Dos personas murieron al caer a un socavón que se abrió en la carretera Paso Exprés –en la autopista México-Cuernavaca–, una obra pública que presentó retraso de cuatro meses y que costó el doble del precio acordado. La ASF le detectó, en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades por cerca de 300 millones de pesos.

No es el único proyecto carretero bajo la lupa del órgano fiscalizador. En su reporte parcial de la Cuenta Pública 2016 halló casos similares de ajustes por incumplimiento en el tiempo determinado y en el costo final en tres obras que en total suman irregularidades por más de 55 millones de pesos: Acayucan-La Ventosa en Oaxaca, la modernización de Paseo de la República en Querétaro y el Viaducto Conexión Interlomas-Carretera Naucalpan-Toluca.

El think thank México Evalúa determinó en un estudio reciente que la construcción de obra pública es “altamente proclive a la corrupción” y, dados los altos montos de los contratos así como la complejidad técnica, se dificulta el monitoreo y seguimiento de los mismos, “lo cual facilita ocultar o inflar los costos reales de las obras”. Eso implica costos económicos y, añadió, pone en riesgo vidas humanas. Como ya sucedió.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– “Si con auditorías se detecta que hubo en algún momento una falla, omisión o no hubo suficiente diligencia o eficiencia, se tendrá que actuar en consecuencia”, aseguró el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza tras el accidente por un socavón en Paso Exprés Cuernavaca que causó la muerte de un padre y su hijo.

De comprobarse lo anterior, probablemente no sería el único caso: en las revisiones de tres proyectos carreteros en Oaxaca, Querétaro y el Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el uso de recursos federales por un monto de 55 millones 665 mil 771 pesos, de acuerdo con lo que reportó en su adelanto de la inspección de la Cuenta Pública 2016.

En el proyecto carretero Acayucan-La Ventosa en Oaxaca, el órgano fiscalizador solicita aclarar el uso de 12 millones 183 mil 671 pesos. En el proyecto de ampliación y modernización del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende del kilómetro 15 al 28, en Querétaro, la Auditoría concluyó que “la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Querétaro no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia” al detectar irregularidades por 20 millones 346 mil 900 pesos.

Además, en el Viaducto Conexión Interlomas-Carretera Naucalpan-Toluca se determinó que existen 23 millones 135 mil 200 pesos por aclarar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, a cargo de Alejandro Lambretón Narro.

“El sector de la construcción es altamente proclive a la corrupción, lo cual afecta el ciclo de vida entero de los proyectos incluyendo la planeación, presupuestación, contratación, ejecución y finalmente su rentabilidad y utilidad. Los elevados montos de los contratos y el alto grado de dificultad técnica que implican los proyectos vuelven complejo el monitoreo y seguimiento de los mismos, lo cual facilita ocultar o inflar los costos reales de las obras”, determinó México Evalúa en su estudio MeTrOP: Antídoto vs la corrupción, publicado recientemente.

Cuando los proyectos de obra pública “no son manejados adecuadamente”, provocan tres principales consecuencias: obras públicas innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o baja rentabilidad económica que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de interés; obras a precios excesivamente elevados; y edificaciones de mala calidad que comprometen su potencial impacto positivo en la productividad de la economía y en el desarrollo social, además de que pueden poner en riesgo la vida humana, expuso la organización civil.

En 2012, la Auditoría Superior de la Federación analizó la ejecución de 80 proyectos realizados entre 1999 y 2010. Concluyó que todos habían tenido “ajustes sustantivos” durante su ejecución, tanto en monto de recursos como en tiempos. En promedio, las obras aumentaron de precio en 36.3 por ciento y se tardaron 126 por ciento más de lo programado para concluirse.

La ASF reportó, en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades por alrededor de 300 millones de pesos en el Paso Exprés. Para esta obra existía la posibilidad de que la SCT recuperara 270.5 millones de pesos y debía aclarar en que usó otros 31.8 millones de pesos. 

La obra consistió en la ampliación de 21 a 36 metros de ancho en 14.5 kilómetros para albergar 10 carriles. Se cambió de asfalto a concreto hidráulico, material que garantizaba “una durabilidad de más de 40 años”, en palabras de la Secretaría de Comunicación y Transportes.

La inauguración se retrasó cuatro meses y el precio se duplicó al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, Matías Quiroz, secretario de Gobierno de Morelos, dio a concoer que el Paso Exprés de Cuernavaca aún no es entregada a las autoridades estatales debido a que el proyecto no se ha concluido.

“Fue inaugurada hace 100 días, pero no ha sido entregada al obra al gobierno del estado, de hecho la obra continuaba en sus procesos de atención”, sostuvo en entrevista con Radio Formula.

Peña y compañía presumen el paso Exprés el pasado 5 de abril. Foto: Cuartoscuro

IRREGULARIDADES MÁS RECIENTES

En el proyecto carretero Acayucan-La Ventosa en Oaxaca, contenido en el informe 2016, se detectó un pago mayor al acordado, así como un retraso. La obra consiste en modernizar y ampliar de 10 a 12 metros de ancho de corona el cuerpo actual en más de 100 kilómetros mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obra complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento.

