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés).

También se omite la prohibición del “aprovechamiento extractivo” de pericos, guacamayas y de todos las aves de la familia de los Psitácidos, animales altamente comercializados en el mercado de mascotas y que según Defenders of Wildlife su venta tiene una mortalidad del 77 por ciento de los ejemplares; es decir, para que haya un ejemplar como mascota 3 murieron durante su captura, traslado y comercio antes de llegar al consumidor final.

Otro grave desacierto de la iniciativa de ley propuesta por el PVEM es que olvida el espíritu del  artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, el de la protección de los manglares y humedales y la responsabilidad directa de la industria turística en la protección de estos; se omite la prohibición de la comercialización del marfil, no hay regulaciones a los corredores biológicos, y se dejan fuera mecanismos de participación de los pueblos indígenas y comunidades en relación a la creación y administración de Áreas Naturales Protegidas. Se eliminan las disposiciones actuales que regulan las modificaciones de las ANP y se hace más compleja la promulgación de nuevas áreas protegidas exigiendo un programa de manejo por adelantado. La lista de desatinos continúa.

Un país tan rico en biodiversidad como México, que posee el 10 por ciento de la diversidad del mundo, no puede darse el lujo de tener una legislación ambiental mediocre. El marco legal debe ser fruto de discusiones entre sus ciudadanos para decidir la mejor forma de proteger y administrar sus recursos naturales y no, un intento fallido de presumir “avances” que luego se parchan para esconder los errores.

Solo entendiendo la larga lista de omisiones, incongruencias y contradicciones es que resulta claro por qué desde Greenpeace hay un profundo rechazo a esta iniciativa de ley presentada el 25 de octubre de 2016 por la senadora Ninfa Salinas Sada. Hacemos un llamado a la gente a informarse y manifestarse en contra de ella.

*Miguel Rivas es campañista de Océanos de Greenpeace México.

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