San Luis Potosí, 13 Jul. (Notimex).- Alcaldes de siete municipios del altiplano potosino, así como diputados locales, funcionarios estatales y federales, participaron en el Foro de Expresión “Por la Legitimidad de Nuestros Derechos”.
En dicho encuentro, se habló de la pérdida de empleos, debido a las restricciones generadas en la zona, luego de que en 2012 se declararan 191 hectáreas como área natural protegida, entre las que se encuentra Wirikuta.
Los municipios que están involucrados en el proyecto del área natural protegida son Real de Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de La Paz.
Los municipios se han visto afectados en su actividad económica, ya que se establecieron una serie de restricciones que obligarían a la cancelación de diversos proyectos en la zona.
El alcalde de Real de Catorce, Héctor Moreno Arriaga, indicó que el objetivo de este foro, es que puedan ser escuchadas todas las voces de los involucrados en el tema, como es el de los representantes de los municipios potosinos, los que aseguró, se ven afectados por el decreto que emitió el entonces gobierno de Felipe Calderón.
En tanto, el edil de Matehuala, Héctor Fermín Ávila Lucero, dijo que esta reunión fue convocada debido a que las restricciones afectan a diversas comunidades de su municipio, entre ellas, Tanque Colorado, La Joya, El Herrero, entre otras, que sumadas representan 190 mil hectáreas.
En ese decreto se establece que solamente se explotaría en el terreno agrícola, industrial y minero, lo cual perjudica a cientos de familias de áreas rurales.
Mientras que, el legislador Juan Manuel Segovia, representante del Altiplano Potosino, dijo que hay diferentes sectores de la población afectados, campesinos y gente, que dependen de la actividad minera, que se queja de que, pese a tener su tierra para la siembra ahora no podrá hacerlo.
Además de que se perderán empleos por la cancelación de la actividad minera y de invernaderos.
Respecto al foro, el titular de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén, dijo que fueron invitados para escuchar las distintas opiniones, aunque explicó que la declaratoria se trata de un decreto presidencial sobre un área natural protegida, que se encuentra estancado y que seguramente deberá ser resuelto en los tribunales.
Al evento asistieron además de diputados tanto locales como federales, alcaldes de los siete municipios, la delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ivette Salazar y funcionarios del gobierno federal.
También estuvieron diversas organizaciones en materia ambiental, campesinos, ejidatarios, empresarios de la zona y habitantes de la Zona Altiplano.