Al cierre de 2015, el costo total ejercido en el proyecto ascendió a mil 161 millones 244 mil 700 pesos. Pero en mayo de 2017, de los 182 kilómetros en desarrollo se tienen modernizados 59.7 km, en proceso 14.7 km y faltan por ejecutar 26.6 km, debido a la problemática social que prevalece en la zona, reportó la Auditoría.

Ante ello, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclarar y proporcionar la documentación adicional comprobatoria de 2 millones 667 mil 412 pesos, “debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por el Centro SCT Oaxaca”.

Además, solicitó a la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza dejar en claro y documentar 9 millones 516 mil 259 pesos. De ellos, se derivan 8 millones 188 mil 731 pesos del anticipo pendiente de saldar y un millón 327 mil 527 pesos por haberse omitido la aplicación de la pena convencional a que se hizo acreedor el contratista “por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado”.

La Auditoría Superior de la Federación también encontró incumplimientos normativos en  la ampliación y modernización del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende del kilómetro 15 al 28 en Querétaro.

El proyecto consistió en trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. Incluye la construcción de un entronque a desnivel y seis pasos superiores vehiculares.

No obstante, entre los aspectos observados al revisar siete contratos y emitir 14 solicitudes de aclaración, el órgano fiscalizador destacó: obra pagada no ejecutada en el suministro y fabricación de estructura metálica, aplicación de pintura de esmalte, montaje de estructura metálica, suministro y colocación de sistema de entrepiso, y transporte de la estructura por 8 millones 510 mil 800 pesos.

También hubo una diferencia de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en los cementos asfálticos por 2 millones 247 mil 200 pesos; un anticipo por amortizar de 2 millones 438 mil 600 pesos; una incorrecta integración de precios extraordinarios por 404 mil 300 pesos; pagos de 5 millones 728 mil 300 pesos sin contar con las pruebas de índice de perfil en la carpeta de concreto asfáltico y, finalmente, pagos duplicados de la renta de puente peatonal provisional por un millón 017 mil 700 pesos. Da un total de 20 millones 346 mil 900 pesos.

En el Estado de México, el viaducto ubicado en Huixquilucan fue objeto de solicitud de aclaración. Tras ello, se recuperaron 10 millones 731 mil 500 pesos. Pero existen 23 millones 135 mil 200 pesos de pesos por aclarar.

En el dictamen la Auditoría expuso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

PRECONTRATACIÓN… Y POSTCONTRATACIÓN

El equipo de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa desarrolló la herramienta Métrica de Transparencia de la Obra Pública. Para ello se identificaron 64 documentos clave en las distintas fases del ciclo de vida de la obra pública (la precontratración, la contratación y la postcontratación). Se tomó una muestra de proyectos con valor mayor a los 100 millones de pesos en un periodo determinado y se evaluó si estos documentos estaban disponibles, si fueron generados con estándares de buenas prácticas internacionales y si eran accesibles.

La precontratación es la fase de la inversión pública en la que se prepara el proyecto de obra. Abarca la identificación y caracterización de necesidades y de problemas por resolver con infraestructura, la evaluación de alternativas para atenderlas, la valoración específica de un proyecto (por medio de su factibilidad económica, técnica, legal y ambiental), la presupuestación, así como el diseño de los requisitos y procesos para la contratación de la obra pública.

México Evalúa destacó que en esta parte del proceso no existen diagnósticos independientes sobre los problemas existentes en materia de infraestructura, pues no son validados por un cuerpo autónomo de carácter técnico. También está el riesgo de que “consultores amistosos” avalen proyectos mal planeados o que atiendan necesidades ficticias, lo cual puede derivar en obras públicas que constituyan un desperdicio de recursos.

La contratación es la fase desde que se invita a los contratistas a participar en un procedimiento hasta la entrada en vigor del contrato y en su caso el proceso de impugnación. Pero, expuso la organización civil, hay opacidad en las adjudicaciones directas; no todos los fallos se publican como lo indica la regulación, pese a indicar la justificación por la que se obtuvo el contrato.

La postcontratación es la ejecución del contrato, y la operación de la obra, incluyendo la supervisión, auditoría y evaluación de la misma. No obstante, no hay buenos mecanismos de seguimiento para los ciudadanos durante la ejecución de los contratos, por lo que se mantiene en la opacidad cuál es el rendimiento real de las obras que se construyen.

A nivel internacional, la contratación pública es uno de los procesos más vulnerables al fraude, a los sobornos y a la corrupción. De acuerdo con una encuesta del Foro Económico Mundial, los sobornos conocidos como “moches” suelen ser más frecuentes en la contratación pública que en los servicios públicos básicos, los impuestos y el sistema judicial.

Para contener la corrupción en la obra pública es indispensable proveer a las instituciones gubernamentales de mecanismos que promuevan su buena gobernanza, entendida como un conjunto de procedimientos de operación que permiten que las instituciones se orienten a cumplir los objetivos para los que fueron diseñadas. La corrupción es posible gracias a la opacidad y discrecionalidad. La corrupción tiende a reducirse cuando se disminuyen las oportunidades de que suceda, concluyó México Evalúa.