Autoridades, organizaciones y habitantes, llegaron a diversos acuerdos en torno a lo sucedido en Xochicuautla, entre ellos, que “el Gobierno del Estado de México se compromete a suspender los trabajos en el lugar para la construcción de la Carretera de Toluca Naucalpan, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán alternativas a la construcción de dicho proyecto”, según informó Cencos.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) informó esta tarde que habitantes de la comunidad de Xochicuautla, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción y que se instruirá a los agentes de la Policía Estatal para que se retiren del lugar.

Además se acordó que el Gobierno del Estado de México reparará los daños ocasionados el pasado lunes en la zona. Sin embargo, hasta el momento por parte de las autoridades no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre dichos acuerdos.

Los acuerdos difundidos esta tarde fueron alcanzados luego de que en un hecho sin precedentes, alrededor de mil policías entraron y salieron entre el lunes y el martes del poblado de San Francisco Xochicuautla con el fin de garantizar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que ejecuta la filial Autovan-Teya del Grupo Higa.

De acuerdo con la minuta de trabajo de la reunión que sostuvieron en la Secretaría de Gobernación, autoridades, organizaciones y habitantes, uno de los acuerdo a los que llegaron es que “el Gobierno del Estado de México se compromete a suspender los trabajos en el lugar para la construcción de la Carretera de Toluca Naucalpan, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán alternativas a la construcción de dicho proyecto”.

“El Gobierno del Estado dará las indicaciones necesarias para que la Policía Estatal se retire del lugar, únicamente manteniendo una pequeña presencia para el resguardo de la maquinaria, que se encuentra a 1 kilómetro de distancia de la comunidad”, se lee en uno de los puntos acordados hoy.

El documento fue difundido esta tarde por Cencos, está firmado por la titular de la Unidad de los Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, por el Subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez Gutiérrez, por el director del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, Carlos Fernando Partida Pulido, y por las autoridades locales, entre ellas, el delegado municipal Armando García Salazar, y los miembros del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Antonio Miguel Reyes Valdés y María Isabel Hernández García, así José Luis Fernández Flores, integrante de la comunidad.

El documento detalla que se acordó que “se atenderá las afectaciones ocurridas el pasado 11 de abril, y para ellos se hará lo conducente para la reparación del daño a Armando García Salazar y su familia”.

Se precisó que por el momento el director del Saascaem, pagará una renta a la familia “en tanto se restablezca el patrimonio perdido”, también se firmará un contrato de reparación del daño a la propiedad mencionada, de forma independiente a cualquier tema relacionado con la construcción de la vía.

También, se anunció, que el Gobierno del Estado de México llevará a cabo los trabajos necesarios “para reparar los daños a la tubería de agua de la comunidad”. Para ello, especifica el documento, los habitantes se comprometieron a garantizar las condiciones de seguridad en la zona en función de sus posibilidades.

Por la mañana, en un mitin realizado a la orilla de la casa destruida el pasado lunes por la maquinaria de la empresa filial de Grupo Higa, se exigió que se detenga cualquier acción policíaca en la zona y que se frenen los trabajos de la obra.

“Demandamos al Gobierno federal y al Gobierno del Estado de México a detener cualquier avance y acción policíaca así como frenar los trabajos de construcción de dicho proyecto considerando el amparo legal que los protege, así como garantizar los derechos humanos básicos de todos los opositores a la carretera”, leyó una de las integrantes de la Campaña.

Las organizaciones dijeron que el caso Xochicuautla es emblemático debido a que los pueblos indígenas cuentan con el derecho a la consulta y a preservar sus culturas y formas de gobierno, quienes “han rechazado este plan de infraestructura que afecta a sus tierras comunales, el bosque ancestral que es base de su cultura, los manantiales y ojos de agua que son parte de la reproducción de sus comunidades, además de ser considerados sitios sagrados”.

Este miércoles un grupo de activistas, acompañados de estudiantes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, de Tenancingo, Estado de México, acudieron a la comunidad de Xochicuautla para sumarse a las acciones pacíficas por la defensa del territorio y por la cancelación de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Al lugar también acudieron visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Reiteramos que no vamos a caer en ninguna provocación del Gobierno estatal. Nuestra lucha es digna y pacífica. […] Responsabilizamos al gobierno estatal de Eruviel Ávila Villegas, de cualquier agresión a la comunidad”, se lee en un comunicado de prensa difundido este día por el Frente de Pueblos Indígenas.

LA CNDH EXHORTA A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó en un comunicado, que ha realizado diversas diligencias, como parte del expediente que tiene radicado por presuntas violaciones en agravio contra los habitantes de Xochicuautla, con motivo de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.

Detalló que ha realizado acompañamientos y la implementación de medidas cautelares “con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos” de la población de esa comunidad.

En este sentido, el organismo formuló “un exhorte a las partes para que continúe el diálogo y la tolerancia y se construyan puentes de comunicación que permitan establecer acuerdos y solucionar el conflicto en un marco de legalidad y respeto pleno a los derechos humanos”.