Washington, 13 Jun (Notimex).- El legislador republicano Darrel Issa pidió hoy al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregue documentos relacionados con la “Operación Rápido y Furioso” y el programa “Gunrunner” sobre el trasiego ilegal de armas a México.

Issa, presidente del comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, señaló durante una audiencia que la administración del presidente Barack Obama ha proporcionado solo “unos cuantos” documentos que ya han sido divulgados en internet.

El legislador dijo que los estadounidenses deben obtener respuestas rápidas sobre todo en lo referente a un caso que ha cobrado vidas estadunidenses en la frontera con México.

Asimismo, defendió la autoridad constitucional del Congreso, por medio de citatorios, con el fin de supervisar las actividades del gobierno.

Para este miércoles está prevista otra audiencia similar, con la participación de Issa y el senador republicano Charles Grassley, así como familiares del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, quien murió en diciembre pasado por armas que cruzaron ilegalmente la frontera de México.

La Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) permitió el cruce de las armas para rastrear su suministro a los cárteles de la droga.

En el sitio electrónico del comité, Issa indicó que la negativa del gobierno de proporcionar los documentos al Congreso “puede constituir una obstrucción de justicia que requiere la intervención de la justicia federal u otra acción legal”.

La audiencia se realizó en vísperas de la realización de la interparlamentaria entre México y Estados Unidos, el martes y miércoles, que es un mecanismo de consulta que cumplirá 50 años de vida.

Los testigos en la audiencia incluyeron al profesor Charles Tiefer, de la escuela de Leyes de la Universidad de Baltimore, los abogados Morton Rosenberg y Tod Tatelman, y el analista Louis Fisher, de The Constitution Project.

Tatelman, del Congressional Research Service, sostuvo que existe un amplio precedente para la autoridad constitucional del Congreso de supervisar al Poder Ejecutivo, pero señaló que pueden existir preocupaciones políticas así como ciertos privilegios presidenciales.

“La disponibilidad potencial de esos argumentos, sin embargo, no tienen impacto en la subyacente autoridad constitucional del Congreso de supervisar y requerir información ya sea en la forma de testimonio, documentos o ambos”, recalcó.