Foto: Cuartocuro

Por José Antonio Serratos Hernández, académico de la UACM y María Colín, campañista legal de Greenpeace México.

El pasado 3 de enero se publicó en el Diario Oficial un proyecto de Norma Oficial Mexicana (el Proy-NOM-000-SAGARPA/SEMARNAT-2015), que establece los requisitos para los estudios de evaluación de riesgos para el medio ambiente, la salud y la sanidad, derivados de la liberación experimental de organismos genéticamente modificados.

El proyecto estuvo abierto a comentarios por 60 días, hasta el 3 de marzo pasado. De publicarse con su redacción actual, estaría omitiendo la experiencia en bioseguridad y análisis de riesgos que se ha generado en México desde 1988, particularmente con la creación del primer comité nacional de bioseguridad agrícola, la publicación de la NOM-056-FITO-1995 y las experiencias posteriores con el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana Nom-Fito/Ecol- 2002, entre otras.

En la NOM-056 se planteó explícitamente que la introducción de organismos transgénicos constituye un alto riesgo, debido a la gran diversidad de plantas y animales en el país, razón por la cual México es considerado a nivel mundial como un reservorio natural de especies. Además de que, considerando dicho riesgo, la importación, movilización y uso de transgénicos en territorio nacional debe realizarse en estricto apego a las medidas de bioseguridad para fijadas para estos organismos.

Asimismo, en el Anteproyecto Fito/Ecol-2002 se consideró que México cuenta con una importante diversidad de condiciones y sistemas agrícolas y ecológicos, y que aún persisten formas de agricultura tradicional, campesina y comunitaria. También se indicó que el país es centro de origen y de diversificación de diferentes cultivos, lo que obliga a proceder con especial responsabilidad y precaución cuando se tiene la intención de liberar al ambiente un organismo genéticamente modificado destinado al uso agrícola.

En su momento, estos fundamentos y experiencias llevaron a la moratoria de facto a la siembra de maíz transgénico en el campo mexicano, mantenida por siete años entre 1998 y 2005, y que fue una acción ineludible de la autoridad, consecuencia de la ponderación de los riesgos de largo plazo estimados a partir de la información y el aprendizaje derivado del manejo de la bioseguridad entre 1992 y 1998.

Sin embargo, estos fundamentos y experiencias son sustituidos en el nuevo proyecto de norma por considerandos de orden económico, que no necesariamente corresponden al derecho humano a un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad en su conjunto.

Otro aspecto preocupante del proyecto NOM-000-SAGARPA/SEMARNAT-2015 es que sobresimplifica la supervisión regulatoria, además de que formaliza y legaliza lo que rutinariamente habían realizado las empresas e instituciones productoras de transgénicos en los inicios de la bioseguridad en México: análisis de riesgos muy limitados.

Después del descubrimiento de maíz transgénico en Oaxaca en 2001, la presencia del mismo en 13 estados del país, la publicación de la Ley de Bioseguridad de OGM y su reglamento, la dispersión soterrada de algodón transgénico en varias regiones de México, la siembra a gran escala de soya transgénica en la Península de Yucatán y los altibajos en la política ambiental de nuestro país, el proyecto de NOM-000-SAGARPA/SEMARNAT-2015 se cierne como un factor de riesgo más para los ecosistemas en México.

Los comentarios pueden ser consultados en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2017/Marzo/Presenta-Greenpeace-comentarios-a-la-norma-para-estudios-de-evaluacion-de-OGM/