Alrededor de mil policías han entrado y salido entre el lunes y el martes del poblado de San Francisco Xochicuautla con el fin de garantizar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que ejecuta la filial Autovan-Teya del Grupo Higa. La mañana del martes alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal irrumpieron por segundo día para neutralizar a la población que se opone al proyecto. “Nos tienen sitiados”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, una de las tres autoridades locales.
Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– Las 179 organizaciones, pueblos y barrios miembros que conforman la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra manifestaron su preocupación ante el “violento desalojo gubernamental” perpetrado contra la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que derivó en la destrucción de viviendas con la finalidad de abrir el camino a la Autopista Toluca-Naucalpan, “proyecto al que la comunidad indígena se ha opuesto desde hace años”.
En un mitin realizado este miércoles a la orilla de la casa destruida el pasado lunes por la maquinaria de la empresa filial de Grupo Higa, se exigió que se detenga cualquier acción policíaca en la zona y que se frenen los trabajos de la obra.
“Demandamos al Gobierno federal y al Gobierno del Estado de México a detener cualquier avance y acción policíaca así como frenar los trabajos de construcción de dicho proyecto considerando el amparo legal que los protege, así como garantizar los derechos humanos básicos de todos los opositores a la carretera”, leyó una de las integrantes de la Campaña.
Las organizaciones dijeron que el caso Xochicuautla es emblemático debido a que los pueblos indígenas cuentan con el derecho a la consulta y a preservar sus culturas y formas de gobierno, quienes “han rechazado este plan de infraestructura que afecta a sus tierras comunales, el bosque ancestral que es base de su cultura, los manantiales y ojos de agua que son parte de la reproducción de sus comunidades, además de ser considerados sitios sagrados”.
Este miércoles un grupo de activistas, acompañados de estudiantes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, de Tenancingo, Estado de México, acudieron a la comunidad de Xochicuautla para sumarse a las acciones pacíficas por la defensa del territorio y por la cancelación de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Al lugar también acudieron visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Reiteramos que no vamos a caer en ninguna provocación del Gobierno estatal. Nuestra lucha es digna y pacífica. […] Responsabilizamos al gobierno estatal de Eruviel Ávila Villegas, de cualquier agresión a la comunidad”, se lee en un comunicado de prensa difundido este día por el Frente de Pueblos Indígenas.
Alrededor de mil policías han entrado y salido entre el lunes y el martes del poblado de San Francisco Xochicuautla con el fin de garantizar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que ejecuta la filial Autovan-Teya del Grupo Higa.
La mañana del martes alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal irrumpieron por segundo día para neutralizar a la población que se opone al proyecto. “Nos tienen sitiados”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, una de las tres autoridades locales.
Aunque ayer no hubo demoliciones, el lunes más de 50 pobladores fueron expulsados por elementos de la Policía estatal de una casa que, dos horas después, fue derribada con todo y sus pertenencias bajo el argumento de encontrarse sobre el trazo carretero.
Los vecinos no sólo acusaron que fueron violentados para que salieran del hogar de Armando García, otra autoridad de la comunidad, sino que fueron disueltos con gases lacrimógenos una vez fuera del recinto.
Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad fueran enviados para garantizar el derribo de una edificación.
Este acto pasó por alto la resolución de suspensión definitiva de la obra concedida dentro de un amparo con número 1117/2015, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca.
El amparo establece que los trabajos de la carretera no podrían continuarse hasta que se resuelva un litigio en contra del decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto, que expropia los terrenos por donde se pretende pase la carretera.
“Hoy ingresamos en el mismo Juzgado un incidente de violación [acta circunstanciada] que demuestra la violación de la suspensión. De ser confirmada por el Juzgado, podrían recaer acciones penales sobre las autoridades estatales”, dijo José Antonio Lara, quien asesora jurídicamente a la población.
Las autoridades locales afirmaron que estas acciones eran una provocación del Gobernador Eruviel Ávila, quien estará lejos de terminarlas si el caso no es detenido legalmente.
“Son 8 kilómetros del proyecto los que atraviesan el poblado. Aún restan varios terrenos por expropiar, y algunas personas se han dicho que no les pagan o les pagan menos de lo que valen sus terrenos”, aseguró Nicolás Ramírez.
