Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Sobre la mesa de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro se encuentra una iniciativa que puso los cabellos de punta, como se dice coloquialmente, a los diversas organizaciones civiles. La califican de una “contrarreforma” en materia de Derechos Humanos. Y culpan al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se trata de la propuesta de Reforma a la Carta Magna presentada por el Diputado PRI Francisco Arroyo Vieyra, que establece la supremacía de la Constitución sobre los Tratados Internacionales, en caso de existir una contradicción de principios.

“Reformar la Constitución en ese sentido, es abrir la puerta a que los mexicanos y todas aquellas personas que vivimos en México, tengamos menos derechos de lo que el marco internacional de derechos humanos nos reconoce y nos proporciona”, consideró Daniel Zapico Alonso, Director de Amnistía Internacional.

Al interior del órgano legislativo las opiniones sobre esta iniciativa están divididas. Tan es así, que la Junta Directiva realizó dos dictámenes –uno en sentido positivo y otro en negativo-, para que sea el pleno, en votación, el que decida su futuro.

En términos llanos, la iniciativa del Diputado Arroyo Vieyra significaría un retroceso a los logros obtenidos en la protección de Derechos Humanos avalados por el Congreso en la Reforma de 2011, pues eliminaría el principio Pro Homine, que establece que en caso de contradicción entre leyes nacionales e internacionales, regirá la norma que más beneficie a la persona.

Desde su presentación ante la Comisión Permanente en enero de este año, diversas organizaciones civiles han advertido que impulsar una reforma de tales características implicaría una erosión a la futura defensa de Derechos Humanos en México.

El riesgo que observan en caso de colisión entre las normas nacionales e internacionales, es que los jueces terminarán aplicando la norma más lesiva para los derechos humanos de las personas implicadas.

En un principio, el Diputado Francisco Arroyo Vieyra defendió su propuesta. Alegó que era imperativo dar certeza a los jueces, sobre cuál ordenamiento se impondrían, en caso de existir contradicción entre las leyes nacionales e internacionales.

Sin embargo, la presión de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos orilló al legislador por Guanajuato a retirar el apoyo a la iniciativa, aunque no retiró la propuesta. Por lo que el debate se ha reactivado en momentos en que la iniciativa salió de la “congeladora” y se pondrá a consideración del pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Las organizaciones civiles aseguraron que la reforma que promueve el Diputado Arroyo Vieyra supone minar la garantía mínima establecida en la reforma del 10 de junio de 2011, que había puesto un piso mínimo en materia de Derechos Humanos.

“Llevándolo al extremo o a la exageración, si a alguien se le ocurriese y pudiese reformar la Constitución, por ejemplo, para autorizar la tortura, pues triunfaría la tortura, a pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben la tortura”, precisó Daniel Zapico.

Amnistía Internacional adelantó que, junto con otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, iniciarán un nuevo proceso de acercamiento con los integrantes de la Comisión, a fin de evitar que se concrete una reforma lesiva a las garantías individuales de los mexicanos.

ANTICIPAN VOTO EN CONTRA DE “CONTRARREFORMA”

La oposición en la Cámara de Diputados adelantó que buscará unir fuerzas para detener la propuesta del PRI, a fin de evitar que se concreten retrocesos en materia de Derechos Humanos.

“Nosotros creemos que la propuesta del Diputado Arroyo Vieyra va para atrás en materia de protección a Derechos Humanos, también regresa el reloj democrático del país. No es posible que el legislador esté pensando en defender las instituciones que encabeza el PRI, ‘curándose en salud’, ante posibles violaciones a Derechos Humanos que vayan a cometer”, adelantó el Diputado del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Zárate Salgado.

El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó que la postura de su bancada será mantener el espíritu de la Reforma del 2011 en materia de derechos humanos, que establece que en caso de contradicción entre el ordenamiento nacional y el tratado internacional, lo que debe de regir es la norma que más beneficie de la persona.

Consideró que la pretensión del PRI es aislar al Estado mexicano del mundo para evitar que sea juzgado por la comunidad internacional, mediante los ordenamientos que ha ratificado nuestro país, a fin de que sea el mismo Gobierno Federal quien juzgue sus propias conductas.

“¿Qué es lo que está buscando el PRI, a través del Diputado Arroyo? Que todas las denuncias o demandas por responsabilidad u omisión en materia de derechos humanos del Estado mexicano, específicamente del Gobierno Federal, no puedan ser perseguidas en el ámbito internacional, porque sería superior la legislación nacional”, afirmó Fernando Zárate.

Para precisar su dicho, el también secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores puso como ejemplo lo ocurrido en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, cuando la fuerza público realizó detenciones con uso excesivo de la fuerza, violentando derechos humanos de miles de pobladores de la localidad mexiquense.

En ese caso, recordó, no existía ninguna violación a las normas nacionales, el gobierno estatal actuó según sus facultades. Sin embargo, acorde a los principios internacionales la violación a los derechos humanos no solo fue evidente, sino contumaz.

“De origen, al único que le interesaría modificar la Constitución es al PRI, no hay partido que pueda interesarle si es para ir para atrás en materia de Derechos Humanos. Así que nosotros vamos por una mayoría que convenza a todos los legisladores y a la ciudadanía que lo que hay que hacer es evolucionar en materia de derechos humanos y no ir para atrás”.

Pese al rechazo de diputados del PRD y del PAN, el PRI tienen mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que, de mantenerse vigente la iniciativa, el asunto podría dirimirse hasta el Pleno de la Cámara, donde el PRI necesita dos terceras partes de los presentes para reformar la Constitución. Mismos que no consigue con sus propios legisladores.